Japón formalizó este martes su decisión de verter al mar el agua contaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima tras tratarla para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos, un proceso que tiene previsto comenzar en 2023.
El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, calificó la medida de «inevitable» para el desmantelamiento de la planta y señaló que se trata de la opción «más realista» entre otras disponibles que son técnicamente más complejas y menos viables de cara a solucionar el acuciante problema de almacenamiento de estas aguas.
Mientras, países vecinos como China y Corea del Sur y asociaciones ecologistas como Greenpeace mostraron su preocupación por las implicaciones medioambientales del vertido e hicieron un llamamiento a Tokio para que reconsidere su decisión, que no cuenta con el visto bueno de las autoridades locales ni los pescadores de Fukushima.
Problemas de almacenamiento
Esta controvertida medida, sobre la que Japón lleva deliberando años, está principalmente destinada a resolver el problema de la acumulación de agua radiactiva en las instalaciones de Fukushima Daiichi, una de las cuestiones más acuciantes dentro del complejo proceso de desmantelamiento de la planta dañada a raíz del desastre natural del 11 marzo de 2011.
Más de 1.25 millones de toneladas de agua procesada se almacenan actualmente en las inmediaciones de la central y se prevé que la capacidad para su almacenamiento se agote en otoño del próximo año, según el ritmo actual al que se genera ese líquido.
Ese agua, almacenada en enormes tanques, procede del enfriamiento de los núcleos de los reactores dañados, así como de los acuíferos subterráneos, y de lluvias que se filtran y terminan contaminadas con isótopos radiactivos.
El líquido es tratado con un sistema de procesamiento que elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos, a excepción del tritio, un isótopo presente en la naturaleza, aunque en baja concentración.
Las autoridades japonesas mantienen que el vertido no generará ningún riesgo para la salud humana porque los niveles de tritio liberados al mar estarán por debajo de los estándares sanitarios nacionales (al ser mezclado con agua marina) y defienden que ésta es una práctica habitual en la industria nuclear de otros países.
El primer ministro Suga dijo que su gobierno «se esforzará» por despejar la inquietud generada por el vertido y afirmó que el plan «ha sido estudiado por expertos durante más de 6 años» y cuenta con la aprobación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Varias organizaciones antinucleares convocaron manifestaciones para hoy frente a la oficina del primer ministro en Tokio para protestar por la decisión, en tanto que los pescadores de Fukushima manifestaron su enfado y frustración por el temor a que se echen por tierra años de trabajo para restablecer su reputación y su actividad.
«Si (ese agua) se vierte al mar, más jóvenes no verán futuro en la industria y la pesca en Fukushima disminuirá», estimó Katsuo Watanabe, un pescador de Iwaki de 82 años, a la agencia de noticias Kyodo.
Preocupación medioambiental
Países vecinos y organizaciones medioambientales tampoco tardaron en reaccionar a la decisión de Japón sobre el vertido de Fukushima.
«El océano es una propiedad compartida de la humanidad. El vertido de agua residual nuclear de la central de Fukushima no es sólo un asunto nacional (de Japón)», indicó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que prometió hacer un seguimiento de la situación y reservarse «el derecho de realizar otras respuestas».
Corea del Sur, por su parte, lamentó la decisión e instó a Japón a ser transparente sobre el tratamiento del agua antes de desecharla «para certificar la seguridad de nuestra población y prevenir daños al medio marino», expresó en rueda de prensa Koo Yoon-cheol, director de la oficina de coordinación política del Ejecutivo surcoreano.
Estos países son dos de los quince que continúan imponiendo hoy restricciones a la importación de productos producidos en Fukushima a raíz del accidente de 2011.
La organización ecologista Greenpeace ha recogido más de 183,000 firmas en Japón y Corea del Sur en contra de la medida, y acusado al Gobierno nipón de convertir las consultas al público y las negociaciones con los pescadores locales «en un mero trámite».
«La decisión de verter el agua contaminada en el océano dejará grandes problemas para el futuro», dado que algunos de los isótopos radiactivos que contiene «tienen una vida útil de miles y decenas de miles de años», señaló en un comunicado la organización.
Greenpeace calificó el vertido de «insostenible» e instó a Japón a seguir almacenándolo mientras investiga el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la eliminación total de la radiación.
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