El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, se enfrentó en el Capitolio, el 14 de marzo, a críticas bipartidistas por la gestión del departamento a su cargo, en la reubicación de niños inmigrantes ilegales.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del HHS, es responsable de la reubicación de los menores inmigrantes ilegales no acompañados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.
El programa ha sido objeto de críticas en los últimos meses a raíz de los informes de que muchos de esos niños son colocados en condiciones de abuso, explotación u otros peligros, y con escaso seguimiento por parte del HHS.
«Nosotros seguimos escuchando informes que sugieren la existencia de esquemas de tráfico que se aprovechan de estas personas vulnerables, alegaciones de coacción, trabajo forzado», dijo al secretario la senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.) en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado.
Citando un informe reciente de la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, la senadora señaló que una auditoría reveló que la ORR no había realizado a tiempo las llamadas de seguimiento de seguridad y bienestar para el 22% de los niños que había reasentado, y en el 18% de los casos, esas llamadas —si es que se produjeron— no están documentadas.
La investigación también descubrió que en el 16% de los casos, la ORR no documentó las comprobaciones de seguridad requeridas sobre los patrocinadores, incluida la comprobación de si tenían antecedentes penales o eran delincuentes sexuales registrados. Además, en el 35% de los expedientes de los niños, las identificaciones presentadas por los patrocinadores tenían «problemas de legibilidad».
La Sra. Blackburn indicó que había escrito al Sr. Becerra dos veces para preguntar sobre esos asuntos, solo para recibir «ninguna respuesta» de su personal. «Sr. Secretario, esto me lleva a creer que le importa un bledo lo que está sucediendo a estos niños vulnerables», dijo la legisladora.
La senadora preguntó al Sr. Becerra si podía afirmar con certeza que su departamento conocía la identidad de los patrocinadores de los niños donde ellos se estaban trasladando.
El secretario respondió que ningún niño bajo custodia del HHS es entregado a un patrocinador sin que este «haya pasado por una investigación completa», pero cuando se le preguntó si el HHS tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento después de que los niños son entregados, dijo que su personal «hace esfuerzos» para hacerlo, pero que están limitados por sus capacidades en virtud de la ley.
La Sra. Blackburn no estuvo de acuerdo. Por ley, señaló, ORR está obligado a realizar un seguimiento 30 días después de colocar a un niño con un patrocinador.
«Sr. Secretario, la Directora [Robin Dunn] Marcos está fallando en esto», dijo la senadora. «Sabemos que hay 85,000 niños que ustedes no pueden encontrar, y ustedes dudaron en avanzar en darnos la información».
El Sr. Becerra no estuvo de acuerdo con la caracterización de la senadora Blackburn sobre las autoridades legales del ORR, descritas como algo «espantoso».
«Es lamentable que desee caracterizar erróneamente el trabajo que estamos haciendo», dijo el secretario. «Hacemos todo lo que podemos con la autoridad que nos da para proporcionar la atención que estos niños necesitan».
Cuestión bipartidista
La Sra. Blackburn no fue la única que criticó el reasentamiento de niños inmigrantes ilegales por parte de la administración Biden.
El senador Chuck Grassley (R-Iowa), por ejemplo, relató dificultades similares para obtener información de los contratistas del HHS y de los adjudicatarios de subvenciones sobre la seguridad de los niños.
Por su parte, el senador demócrata Bob Menéndez, demostró que el malestar por este asunto era bipartidista y calificó las preocupaciones sobre la investigación de antecedentes planteadas en el informe de la OIG como un «evidente punto ciego que debe abordarse».
«Nosotros estamos hablando potencialmente de miles de niños inmigrantes que son enviados a patrocinadores no verificados», dijo el Sr. Menéndez, preguntando al secretario qué medidas había tomado su agencia para abordar el problema.
El Sr. Becerra respondió que el informe mencionado se refería específicamente a incidentes ocurridos en la primavera de 2021. «Puedo asegurarle que lo que observó el inspector general entonces no es el caso hoy», dijo el secretario, añadiendo que la ORR ahora lleva a cabo evaluaciones «exhaustivas» de los posibles patrocinadores.
Pero esa garantía no satisfizo al senador republicano John Cornyn, cuyo estado natal, Texas, se ha visto desbordado por la oleada de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur.
«Ha habido unos 400,000 de estos niños no acompañados que llegaron a Estados Unidos durante el mandato del presidente Joe Biden. ¿Puede decirnos usted dónde están ahora?», preguntó el Sr. Cornyn al secretario.
Una vez más, el secretario afirmó que su departamento carece de jurisdicción para mantener la supervisión de los niños migrantes después de que hayan abandonado la custodia del HHS. Cuando se le preguntó de quién era la responsabilidad de garantizar la seguridad de esos niños, dijo que ese papel corresponde a «las comunidades donde residen».
El Sr. Cornyn, sin embargo, dijo que la responsabilidad recae en el HHS.
«En este momento, usted tiene un presupuesto de alrededor de 1.8 billones de dólares», dijo el senador, «por lo que usted tiene la responsabilidad de cuidar a estos niños, y usted simplemente los entrega a patrocinadores de hogares, que usted no sabe las condiciones en que están viviendo, usted no sabe si van a la escuela sin ser vendidos para sexo, o traficados, o forzados a trabajar. Usted no lo sabe».
Los datos del HHS muestran que más de 43,000 niños inmigrantes ilegales han sido entregados a patrocinadores en Estados Unidos desde octubre. Los tres principales estados donde han sido reasentados son Texas, Florida y California.
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