En una decisión sin precedentes en la historia del país, el Gobierno de Japón anunció este lunes que ha optado por declarar un alerta sanitaria por el virus del PCCh, lo que permite a las autoridades locales imponer una serie de restricciones que afectarán a la vida normal de millones de nipones.
Esta medida, que en Japón recibe el nombre de estado de emergencia, no ha sido aplicada anteriormente por el Gobierno japonés, y parte de los poderes especiales otorgados por la Dieta (Parlamento) el pasado 13 de marzo al primer ministro, Shinzo Abe.
La declaración formal se espera que sea hecha este martes, una vez pase por un grupo de expertos y un comité parlamentario, y, en principio, afectará a siete prefecturas del país, incluida Tokio, y se prolongará por un mes.
Pero dista de medidas más drásticas impuestas en otros países, como en España o Italia, donde se ha aplicado el confinamiento de su población, ya sea a nivel regional o nacional, con sanciones para quienes no las cumplan.
«Voy a dejar claro que en el caso de Japón no existe ningún confinamiento ni tenemos esa necesidad, según los expertos», dijo Abe en unas declaraciones a los periodistas antes de entrar a una reunión de trabajo para analizar el asunto.
Aun así, sigue siendo una medida drástica para Japón, un país en el que el primer caso del virus del PCCh se registró el 16 de enero y en el que hasta la fecha la pandemia ha afectado a unas 4600 personas, con 105 muertos, incluyendo los casos de un crucero que amarró en el puerto de Yokohama a comienzos de febrero.
Pero en los últimos días las autoridades de Tokio, encabezadas por la gobernadora Yuriko Koike, han pedido al Gobierno central que declare el estado de emergencia con el fin de atajar un incremento de casos notado en la capital.
El primer ministro, sin embargo, se ha venido resistiendo a adoptar esa decisión, al considerar que el nivel de afectados en Japón no era suficiente para recurrir a esas medidas, entre otras razones por el impacto económico que pueden tener.
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El anuncio de hoy de Shinzo Abe da entonces a Tokio y a otras seis prefecturas los suficientes poderes legales para pedir, por ejemplo, cerrar colegios, prohibir eventos públicos o pedir a la población que no salga de su casa si no es necesario.
De hecho, Koike ha pedido a los capitalinos que no salgan de sus casas en los últimos dos fines de semana para evitar un contagio mayor, y con el anuncio de Abe, una vez entre en vigor la alerta, esa petición adquiere una formalidad mayor.
El sistema legal japonés, sin embargo, no establece sanciones para quienes no cumplan con los requerimientos oficiales de este tipo, pero teniendo en cuenta los comportamientos culturales y sociales nipones, esa petición se convierte en una obligación para los ciudadanos.
Además de Tokio, las otras prefecturas afectadas, según Abe, incluyen a Osaka y Kanagawa (cuya capital es Yokohama, uno de los principales puertos del país), además de Chiba y Saitama, ambas prefecturas limítrofes con Tokio
Después de consultar con los expertos, dijo hoy Abe, «me han dado su opinión de que sería mejor que el Gobierno prepare el estado de emergencia porque está aumentando el número de contagios en las zonas urbanas y la situación de los hospitales sufre por este peligro».
El jefe del Gobierno japonés agregó que seguirán funcionando los medios de transporte públicos y los supermercados seguirán abiertos.
«Sólo se va a pedir un mayor esfuerzo y con una integración mayor (…). Para evitar un contagio mayor, necesito la colaboración del pueblo japonés para minimizar el contacto entre las personas «, declaró Abe.
También dijo que se reforzará el sistema sanitario y se evitará que no se vea afectada la actividad económica del país.
Además de esta decisión, el Gobierno de Shinzo Abe está preparando un paquete de emergencia económica que medios locales cifra en un billón de dólares, y que se espera sea conocido este martes.
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