El O’Keefe Media Group presentó una demanda contra el gobernador de Hawai, el demócrata Josh Green, y el condado de Maui por prohibir tomar fotografías en terrenos públicos.
La demanda, presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Hawái el 14 de septiembre, acusa al gobernador Green de violar los derechos de libertad de expresión y de libertad de prensa de los demandantes.
El caso tiene su origen en un incidente que tuvo lugar en torno al 1 de septiembre, cuando el periodista James O’Keefe y un segundo individuo, identificado como John Doe, en la demanda, tomaron fotografías a lo largo de la carretera de circunvalación entre Kihei y Lahaina, en Maui. «A pesar del bien establecido derecho de John Doe a la Primera enmienda para informar sobre asuntos de interés público, el condado de Maui, por y a través de su Departamento del Sheriff (MCSD), acusó penalmente a John Doe por su periodismo».
Los funcionarios del MCSD informaron a John Doe de que los cargos penales contra él no se derivan de ninguna ley, sino de las «Proclamaciones de Emergencia» realizadas por el gobernador como consecuencia de los incendios forestales de Maui. Estas proclamaciones convirtieron en delito la “actividad constitucionalmente protegida de la Primera enmienda” de John Doe, afirma la demanda.
Alrededor del 12 de septiembre, O’Keefe Media Group preguntó a los funcionarios del condado de Maui si todavía tenía derecho a informar sobre asuntos de interés público.
«En respuesta, el MCSD informó que las ‘Proclamaciones de Emergencia’ emitidas por el Gobernador Green tipificaban como delito tomar fotografías, a pesar de que dicha actividad, como admitió MCSD, cae directamente dentro de los derechos otorgados por la Primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos».
Cuando se les preguntó qué ley otorga al gobernador la autoridad para criminalizar acciones bajo la Primera enmienda, los funcionarios del MCSD citaron la Sección 127A-29(a) de HRS.
La sección se relaciona con las “infracciones del período de emergencia”. Establece que se podrá considerar que ha cometido un delito cualquier individuo que viole cualquier norma del gobernador o alcalde impuesta durante un período de emergencia.
Si dichas reglas no establecen ni designan el delito y la pena, a las personas que violen las regulaciones se les puede cobrar una multa de hasta $2,000 y encarcelar hasta por un año.
La demanda señala que “el gobernador Green no tiene autoridad para promulgar sus propias reglas”, e incluso si lo hiciera, “cualquier norma que emita no debe entrar en conflicto con los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos, de conformidad con la Cláusula de Supremacía y la doctrina de preferencia”.
Incluso si la Sección 127A-29(a) de HRS de alguna manera otorga al gobernador la autoridad para promulgar unilateralmente sus propias reglas, él está obligado a hacerlo dentro de los límites prescritos por la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda, según la demanda.
La Cláusula del Debido Proceso deja claro que “Ningún Estado dictará ni hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos; ni ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes”.
La demanda también acusó a la Sección 127A-29(a) de HRS de violar la “doctrina de vaguedad de la Decimocuarta Enmienda”.
«El estatuto que se le imputó a John Doe no establece explícitamente y en términos definidos qué conducta es punible», señaló.
“John Doe tiene derecho a recibir una notificación justa sobre qué conducta es punible y qué conducta no es punible. Esto no está sujeto a disputa razonable que HRS § 127-A29(a) inequívocamente no proporciona a John Doe una notificación justa”.
Limitación de la libertad de expresión y extralimitación del gobierno
En un posteo del 15 de septiembre en X, O’Keefe publicó un video que muestra la advertencia que recibió de los oficiales de policía de Maui contra tomar fotografías, así como otros eventos relacionados con el incidente.
En el vídeo se puede ver al ayudante del sheriff de Hawaii justificando la prohibición de tomar fotografías, alegando razones de seguridad. “No es que estén tratando de ocultar nada, pero en realidad hay una emergencia aquí abajo”, dijo el ayudante.
Luego, O’Keefe habló con un miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Hawái y le preguntó sobre la norma que prohíbe tomar fotografías. El guardia desestimó la validez de la norma.
“Cualquiera puede tomar fotografías. Nadie puede impedirle tomar fotografías”, dijo el guardia. Cuando se le preguntó acerca de un oficial que amenazaba con arrestarlo si lo encontraban tomando fotografías, el guardia respondió — «Sí, él está presionando e hinchando el pecho».
Otro guardia también le confirmó al Sr. O’Keefe que podía tomar fotografías. Sobre la amenaza de arresto del oficial, el guardia dijo que “probablemente solo estén siendo [improperio]”. Este guardia es un oficial de policía de Honolulu.
La demanda fue presentada por el abogado Mike Yoder. “Si no tenemos libertad de prensa, no tenemos libertad de expresión, y la gente no sabe qué está haciendo el gobierno y qué está pasando, entonces no habrá manera de tener alguna vez una sociedad dirigida o controlada por la gente”, dijo el abogado.
El grupo sin fines de lucro “People Helping People” destacó la cuestión del “poder sin control” del gobernador Green bajo la declaración de emergencia y creo un fondo legal para proteger a los residentes de Maui de la extralimitación del gobierno.
La Sección 127A-13 del HRS otorga varios poderes al gobernador durante una emergencia, incluida la puesta en cuarentena o segregación de personas que se cree que están infectadas por una enfermedad considerada un peligro público, la suspensión de cualquier ley que impida las funciones de emergencia, la suspensión de la transmisión de medios electrónicos y el ajuste de las horas de votación.
Los incendios forestales en Maui provocaron 115 muertes confirmadas. Quemó a miles de acres de tierra y destruyó numerosos edificios. Los funcionarios están identificando actualmente las primeras zonas del condado de Maui donde se permitirá el reingreso de los residentes una vez que se hayan limpiado los materiales peligrosos.
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