La oficina del fiscal especial Jack Smith se opuso el 5 de febrero a una moción de una coalición de medios de comunicación locales y nacionales que pretendía intervenir en el caso de los documentos clasificados del expresidente Donald Trump en Florida.
Los fiscales argumentaron que la Coalición de la Prensa carecía de legitimación y que su solicitud de desclasificar ciertos registros judiciales, que podrían ser favorables a la defensa del expresidente, ya había sido abordada por una moción previa de la defensa.
Associated Press, The New York Times, NBC News y otros medios de comunicación, denominados Coalición de la Prensa en los documentos judiciales, solicitaron permiso a la corte para participar en el proceso judicial el 22 de enero.
La oficina del Sr. Smith, en su moción del 5 de febrero, se opuso formalmente a la petición de la Coalición de la Prensa de unirse al litigio, diciendo que no identificaban ningún derecho estatutario para intervenir en el caso.
El interés de la Coalición de la Prensa en el caso «es secundario al procedimiento principal», argumentaron los fiscales. Buscan transparencia y «acceso a la información».
«Pero ese interés no satisface la norma para la intervención permisiva. Y en cualquier caso, dicha intervención es innecesaria porque el tribunal ya está preparado para determinar, basándose en las alegaciones de las partes y en la legislación vigente, qué información debe permanecer clasificada», escribieron los fiscales (pdf).
El presidente Trump ya ha argumentado a favor de la apertura de los registros en su moción del 16 de enero (pdf), y la oficina del Sr. Smith ya ha respondido a esa moción, apoyando la apertura con restricciones.
En su moción del 18 de enero, los fiscales apoyaron la apertura de ciertos registros, siempre y cuando se mantuvieran las tachaduras. Propusieron suprimir los datos identificativos o cualquier información que constituya material de la Ley Jencks de cualquier «testigo potencial del gobierno» mencionado en la petición de la defensa.
La Coalición de la Prensa también solicitó que el tribunal llevara a cabo una «revisión independiente» de las redacciones propuestas para infundir confianza en el público con respecto a la administración de justicia.
Su presentación señaló específicamente que buscaban asegurar que la oficina del Sr. Smith «cumpliera con su carga de demostrar que sus tachaduras propuestas están estrechamente adaptadas para servir al interés legítimo del gobierno en la integridad del [caso] en curso y son la alternativa menos onerosa para clasificar todos [los registros] (pdf)».
Abordando este argumento, los fiscales escribieron que habían «dejado claro» en su respuesta a la moción del presidente Trump para obligar a la divulgación que «apoya plenamente la plena transparencia del registro en consonancia con la seguridad de los testigos, la seguridad nacional y la orden de protección de la Corte».
«Sin legitimación»
Los fiscales también acusaron a la Coalición de la Prensa de afirmar que está legitimada para intervenir en el litigio, citando «más de un año» de cobertura mediática de la saga legal, pero su moción «no aborda ni establece los elementos de la intervención. Ambos son necesarios».
Los fiscales argumentaron que no existe ninguna ley federal que otorgue a los medios de comunicación derechos incondicionales para intervenir. Además, no poseen un derecho no estatutario, ya que la Coalición de la Prensa no demostró que su intervención en el caso sea necesaria y que estén inadecuadamente representados por las partes, según la presentación.
Los fiscales argumentaron que la moción del presidente Trump del 16 de febrero para desclasificar los registros ya cubría la solicitud de desclasificación de la Coalición de la Prensa del 22 de febrero, lo que la convertía en irrelevante.
El objetivo declarado de la Coalición de la Prensa al intervenir es garantizar que la corte lleve a cabo una «revisión independiente» de las redacciones y retenciones propuestas por el gobierno. Pero las tachaduras y justificaciones propuestas por el gobierno, así como las posiciones de los acusados, ya están ante la corte», escribieron los fiscales.
«La intervención con el único propósito de animar al tribunal a seguir la ley no puede constituir un motivo para intervenir, ya que el interés de la Coalición de la Prensa ya está protegido por la revisión independiente pendiente de la corte», continuaron los fiscales.
Los fiscales señalaron que la Coalición de la Prensa argumentó que su moción debía ser aceptada como un escrito de amicus curiae (amigo del tribunal). Sin embargo, este tipo de escritos no son habituales en los tribunales de distrito y sólo deben aceptarse cuando son «útiles para el tribunal», según el escrito.
«Por estas razones, el tribunal debe denegar la petición de intervención de la Coalición de la Prensa, y el gobierno se remite al tribunal en cuanto a si desea permitir la presentación del escrito de la Coalición de la Prensa como amicus curiae», escribieron los fiscales.
«Oponerse a los intentos de denegar el acceso público»
La Coalición de la Prensa buscó la oportunidad de abogar ante la corte por la desclasificación de registros específicos que, según la defensa, contienen pruebas favorables al presidente Trump.
Afirmaron su derecho a acceder a los registros judiciales en el caso de alto perfil, argumentando a favor de la «apertura y oponiéndose a los intentos de negar el acceso público a los registros y procedimientos».
«Debido a que la Coalición de la Prensa está de acuerdo en que estos registros son presuntamente públicos y que el gobierno debe soportar una pesada carga para justificar su clasificación total o parcial, ahora interviene en apoyo de la desclasificación», dice la moción del 22 de enero.
La coalición de medios de comunicación pidió a la corte que proporcionara rápidamente acceso a todas las partes actualmente tachadas de la moción y las pruebas contenidas en la presentación que el gobierno «no tiene ninguna objeción para desclasificar». Los materiales de descubrimiento son materiales a los que la defensa tiene derecho a acceder para preparar su caso.
La disputa sobre estos documentos surgió el 16 de enero, cuando el equipo legal del presidente Trump presentó una moción para obligar a la oficina del fiscal especial a presentar materiales de descubrimiento. Argumentaron que los materiales, sujetos a redacción en virtud de la orden de protección de la corte, contenían pruebas favorables a la defensa.
Además, la defensa alegó que la información tachada revela un sesgo político y la motivación detrás de los procesos contra el expresidente.
En su presentación del 16 de enero, el equipo legal del presidente Trump sostuvo que no había «interés convincente» en poner tachaduras en los registros, señalando que los procedimientos legales son públicos y las presentaciones judiciales son «asuntos de registro público».
La defensa argumentó que las pruebas incluyen información con tachaduras que apoya sus acusaciones contra la oficina del fiscal especial. Han acusado al abogado especial de participar en «violaciones de descubrimiento» y tratar de «apartar la vista» de las pruebas en manos de otros funcionarios y agencias gubernamentales que podrían ser favorables para la defensa del presidente Trump.
La evidencia con tachaduras central para las mociones se origina en 22 publicaciones de la Ley de Libertad de Información. El equipo legal del presidente Trump argumenta que estas publicaciones demuestran una motivación política detrás de las acciones legales en su contra.
La defensa pidió a la corte que obligue a la oficina del Sr. Smith a entregar «pruebas exculpatorias y descubribles en manos de altos funcionarios de la Casa Blanca, el DOJ y el FBI que proporcionaron orientación y asistencia como esta misión sin ley».
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