La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, prometió hacer cumplir una ley que criminaliza a inmigrantes ilegales a los que se les ha negado la entrada a Estados Unidos, después de que el Departamento de Justicia (DOJ) amenazó con presentar una demanda para bloquearla.
Preparando el escenario para una posible batalla legal, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, declaró por separado que el estado del «Ojo de Lince» no “daría marcha atrás” ante lo que ella consideraba una amenaza.
Según la nueva ley, las autoridades tendrán el poder de arrestar a cualquier individuo en el estado si la persona tiene órdenes de deportación pendientes, fue expulsada previamente de los Estados Unidos o se le negó previamente la entrada a Iowa.
La gobernadora republicana, que firmó la nueva ley estatal el 10 de abril, dijo que el estado la aplicaría en julio.
“La única razón por la que tuvimos que aprobar esta ley es porque la Administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes que ya están vigentes”, dijo Reynolds en un comunicado que proporcionó su oficina a The Epoch Times el viernes.
Estos comentarios se hacen eco de lo que dijo la gobernadora cuando firmó el proyecto de ley acusando a la administración Biden de que sus políticas fronterizas ponen en riesgo la “seguridad de los habitantes de Iowa”. En circunstancias normales, el gobierno federal es responsable de hacer cumplir las leyes migratorias.
“Tengo el deber de proteger a los ciudadanos de Iowa. A diferencia del gobierno federal, respetaremos el estado de derecho y lo aplicaremos”, añadió Reynolds.
Carta del DOJ: Estados Unidos se compromete a «procesar a los no ciudadanos»
Los comentarios de la gobernadora surgen en respuesta a una carta reportada por primera vez por el Des Moines Register, enviada por el Fiscal General Adjunto Principal, Brian Boynton, afirmando que la SF 2340 “viola la Constitución de los Estados Unidos” y se invalida por la ley federal.
En la carta, obtenida por The Epoch Times, Boynton informa a Reynolds que el DOJ “tiene la intención de presentar una demanda para hacer cumplir la supremacía de la ley federal” y bloquear la nueva ley estatal.
«Estados Unidos tiene la intención de presentar una demanda para prohibir la aplicación de la SF 2340 a menos que Iowa acepte abstenerse de hacer cumplir la ley», escribió Boynton. Añadió que Estados Unidos está “comprometido con el procesamiento de los no ciudadanos” y que la ley estatal “es contraria a ese objetivo”.
Le ha dado al estado como fecha límite el 7 de mayo para suspender la aplicación de la ley antes de que el DOJ tome medidas.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
Iowa «no dará marcha atrás»: Fiscal General de Iowa
El fiscal general de Iowa expresó su oposición tras el informe y escribió en un comunicado en X que el estado del Ojo de Lince “no dará marcha atrás”.
“Biden no solo se ha negado a hacer cumplir las leyes federales de inmigración y asegurar nuestra frontera, sino que ahora amenaza con impedir que estados como IA hagan cumplir nuestras propias leyes”, escribió Bird.
Bird agregó: “Nuestro mensaje a Biden es este: [Iowa] no dará marcha atrás ni se quedará impasible mientras la seguridad de nuestro estado pende de un hilo. Si Biden se niega a detener la invasión fronteriza y mantener seguras a nuestras comunidades, [Iowa] hará el trabajo por él”.
Boynton invocó a la Corte Suprema al afirmar que los procesos de deportación son competencia federal ya que afectan a “las relaciones exteriores y deben realizarse con una sola voz”.
Escribió que la ley estatal “crea efectivamente un plan de inmigración estatal separado” y, al autorizar a los jueces estatales a ordenar la expulsión de inmigrantes ilegales, “se entromete en un campo que está ocupado por el gobierno federal y tiene prioridad”.
Boynton también afirmó que la ley viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y va en contra de “varias disposiciones de la ley federal que permiten a los no ciudadanos buscar protección contra la expulsión para evitar persecución o tortura”.
El gobernador de Iowa acusó a la administración Biden de negarse a deportar a personas que ingresaron ilegalmente al país.
En una declaración publicada cuando firmó la nueva ley, Reynolds dijo que daría a “las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que [el presidente Joe Biden] no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”.
Según la legislación, una vez que un sospechoso está bajo custodia, puede optar por abandonar el país por orden de un juez o enfrentar cargos adicionales. Sin embargo, la orden debe contener información sobre el método de transporte que el sospechoso puede utilizar para salir del país y la agencia policial responsable de garantizar que cumpla con la orden.
La legislación fue criticada por activistas a favor de los inmigrantes ilegales como un “truco ridículo” en un año electoral.
Activistas condenan la ley
El grupo de defensa Movimiento Migrante por la Justicia de Iowa (Iowa Migrant Movement for Justice) afirmó en un comunicado del 10 de abril en su página de Facebook que la ley “perpetuaría la retórica de campaña partidista, generaría miedo en las comunidades de inmigrantes y movilizaría a los votantes utilizando el miedo y el sentimiento antiinmigrante”.
«Las organizaciones de derechos de los inmigrantes están dispuestas a luchar y trabajar para impedir que esta ley inconstitucional entre en vigor», se lee en la declaración del grupo.
Mark Stringer, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Iowa, se refirió al proyecto de ley como “discriminatorio” e “inconstitucional”.
Con información de Stephen Katte.
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