Jimmy Lai, el fundador de Next Digital, renunció como presidente de la compañía mientras enfrenta múltiples cargos judiciales. Recientemente fue procesado bajo la nueva ley de seguridad nacional que ha sido impuesta por el régimen chino en Hong Kong. Los expertos temen que Lai pueda ser extraditado a China continental para ser juzgado y piden al gobierno de Hong Kong que ejerza su independencia judicial frente a Beijing.
Next Digital, fundada en 1995 y anteriormente conocida como Next Media, emitió un comunicado en la bolsa de valores de Hong Kong el 29 de diciembre, diciendo que Lai ha renunciado a sus cargos como presidente y director ejecutivo “para dedicar más tiempo a ocuparse de sus asuntos personales».
La compañía también anunció que el director Ip Yut Kin reemplazará a Lai como presidente.
Lai, de 72 años, es una figura prominente a favor de la democracia en Hong Kong. El periódico Apple Daily, propiedad de su empresa, es uno de los pocos medios de comunicación que quedan en la ciudad que critica abiertamente al gobierno de Hong Kong y al régimen comunista chino. Lai y sus medios han apoyado las protestas, a favor de la democracia y contra el proyecto de ley de extradición, que han sacudido a la ciudad. El proyecto de ley de extradición fue retirado formalmente en octubre del año pasado.
Según la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong, Lai fue acusado de «connivencia con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional». En repetidas ocasiones ha pedido a la comunidad internacional, a través de Apple Daily y su cuenta de Twitter, que imponga sanciones a China y a los funcionarios de Hong Kong pro-Beijing, debido a que erosionan la libertad y la autonomía de Hong Kong.
Lai fue arrestado en agosto cuando unos 200 agentes de policía allanaron la sala de redacción de Apple Daily. También fue acusado de fraude relacionado con el arrendamiento de un edificio que alberga a Apple Daily. Inicialmente se le negó la libertad bajo fianza durante una audiencia judicial el 3 de diciembre y se le negó la libertad bajo fianza por segunda vez el 12 de diciembre.
El 23 de diciembre, el Tribunal Superior de Hong Kong le concedió a Lai una fianza de 10 millones de dólares de Hong Kong (USD 1.3 millones). Los términos de la fianza son estrictos, ya que Lai está confinado en su casa y tiene prohibido dar entrevistas a los medios de comunicación, publicar en las redes sociales o contactar a funcionarios extranjeros en cualquier forma. También se le pidió que entregara su pasaporte y se presentara a la estación de policía tres veces por semana, según Apple Daily.
Los fiscales de Hong Kong presentaron una apelación urgente contra la fianza de Lai el 24 de diciembre. Lai enfrentará su próxima audiencia de fianza el 31 de diciembre ante el Tribunal de Apelación Final de Hong Kong.
Los medios estatales chinos criticaron la decisión del Tribunal Superior de concederle la libertad bajo fianza. El pasquín del Partido Comunista Chino (PCCh), People’s Daily, calificó la decisión del tribunal de «increíble» y «socava gravemente la autoridad de la ley de seguridad nacional de Hong Kong». Afirmó que existen bases legales para enviar el caso de Lai a China continental para ser juzgado y exigió la intervención de la Oficina de Seguridad Nacional de China, una agencia recientemente establecida para implementar la ley de seguridad de Hong Kong.
La ley de seguridad nacional entró en vigencia a fines del 30 de junio, después de las votaciones ceremoniales de la legislatura del PCCh. La ley penaliza a las personas por presuntos actos de subversión, secesión, terrorismo y connivencia con fuerzas extranjeras contra el PCCh, con penas máximas de cadena perpetua.
La ley ha sido condenada por Occidente y por grupos de derechos humanos. Los críticos dicen que el PCCh la utilizaría como una herramienta para aplastar la disidencia con el pretexto de salvaguardar la «seguridad nacional» y socavaría la independencia judicial de la ciudad, garantizada por la Declaración Conjunta Sino-Británica. En virtud del tratado que rige la cesión de soberanía de Hong Kong a China desde Gran Bretaña en 1997, el régimen chino había acordado preservar la autonomía de la ciudad y las libertades que no se disfrutan en el continente, bajo un marco conocido como «un país, dos sistemas».
De conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la ley de seguridad, si un caso implica una situación complicada con fuerzas extranjeras y pone en peligro la seguridad nacional, y la jurisdicción de la Región Administrativa Especial de Hong Kong tiene dificultades para tramitar el caso, la fiscalía superior del régimen chino y el tribunal superior pueden ejercer el poder judicial, aplicando el derecho penal de China.
Chung Kim-wah, subdirector ejecutivo del Instituto de Investigación de Opinión Pública de Hong Kong, una organización sin fines de lucro, le dijo a la BBC que los medios estatales del PCCh han criticado repetidamente la fianza de Lai con el propósito de «presionar a los tribunales de Hong Kong» en los últimos días. Él cree que es probable que Lai sea detenido nuevamente el 31 de diciembre y que sea enviado a China continental para ser juzgado como una advertencia al público.
El abogado y político de Hong Kong, Ronny Tong, dijo que el tribunal de Hong Kong no violó ningún principio legal cuando a Lai se le concedió la libertad bajo fianza, según un informe de la red de radio Sound of Hope en chino. Tong le pidió al gobierno de Hong Kong que permita que los tribunales conozcan los casos en un sistema judicial independiente y no utilicen medios políticos para resolver cuestiones controvertidas.
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