La inteligencia brasileña habría alertado al gobierno de Lula sobre un posible ataque contra los edificios públicos un día antes de los disturbios en la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública fue alertado el 7 de enero por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) sobre un posible ataque a los edificios gubernamentales, según denunció el senador Marcos do Val.
La agencia notificó a los miembros del Sistema Brasileño de Inteligencia (SISBIN), integrado por 48 organismos en 16 ministerios distintos.
«Según la ANTT [Agencia Nacional de Transporte Terrestre], hubo un aumento en el número de fletes de autobuses para Brasilia para este fin de semana. Hay un total de 105 autobuses, con cerca de 3900 pasajeros», decía el documento emitido por la ABIN el 7 de enero, según el medio local Folha de S. Paulo.
“Existen llamados a acciones violentas y tentativas de ocupación de edificios públicos, principalmente en la Explanada de los Ministerios”, añade.
Ante esto, el senador do Val, del partido Podemos y miembro titular de la Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia del Congreso, envió un oficio el lunes dirigido al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, solicitando explicaciones sobre su rol ante dichas advertencias.
Do Val también cuestionó al ministro cuáles fueron las acciones que llevaron a cabo tanto el Ministerio de Justicia como Defensa, y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para “prevenir y contener las mencionadas ‘acciones violentas e intentos de ocupación de edificios públicos’”.
El diputado federal, Gral. Girão Monteiro, también envió un oficio dirigido al ministro Dino exigiendo aclaraciones y respuestas “sobre estas ‘alertas’ recibidas anteriormente”.
“¿Quiere decir que el Ministro Dino sabía lo que podía pasar? ¿Avisó a su presidente? ¿Y ambos no hicieron nada? ¿Qué medidas se adoptaron?. ¿Qué órganos se activaron para tratar de impedir las acciones?”, cuestionó.
Girão fue más allá y cuestionó las acciones que se emplearon para lograr identificar a las 1200 personas que actualmente se encuentran detenidas “en un polideportivo en condiciones infrahumanas y qué artículos del [Código Penal] se les imputan”.
En medio de estos cuestionamientos por la inacción del gobierno de Lula, algunos han planteando que esta sería una estrategia para posteriormente acusar a manifestantes bolsonaristas y perseguirlos.
El eurodiputado español Hermann Tertsch dijo que la pasividad de Lula “solo pudo ser interesada”.
“Se multiplican los indicios de que el gobierno de Lula estaba informado de que el domingo unos grupos anti Lula iban a generar incidentes. Y que permitieron que se generarán las imágenes que necesitaban para justificar la represión”, escribió en Twitter. “Hubo pasividad y elementos provocadores”.
Mientras tanto, el Congreso de Brasil aprobó este martes el decreto de Lula para realizar una intervención federal en el distrito de la capital. La medida otorgará poderes al gobierno de Lula para asumir competencias de seguridad en la sede de los tres poderes del estado.
El decreto también fue rechazado por diputados y senadores y la calificaron de “intervención”.
La diputada Bia Kisis (PL), quien votó en contra del decreto, dijo que la medida excepcional “solo se justifica cuando su causa se prolonga en el tiempo, lo cual no sucede ahora”.
“Además, la acusación que le hacen al gobierno del DF también pesa sobre el Ministro de Justicia que fracasó con la Fuerza Nacional”.
Esto ocurre mientras el gobierno federal de ha venido tomado medidas enérgicas contra los manifestantes pro Bolsonaro y líderes de las protestas, quienes afirman que parte de la violencia fue fomentada por personas infiltradas de grupos de izquierda.
Con información de Marcos Schotgues.
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