Intel dijo a sus empleados en un memorando interno que, a partir del 4 de enero, exigirá que los empleados estén completamente vacunados contra COVID-19 o que reciban una exención médica o religiosa, ya que la empresa está cumpliendo con la orden para contratista federal de la administración Biden, según informaron varios medios de comunicación.
El mensaje para el personal del fabricante de chips—el mayor empleador de Oregón—fue citado por Willamette Week y The Oregonian, y los medios informaron que el memorando indica que la empresa está imponiendo la orden de acuerdo con una orden federal de vacunación para los contratistas del gobierno, entre los que se encuentra Intel.
Intel no respondió de inmediato a una solicitud de The Epoch Times para confirmar la política de vacunación. Sin embargo, la portavoz de Intel, Chelsea Hughes, dijo a Willamette Week el 11 de noviembre que la decisión de la compañía de continuar con su nuevo requisito se basó en la orden para los contratistas federales de la administración Biden.
«Como lo ha hecho durante la pandemia, Intel seguirá cumpliendo con todos los requisitos gubernamentales en los países en los cuales opera», dijo Hughes al medio.
El presidente Joe Biden anunció el 9 de septiembre las ordenes de vacunación para los trabajadores federales, para los contratistas federales y para la mayoría del personal de atención médica. Esa orden es diferente de un requisito de vacunación aparte para las empresas con 100 o más empleados, ya que la orden de los empleadores privados tiene la opción de excluir a través de pruebas, mientras que la disposición de los contratistas federales permite opciones de exclusión solo sobre la base de una exención médica o religiosa.
El memorando de Intel indica que la nueva política se aplica a todo el personal con sede en EE. UU. y a los empleados internacionales en viajes de trabajo a Estados Unidos.
“Esta guía se aplica a todos los trabajadores de Intel de EE. UU., independientemente de si están trabajando en las instalaciones o en casa”, decía el correo electrónico, según Willamette Week. «También se aplica a todos los empleados que viajan por trabajo a EE. UU. Se aplica independientemente de la cantidad de tiempo que esté trabajando en una instalación de Intel».
Según The Oregonian, el memorando dice que Intel todavía está elaborando un proceso para las exenciones religiosas y médicas y que “proporcionará pruebas gratuitas y convenientes para los empleados que no hayan presentado prueba de vacunación” antes de la fecha límite del 4 de enero. Intel también dijo en el memorando que ha pedido a la administración Biden que prorrogue el plazo para el primer trimestre de 2022.
El memo también indica que Intel introducirá nuevos «incentivos y sorteos relacionados a las vacunas» para promover la aceptación de las vacunas entre el personal, y que continuará con sus «incentivos de agradecimiento» a los empleados que reciban la vacuna antes de fin de año.
En agosto, Intel dijo que no exigía a los empleados que se vacunaran, pero que recomendaba que lo hicieran, mientras ofrecía bonos en efectivo y cupones por valor de hasta 350 dólares a los que sí lo hacían.
«Soy un hombre de datos, y los datos muestran que la vacunación es un elemento fundamental para poner fin a esta pandemia», escribió el director ejecutivo Pat Gelsinger a los empleados en un memorando, según The Oregonian.
Gelsinger agregó en el memorando que, a partir del 1 de octubre, el personal de Intel tendría que vacunarse para ser elegible para viajes de negocios y para asistir a eventos externos, tales como conferencias.
Se han presentado diversas demandas contra la administración Biden por las ordenes de vacunación para empleadores privados y contratistas federales. Una coalición de grupos empresariales—incluidas los actores clave de la cadena de suministros que representan a sectores como el de los servicios alimenticios, el transporte por carretera y almacenamiento—han pedido a Biden flexibilidad en las ordenes o el riesgo de exacerbar la crisis de la cadena de suministro.
Una corte federal de Luisiana ha bloqueado la orden comercial privada de la administración Biden, que fue promulgada como Estándar Temporal de Emergencia (ETS, por sus siglas en inglés) por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo. La corte citó “graves cuestiones estatutarias y constitucionales” y suspendió temporalmente la disposición de la OSHA hasta que se puedan escuchar los argumentos legales en el caso.
Los funcionarios de la administración han dicho que confían en que la disposición de la OSHA resistirá la avalancha de impugnaciones legales y han presentado una apelación pidiendo a una corte federal que levante la resolución que bloquea la orden.
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