Los senadores demócratas están tratando de codificar el último plan federal de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden para evitar que pueda ser anulado bajo futuras administraciones.
El programa del presidente Biden, denominado SAVE, ha acogido a más de 7.7 millones de personas desde su lanzamiento en agosto. Al igual que la opción de reembolso en función de los ingresos (IDR) a la que sustituye, SAVE puede ofrecer un pago mensual asequible en función de los ingresos y el tamaño de la familia antes de la eventual condonación del saldo restante.
Entre los inscritos figuran 4.5 millones de prestatarios cuya factura mensual se redujo a cero dólares, además de unos 150,000 prestatarios que han visto eliminada toda su deuda.
De cara a las elecciones de 2024, los demócratas están haciendo un esfuerzo para proteger SAVE de un posible retroceso por parte de futuras administraciones.
En diciembre, el representante Dan Goldman (D-NY) presentó la Ley de Codificación del Plan SAVE, un proyecto de ley de una página que haría exactamente lo que su nombre indica. La propuesta cuenta ahora con un proyecto de ley complementario en el Senado, patrocinado por un grupo de 14 senadores demócratas.
«El plan SAVE es el plan de reembolso de préstamos estudiantiles más asequible de la historia y un salvavidas para millones de prestatarios, que les permite vivir sin la carga de pagos mensuales exorbitantes sobre sus cabezas», dijo la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, en una declaración el martes. «La Ley de Codificación del Plan SAVE aseguraría que el Plan SAVE permanezca en vigor y salvaguarde un camino muy necesario para la condonación federal de préstamos estudiantiles».
La iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de los sindicatos de profesores más poderosos del país, la Federación Estadounidense de Profesores (AFT) y la Asociación Nacional de Educación (NEA).
«Este proyecto de ley cuenta con el pleno apoyo de la AFT», declaró Randi Weingarten, presidenta de la AFT. «Crearía las opciones de reembolso más asequibles de la historia y haría que un título universitario fuera más accesible, asequible y alcanzable, y no una carga que hace la vida más difícil».
La Asociación Nacional de Educación (NEA) también emitió un comunicado de apoyo al proyecto de ley.
«La NEA se enorgullece de apoyar la Ley de Codificación del Plan SAVE para garantizar que este plan esté protegido y disponible para todos los estudiantes», dijo Marc Egan, director de relaciones gubernamentales de la NEA.
Es probable que el proyecto de ley se apruebe en la cámara alta, donde los demócratas tienen una mayoría de 51-49, pero su destino en la cámara baja sigue sin estar claro.
La representante Virginia Foxx (R-N.C.), presidenta del Comité de Educación de la Cámara de Representantes, es una de las más críticas con SAVE, iniciativa que ella denunció como un «plan desesperado» para ganarse el favor y comprar votos de cara a las próximas elecciones.
«No se dejen engañar por la supuesta agenda universitaria gratuita de esta administración», dijo la Sra. Foxx en febrero. «Significa menos dinero en los bolsillos de los contribuyentes trabajadores, más deuda y un declive continuo de un sistema de préstamos estudiantiles que ya está fallando».
SAVE se enfrenta a obstáculos legales
Descrito por el secretario de Educación de EE. UU., Miguel Cardona, como el plan de reembolso más generoso jamás ofrecido, SAVE se ha enfrentado a desafíos desde su debut. Sus detractores sostienen que no es más que otra extralimitación del Gobierno de Biden en la aplicación de cancelaciones a gran escala de préstamos estudiantiles, después de que la Corte Suprema de EE. UU. rechazara el primer intento.
La semana pasada, una coalición de 11 estados liderada por republicanos presentó una demanda contra la administración Biden, solicitando una medida cautelar para bloquear SAVE.
Los republicanos, encabezados por el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, argumentaron que SAVE es demasiado similar al plan original que la Corte Suprema declaró ilegal en 2023. En una decisión de 6-2, el alto tribunal dictaminó que el presidente Biden se había extralimitado en sus funciones al tratar de utilizar la emergencia de salud pública contra COVID-19 como excusa para promulgar un plan que costaría al país USD 400,000 millones de dólares en 30 años.
«De manera completamente descarada, el presidente siguió adelante e implementó otra versión del programa de condonación de préstamos estudiantiles», dijo el Sr. Kobach.
«El presidente Biden está desafiando la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, a la vez que está arrebatando el poder al Congreso», añadió el fiscal general.
«Afortunadamente, en Estados Unidos vivimos en una república constitucional y los tribunales pueden anular un acto ejecutivo, ilegal o inconstitucional. Eso es lo que pedimos a la corte que haga en este caso, y esperamos ver a los abogados del presidente ante la corte».
El Departamento de Educación declinó hacer comentarios sobre la demanda.
Dependiendo del resultado de esta batalla legal, los prestatarios ya inscritos en SAVE podrían verse afectados.
Es posible que un juez desestime por completo la impugnación y dictamine que el plan SAVE se construyó sobre una base jurídica diferente a la del plan original de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles del presidente.
Si el juez falla a favor de los impugnadores, el programa podría quedar bloqueado para los nuevos solicitantes y los inscritos actuales podrían acogerse a él, aunque también es posible que se anule todo el programa SAVE y se devuelva a los prestatarios a REPAYE, un plan de reembolso en función de los ingresos (IDR) anterior, al que SAVE había sustituido.
En este último caso, millones de prestatarios tendrían que pagar una factura mensual más elevada, ya que REPAYE era menos generoso que SAVE.
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