El abogado especial Jack Smith dijo a la Corte Suprema de Estados Unidos el jueves que el expresidente Donald Trump está «equivocado» al pedir al alto tribunal que revise su caso en un calendario regular, en lugar de acelerado.
El Sr. Smith, que está procesando al presidente Trump en dos casos penales federales separados, instó a la Corte Suprema a revisar una defensa clave en uno de esos casos de forma acelerada el 11 de diciembre.
El presidente Trump se opuso a la solicitud el miércoles, argumentando que plantea cuestiones para la presidencia por primera vez en la historia de la nación, y que el caso debería ser más lento.
Los fiscales están de acuerdo —citando la misma razón para acelerar el caso.
«Los cargos son de la máxima gravedad. Este caso implica —por primera vez en la historia de nuestra nación— cargos penales contra un expresidente basados en sus acciones mientras ocupaba el cargo», afirman los fiscales en su respuesta. «Y no cualquier acción: presuntos actos para perpetuarse en el poder frustrando el proceso constitucionalmente prescrito para certificar al legítimo ganador de unas elecciones».
«La Nación tiene un interés apremiante» en sopesar la defensa de inmunidad que ha planteado el presidente Trump, argumentaron los fiscales, y cuanto antes mejor.
El cronograma impulsado por el abogado especial haría que la Corte Suprema revisara la defensa lo antes posible, lo que informaría cualquier decisión tomada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que también se emitiría lo antes posible, lo que luego potencialmente permitiría que los procedimientos continúen en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo suficientemente rápido como para que comience un juicio el 4 de marzo de 2024, o «en cualquier caso en su período actual».
El tribunal de apelaciones ya ha programado una audiencia para el 9 de enero de 2024, y señaló que el tribunal no tomaría ninguna otra medida hasta que la «Corte Suprema haya tomado una acción final» sobre la solicitud de revisión inmediata de los fiscales.
Defensa en entredicho
Los fiscales han pedido a la Corte Suprema que considere la cuestión de si un expresidente puede ser procesado por actos delictivos que cometió mientras estaba en el cargo.
Los abogados defensores argumentaron que la cuestión que se plantea es si un expresidente puede ser procesado por actos oficiales en el ejercicio de sus funciones.
Los fiscales y la defensa han señalado el mismo conjunto de hechos en los registros públicos, con un lado argumentando que eran ilegales y el otro argumentando que eran legales.
Pero el planteamiento de la cuestión ante la Corte Suprema tendrá importantes implicaciones para el intento del presidente Trump de desestimar el caso.
Después de que la jueza Tanya Chutkan rechazara una moción de desestimación basada en la inmunidad presidencial, el presidente Trump llevó el caso al tribunal de apelaciones, que ahora suspenderá el procedimiento hasta que la Corte Suprema tome una decisión.
La defensa de la inmunidad presidencial se basa en la «inmunidad absoluta» que la Corte Suprema estableció en 1982 en el caso Nixon contra Fitzgerald. En él se establecía la inmunidad frente a demandas civiles contra los presidentes, que se extendía al «perímetro exterior» de sus funciones.
No dice nada sobre la protección de los presidentes o expresidentes frente a procesos penales.
«Dada la categórica inmunidad que el demandado reclama sobre cada acto alegado en la acusación —todos los cuales, según él, entran en el perímetro exterior de sus funciones ‘oficiales’— la revisión de este Tribunal es esencial para permitir que este caso siga adelante», escribieron los fiscales. «Sólo este Tribunal puede dar la última palabra sobre su defensa de la inmunidad».
Revisión inmediata
La respuesta del presidente Trump el miércoles expuso extensos argumentos que replantean la pregunta en cuestión, pero los fiscales señalaron que había poco para refutar la solicitud de revisión por parte del alto tribunal.
«Esta Corte reserva el certiorari antes del juicio para casos excepcionalmente importantes», argumentaron los fiscales.
Argumentan que los acusados han «buscado un retraso extraordinario», incluyendo la petición de una fecha para el juicio en abril de 2026.
Por lo general, la fiscalía no dice que la fecha del juicio del 4 de marzo, tan repetida, es un día antes de que se celebren las primarias republicanas del Supermartes en todo el país, y el juicio se solaparía en gran medida con el programa de campaña del favorito del Partido Republicano.
Los abogados del presidente Trump en varios casos han sido más transparentes sobre su deseo de retrasar los procedimientos judiciales hasta después de las elecciones generales, apuntando directamente a su condición de probable candidato republicano. Sin embargo, en caso de que el presidente Trump gane la reelección, los abogados han sugerido que es poco probable que se presente a juicio.
Los fiscales señalan la voluntad del tribunal de apelación de proceder en un calendario acelerado como una prueba más de «la gran importancia de resolver esta apelación rápidamente».
Argumentan que sólo la Corte Suprema puede «dar una resolución definitiva» a la cuestión de la inmunidad que se debate y que debe hacerlo durante esta legislatura.
Esperar a que el proceso del tribunal de apelaciones siga su curso sólo acortaría el tiempo de que dispone la Corte Suprema para deliberar, si el alto tribunal está de acuerdo en que el caso debe resolverse en esta legislatura.
Incluso si el tribunal de apelaciones falla a favor de los fiscales en un calendario acelerado, todavía le da al presidente Trump 45 días para solicitar una nueva audiencia con el pleno y 90 días para solicitar la revisión, señalan.
Esta es una cuestión de separación de poderes, que la Corte Suprema ha revisado para otros casos de alto perfil en el pasado, agregaron los fiscales. «El mismo enfoque está justificado aquí».
«Aquí, lo que está en juego es al menos tan alto, si no más alto: la resolución de la cuestión planteada es fundamental para saber si el propio expresidente será sometido a juicio, que está programado para comenzar en menos de tres meses», argumentaron los fiscales.
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