Los fiscales junto al abogado especial Jack Smith se opusieron el 14 de agosto a una solicitud de los abogados del expresidente Donald Trump para establecer una instalación de información confidencial compartimentada (SCIF) que les permita a él y a su equipo legal discutir los documentos clasificados en el caso en su contra, argumentando que la medida equivaldría a un «tratamiento especial».
En una presentación judicial (pdf) dirigida a la jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, los fiscales con el Sr. Smith se opusieron a la solicitud del presidente Trump, alegando que el candidato presidencial republicano para las elecciones de 2024 buscaba «un tratamiento especial que ningún otro acusado penal recibiría y que no está respaldado por la ley o los precedentes».
Los fiscales afirmaron además que la solicitud del presidente Trump para el SCIF se basa en una «tergiversación» de los requisitos establecidos en la orden de protección propuesta y emitida la semana pasada por la jueza Tanya Chutkan.
Esa orden de protección establece que el presidente Trump y su equipo legal no pueden revelar «materiales sensibles», incluidas grabaciones, transcripciones e informes de entrevistas, a nadie que no forme parte de su defensa legal en el caso.
«La orden de protección propuesta requiere que cualquier discusión de información clasificada entre Trump y sus abogados tenga lugar en una instalación de información confidencial compartimentada (‘SCIF’); esto no requiere, como sostiene Trump, que todas las discusiones tengan lugar en el mismo SCIF donde se alojará el material de pruebas que esté clasificado», escribieron los fiscales y el Sr. Smith en su presentación judicial.
«Como tal, no hay necesidad de modificar la orden de protección propuesta sobre esa base, y mucho menos incluir en la orden la aprobación para ‘restablecer’ un área segura en una ubicación no identificada utilizada durante la presidencia de Trump, que probablemente sea una referencia a una de sus casas», continuaron. «Crear una ubicación segura en la residencia de Trump —que también es un club social— para que pueda discutir información clasificada, sería un alojamiento innecesario e injustificado que se desvía del curso normal de los casos que involucran el material de pruebas que esté clasificado».
«Trato especial»
En su respuesta, los fiscales además alegaron que la solicitud del presidente Trump equivalía a un «trato especial» porque estaba «pidiendo ser el único acusado en un caso relacionado con información clasificada (al menos que el Gobierno sepa) que pueda discutir información clasificada en una residencia privada».
Ellos también insistieron en que la ubicación de Mar-a-Lago no era adecuada para tal solicitud porque «es un club social» y afirmaron que el presidente Trump no había especificado qué medidas tomaría para asegurar el espacio en la residencia.
Los abogados del presidente Trump solicitaron a principios de este mes que se restableciera el SCIF en una «zona segura en una ubicación no identificada» utilizada anteriormente para revisar documentos clasificados durante su presidencia, para poder preparar una defensa adecuada en el caso contra él.
El restablecimiento de la ubicación segura, argumentaron sus abogados, permitiría a su cliente discutir de forma segura y protegida con este equipo legal, «de una manera que sea consistente con los protocolos de seguridad del gobierno» los documentos clasificados que los fiscales alegan que almacenó ilegalmente en su resort de Mar-a-Lago.
El presidente Trump fue imputado con 38 cargos de retención intencionada de información de defensa nacional, por obstrucción y por hacer declaraciones falsas.
El expresidente se declaró inocente en el caso.
«Inmensos obstáculos prácticos y logísticos»
Aunque la solicitud del equipo legal del presidente Trump no indicaba específicamente Mar-a-Lago como la ubicación preferida para el SCIF, sí hace referencia a una ubicación en el Distrito Sur de Florida que se utilizó durante el mandato del presidente Trump para revisar documentos altamente sensibles.
La solicitud también señaló que el presidente Trump y su equipo legal solo planean discutir «pero no revisar» la información clasificada que actualmente está bajo protección de seguridad total las 24 horas.
«Esta solicitud se basa en los inmensos obstáculos prácticos y logísticos y los costos que hacen que sea prácticamente imposible para el presidente Trump hacer viajes regulares a una instalación pública para discutir material de evidencia clasificado con el abogado, según sea necesario para llevar a cabo una defensa consistente con los derechos otorgados por la Constitución», escribieron los abogados del presidente Trump en su solicitud (pdf).
«Tanto el protocolo de seguridad requerido que rodea los viajes del presidente Trump como los desafíos que rodean el intenso enfoque de los medios y el público en este enjuiciamiento plantean un enorme obstáculo para nuestra capacidad de proporcionar asesoramiento al presidente Trump con respecto a asuntos clasificados, que son, sin duda, esenciales para este caso», agregaron los abogados.
«Nuestra alternativa propuesta es razonable y apropiada, dadas las circunstancias extraordinarias y sin precedentes de este caso», concluyeron los abogados del Sr. Trump.
El presidente Trump, que se enfrenta a crecientes desafíos legales, irá a juicio por el caso de los documentos clasificados en mayo de 2024.
El lunes, el candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024 también fue imputado por un gran jurado en el condado de Fulton, Georgia, en relación con supuestos esfuerzos para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado.
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