Italia se convirtió el 31 de marzo en el primer país de la Unión Europea en obligar a sus trabajadores sanitarios a vacunarse contra el COVID-19, la enfermedad causada por el virus de la PCCh, en una medida que, según el gobierno, pretende proteger a sus pacientes vulnerables en los hospitales.
En un decreto aprobado por el gabinete del primer ministro Mario Draghi, todos los trabajadores sanitarios, incluidos los farmacéuticos, «están obligados a vacunarse», y quienes se nieguen a hacerlo podrían ser suspendidos sin sueldo durante el resto del año.
«El objetivo de la medida es proteger al máximo tanto al personal médico y paramédico como a aquellos que se encuentran en entornos que pueden estar más expuestos al riesgo de infección», señaló el Gobierno en un comunicado.
La medida también otorga protección legal a quienes administran las vacunas anti COVID-19, algo que médicos y enfermeras habían exigido después de que algunos doctores fueran investigados por homicidio involuntario tras la muerte de un hombre vacunado en Sicilia.
Esto se produce en medio de una serie de brotes del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) en los hospitales del país. Algunos creen que fueron acelerados por trabajadores sanitarios no vacunados.
El mes pasado, varios trabajadores sanitarios se infectaron en el hospital Sant’Orsola de Bolonia, y en febrero, dos empleados del hospital Santa Maria della Misericordia de Rovigo que se habían negado a vacunarse fueron sospechosos de contagiar la enfermedad a los pacientes.
Draghi dijo a los periodistas en una rueda de prensa el mes pasado que la medida protegería a las personas vulnerables en los hospitales.
«No está en absoluto bien que los trabajadores no vacunados estén en contacto con los enfermos», dijo Draghi, según New York Times.
Italia, cuya campaña de vacunación se vio obstaculizada por los retrasos en el suministro, que también afectó a otros países de la Unión Europea, se comprometió a alcanzar 500,000 inoculaciones diarias en abril, frente a las 230,000 actuales.
La agencia italiana de medicamentos aprobó tres vacunas contra el COVID-19: AstraZeneca, Pfizer y Moderna.
Desde fines de diciembre, en Italia se administraron unas 10 millones de dosis, y unos 3.1 millones de los 60 millones de habitantes recibieron las dos vacunas recomendadas.
Ningún otro país de la UE impuso la vacuna COVID-19 a sus trabajadores sanitarios, aunque Francia analizó la idea. Por su parte el Reino Unido estaría considerando la posibilidad de imponer la vacunación al personal de las residencias de ancianos.
Los profesionales de medicina que respondieron a un artículo de Medscape titulado «¿Debería ser obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para el personal sanitario?» ofrecieron diferentes puntos de vista sobre el asunto.
Antonio Pujol de Castro, presidente del Consejo Español de Estudiantes de Medicina (CEEM), sugirió que la gente puede empezar a «cuestionar» las vacunas si se hacen obligatorias.
«Nosotros, como personal sanitario, tenemos el privilegio de saber recabar información sobre temas de salud, y tomar nuestras propias decisiones clínicas. Como trabajadores de la salud debemos ser ejemplares y vacunarnos porque hay evidencia de sus beneficios para la población», escribió.
«Sin embargo, no somos solo trabajadores sanitarios. También somos individuos con nuestras propias creencias, preferencias y miedos. Creo que nosotros, como trabajadores sanitarios, deberíamos recomendar encarecidamente a nuestros colegas que se vacunen, darles información y hacerles sentir que para detener este virus tenemos que estar en el mismo barco, y hacerlo significa vacunar a todos, especialmente a los trabajadores sanitarios».
El Dr. Serban Comsa, residente en Rumania, añadió que «todas las terapias médicas deben respetar el principio del consentimiento al tratamiento».
El Dr. Mahazu Yisa, especializado en la gestión de enfermedades crónicas en Londres, dijo que cree que las vacunas contra el COVID-19 deberían ser obligatorias para los trabajadores sanitarios para «proteger al individuo, a sus colegas y a los pacientes».
«Las tres cosas son esenciales para la prestación de una asistencia sanitaria segura», escribió Yisa.
Por su parte, el Dr. Josh Torgovnick, neurólogo afincado en Nueva York, de 72 años, propuso que la obligatoriedad de la vacunación de los trabajadores sanitarios significaría que «nadie podría ser acusado de discriminación y el mundo sería un lugar más sano».
«Si usted puede prevenir una enfermedad potencialmente mortal y no lo hace, eso es similar a un asesinato», dijo Torgovnick.
El Dr. Rajiv Singh en cambio dijo que está «asombrado de la facilidad con que estamos deshaciendo las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional o de la salud de las enfermeras en los últimos 20 años».
«La historia de los últimos 500 años se basa en gran medida en la lucha por la libertad individual y por muy incómoda que sea, no podemos forzar la vacunación», escribió. «A los que dicen que pone en riesgo a otros, lamentablemente esto es cierto. Pero también lo hacen muchas personas como resultado de sus decisiones de salud y estilo de vida. No podemos imponer decisiones de salud».
Con información de Reuters.
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