Las autoridades de 39 estados de EE.UU. anunciaron este martes una investigación contra el fabricante de cigarrillos electrónicos Juul por sus estrategias de marketing, incluidos supuestos anuncios engañosos y dirigidos a menores.
El movimiento está liderado por los fiscales generales de Connecticut, Florida, Nevada, Oregón y Texas, que advirtieron de que están preparados para tomar medidas contundentes si así lo requiere el resultado de las pesquisas.
En un comunicado, el fiscal general de Connecticut, William Tong, señaló que, entre otras cosas, se van a estudiar supuestos esfuerzos por parte de Juul para atraer a jóvenes a sus productos, así como ciertos mensajes publicitarios de la empresa sobre el contenido de nicotina de sus cigarrillos electrónicos y su efectividad como método para dejar el tabaco.
«Aprovecharse de niños y de aquellos que buscan ayuda para dejar de fumar es uno de los ejemplos más despreciables de poner en peligro vidas a cambio de beneficios», señaló en la nota el fiscal general de Nevada, Aaaron Ford.
Su homóloga de Oregón, Ellen Rosenblum, denunció que la «agresiva» publicidad de Juul ha contribuido «significativamente» a una crisis de salud pública.
«Tenemos una epidemia de vapeo entre menores, no solo en Florida, sino a nivel nacional», añadió la fiscal general de ese estado, Ashley Moody.
La investigación de estos 39 estados aumenta la presión sobre Juul, que ya es objeto de varias demandas por su papel en esta crisis y está en el punto de mira de las autoridades federales.
EE.UU. ya ha tomado ciertas medidas para tratar de frenar el uso de los cigarrillos electrónicos entre niños y jóvenes, entre ellas prohibir los cartuchos para vapeo con sabores a frutas y menta, y otras están en consideración.
En respuesta, Juul está desarrollando un nuevo cigarrillo electrónico que vendría equipado con un sistema de bloqueo que únicamente permitiría su utilización una vez que el usuario pruebe que tiene más de 21 años, informó The Wall Street Journal.
Según el diario, la empresa prevé presentar ese modelo a las autoridades federales para su aprobación.
En la iniciativa está participando el gigante del tabaco Altria, que controla un 35 % de la empresa, una participación por la que pagó 12.800 millones de dólares en diciembre de 2018.
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