Dos analistas han señalado que el abogado especial Jack Smith podría estar en terreno legal inestable en su caso federal relacionado con las elecciones contra el expresidente Donald Trump.
Neama Rahmani, una ex fiscal federal, dijo que el cargo de Trump de obstrucción corrupta de un procedimiento oficial no ha sido «ampliamente litigado» en las últimas décadas, y agregó que podría llegar un fallo sobre si es apropiado en el caso del expresidente.
Múltiples acusados que fueron encausados en relación con la violación del Capitolio del 6 de enero de 2021 han «argumentado que el Congreso que certificó los votos electorales no era un ‘procedimiento oficial’ y los tribunales han rechazado universalmente ese argumento», dijo a Newsweek la semana pasada.
«La cuestión más importante es, ¿qué satisface el requisito de ‘corruptamente’? ¿Se trata de cualquier conducta delictiva, como entrar en el edificio del Capitolio o presentar electores falsos? ¿O la conducta corrupta tiene que estar relacionada con otros apartados del artículo 1512, que prohíbe destruir u ocultar pruebas?», preguntó.
Ella continuó: «Si la corrupción requiere conciencia de culpa, entonces Trump puede argumentar que realmente creía que la elección fue robada. De cualquier modo, es probable que esta cuestión acabe ante la Corte Suprema de Estados Unidos porque es un tema novedoso que afecta a cientos de acusados de delitos penales, incluido el expresidente.»
Roger Parloff, de Lawfare, escribió en un artículo reciente que el Departamento de Justicia (DOJ) obtuvo recientemente dos victorias «frágiles» en dos casos que involucran a acusados del 6 de enero, y Smith se ha «basado en [un] estatuto» que fue utilizado por otros fiscales para acusar al menos a 317 personas en el caso del 6 de enero.
«Smith se ha basado en ese estatuto y su equivalente de conspiración, 18 U.S.C. § 1512 (k), para dos de los cuatro cargos en su acusación contra el expresidente Donald Trump por supuestamente conspirar para derrocar las elecciones de 2020», escribió Parloff. «Esos cargos, cuya suficiencia legal Trump desafió en una moción para desestimar esta semana, son los más graves formulados contra Trump en ese caso, que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión».
Tres apelantes en un caso del 6 de enero están solicitando ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise un fallo reciente de la corte de apelaciones que favoreció al DOJ, señaló, pero dijo que los jueces de la corte de apelaciones de Washington D.C. «no pueden ponerse de acuerdo sobre sus aseveraciones, y sus aseveraciones determinan la viabilidad de un delito grave de 20 años por el que un expresidente y principal candidato presidencial ahora está acusado de violar.»
«Además, a nivel de las cortes de apelaciones, la aceptación por parte de los jueces de las interpretaciones del Departamento de Justicia de esa ley ha estado correlacionada al 100 por ciento con el partido político del juez designado», escribió. «Si esa tendencia continúa, y si cualquiera de los casos sube un peldaño más en la escalera de apelaciones, el departamento (y Smith) se enfrenta a perspectivas realmente sombrías».
Los comentarios se producen mientras el profesor de derecho constitucional Jonathan Turley advirtió que la orden de silencio dirigida al presidente Donald Trump es «inconstitucional» y dijo que un fallo de la corte de apelaciones para rescindir la orden la semana pasada fue un desarrollo «bastante significativo».
Hace varias semanas, la juez del Distrito de Columbia Tanya Chutkan impuso una orden de silencio sobre el expresidente en el caso relacionado con el 6 de enero, diciendo que el presidente Trump no puede hablar sobre posibles testigos, personal del tribunal o fiscales. Un tribunal de apelaciones en el distrito congeló la orden de la juez Chutkan a finales de la semana pasada, con argumentos orales fijados para el 20 de noviembre.
«Podrían haber dejado que continuara, que continuara mientras lo revisaban, pero decidieron tal vez en un exceso de precaución ordenar esta paralización hasta que puedan darle una revisión completa», dijo Turley, profesor de la Universidad George Washington, en Fox News el 3 de noviembre. «La razón por la que creo que esto podría ser bastante significativo es porque creo que la orden es inconstitucional».
Añadió que es «muy extraño» emitir la orden porque la misma corte «insistió en tener este juicio antes de las elecciones, como metiéndolo con calzador antes del Súper Martes», refiriéndose a la fecha clave de nominación presidencial del Partido Republicano.
«Y todo el mundo en estas elecciones va a estar hablando de estos casos», dijo el profesor de derecho, «excepto una persona bajo esta orden de silencio y es Donald Trump».
Con la orden, el expresidente «no puede criticar a los fiscales, no puede criticar a los testigos, y el abogado especial Jack Smith acaba de pedir que esta orden se amplíe de una manera igualmente inconstitucional, y eso ha suscitado las críticas incluso de la ACLU, que es un acérrimo crítico de Donald Trump, pero la ACLU ha dicho mira, esto es flagrantemente inconstitucional», dijo Turley, refiriéndose a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
El 3 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington escribió que suspendía la orden de la juez Chutkan para disponer de más tiempo para estudiar la petición del expresidente mientras continúa su apelación. Los tres jueces del tribunal de apelaciones fueron nombrados por presidentes demócratas, mientras que la juez Chutkan fue nombrada por el ex presidente Barack Obama.
La juez Chutkan había fallado en contra de los abogados del presidente Trump y argumentó que la orden de silencio no era ilegal porque el expresidente es un acusado penal. La orden de silencio se emitió a petición del equipo de fiscales del abogado especial Jack Smith, que alegó que las críticas del expresidente a los testigos, al juez, a los fiscales y al propio Washington amenazaban la integridad de su caso.
El equipo legal de Trump había argumentado que la orden le negaba el derecho a la libertad de expresión, especialmente mientras es el principal candidato del Partido Republicano a la presidencia.
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