Más de 30 intelectuales cubanos exigieron este lunes la liberación de los presos por las protestas contra el régimen del 11 de julio y llamaron al resto de académicos y artistas, «sin dispensas ideológicas», a sumarse a su demanda.
Así se expresan en una carta abierta titulada «Manifiesto contra el silencio, por la justicia», nombres reconocidos de las artes y ciencias cubanas tanto dentro como fuera del país.
Entre los firmantes se encuentran Tania Bruguera, Pedro Monreal, Fernando Pérez Valdés, Mauricio de Miranda, Alex Fleites, Armando Chaguaceda, Carolina Barrero, Carmelo Mesa-Lago, Omar Everleny Pérez Villanueva y Sandra Ceballos.
«Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik», escriben dirigiéndose a los intelectuales que han defendido o no criticado la actuación del Estado cubano.
«Las posturas de disimulo, silencio o complacencia (…), en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia», afirman.
Plantean que tras una excarcelación general se debata cómo delimitar de forma proporcional y apegada al derecho las responsabilidades por la violencia que se registró el 11 de julio, pero con una máxima: «El derecho no puede subordinar a la justicia».
Consideran asimismo que «es un deber humanista» el «acompañar a las víctimas de la violencia de Estado» porque consideran que las protestas del 11 de julio fueron «un estallido social expresado mediante la desobediencia civil».
Estas protestas se debieron, a su juicio, a «la mala gestión gubernamental de la economía» y los «modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba».
«Llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son -o pueden ser- nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos», agregan.
Los intelectuales consideran que el régimen cubano ha respondido a las protestas con «una violencia política y jurídica desproporcionada», que rebasa «con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia» de «algunos ciudadanos».
Denuncian «el uso desmedido de la violencia» por parte del régimen en las manifestaciones, que dicen que provocó al menos la muerte de un manifestante, y a la que siguieron «allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes» y la «detención de más de 1.000 ciudadanos».
Condenaron además los procesos judiciales «a más de 500 ciudadanos» en los que se han dictado «penas ejemplarizantes» de hasta 30 años, «escarnios públicos» a juicio de estos intelectuales que ven «desproporción en las condenas, vulneraciones en los estándares procesales» y una «exhibición ejemplarizante» de los procesos en los medios oficiales.
«Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos», por lo que exigen que los implicados en excesos en las manifestaciones «sean ciudadanos o agentes estatales», sean «procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente».
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