WASHINGTON— Un panel disciplinario determinó el 4 de abril que el exfuncionario del Departamento de Justicia (DOJ), Jeffrey Clark, violó las reglas de la barra de abogados en sus acciones al impugnar los resultados de las elecciones de 2020.
Después de seis días de testimonio, el panel de tres miembros encontró que el Sr. Clark violó al menos una de las normas disciplinarias que se le imputaron. La decisión, subrayó el panel, se tomó de forma preliminar y «no vinculante».
El Sr. Clark fue acusado por las autoridades del Colegio de Abogados de Washington D.C., de infringir dos normas profesionales: intento de conducta deshonesta e intento de interferir en la administración de justicia. Los cargos disciplinarios se derivan de una carta escrita por Clark en la que impugnó los resultados de las elecciones en Georgia.
El abogado se enfrenta a sanciones y a una posible inhabilitación. En Georgia, el Sr. Clark también se está defendiendo de los cargos sobre crimen organizado en relación con las elecciones de 2020, presentados por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.
El abogado disciplinario, Hamilton Fox III, acusó al Sr. Clark de «afirmar hechos para los que no hay base», en un borrador de carta que escribió tras las elecciones presidenciales de 2020. La carta, marcada como «prueba de concepto», pedía a los funcionarios electorales de Georgia que convocaran una sesión especial para tratar el supuesto fraude y las irregularidades tras las elecciones de 2020.
La carta también decía que el Departamento de Justicia estaba investigando las denuncias de «irregularidades» electorales, un punto de confusión y controversia que surgió repetidamente durante la audiencia.
Los testigos declararon que el fiscal general William Barr dijo que el DOJ no tenía ningún papel federal en la investigación de las elecciones, pero envió un memorando de orientación el mismo día a los fiscales estatales de Estados Unidos, diciéndoles que investigaran cualquier denuncia.
El exfiscal general Adjunto, Richard Donoghue, declaró que el DOJ había examinado las acusaciones de fraude electoral, pero que o bien eran falsas o bien tenían tan poca importancia que no influyeron en los resultados finales. También hizo una distinción entre fraude —actividad delictiva— y meras «irregularidades», que, según dijo, quedaban fuera del ámbito del DOJ.
Cuando se le preguntó, el Sr. Donoghue dijo que no tenía intención de perseguir las reclamaciones de irregularidades no penales, o no relacionadas con los derechos civiles, «independientemente de la cantidad».
El Sr. Fox también acusó al Sr. Clark de «usurpar» y «abusar» de la autoridad del Departamento de Justicia, cuando el entonces fiscal general en funciones, Jeffrey Rosen, se negó a enviar la carta. El Sr. Clark se enfrentó al Sr. Rosen y a su adjunto, el Sr. Donoghue, diciendo que el presidente Donald Trump había ofrecido al Sr. Clark el cargo de fiscal general, pero que lo rechazaría si accedían a enviar la carta. Ellos se negaron.
Después de que el Sr. Clark les informara de que había aceptado el cargo, Rosen, Donoghue y varios otros altos cargos del Departamento de Justicia se reunieron con el presidente Trump y Clark en una acalorada discusión en el Despacho Oval el 3 de enero de 2021. Los funcionarios del DOJ amenazaron con dimitir a menos que el presidente diera marcha atrás. El presidente Trump se echó atrás, el Sr. Rosen siguió siendo fiscal general en funciones y la carta quedó sin enviar. Más tarde se filtró a The New York Times.
Harry MacDougal, abogado del Sr. Clark, señaló que si realmente hubiera querido usurpar la autoridad del Sr. Rosen, podría haber ordenado que la carta se enviara durante las pocas horas en que fue fiscal general en funciones. También llamó la atención sobre la sumisión del Sr. Clark a la decisión del presidente Trump, y su silencio sobre la carta tras la reunión del 3 de enero.
El panel aún tiene que tomar una decisión final sobre los cargos y las sanciones, un proceso que podría durar hasta seis meses. A continuación, el panel presentará un informe y recomendaciones, que podrán ser apeladas ante una Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. El abogado del Sr. Clark dijo que apelarán la decisión.
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