El fabricante de medicamentos Johnson & Johnson pide a la Corte Suprema que revise un veredicto de un jurado que le impuso una multa de 2110 millones de dólares en Misuri por unos polvos para bebés que produjo y que supuestamente contenían amianto que causaba cáncer de ovario.
Además de una vacuna utilizada contra el virus del PCCh, causante de la enfermedad COVID-19, la empresa, con sede en Nueva Jersey, es conocida por fabricar una serie de productos de consumo a base de talco, como su emblemático polvo para bebés, que es el objeto del litigio.
La petición en el caso, conocido como Johnson & Johnson contra Ingham, expediente judicial 20-1223, se presentó ante la Corte Suprema el 4 de marzo.
El veredicto surgió de un juicio de 2018 que consolidó las demandas de 22 mujeres que alegaron que el polvo de talco de la empresa les había causado cáncer de ovario. Tras un juicio de seis semanas, un jurado de San Luis ordenó originalmente a la empresa que pagara 4690 millones de dólares, pero en 2020, la Corte de Apelaciones de Misuri rebajó la suma a 2110 millones de dólares, según informó entonces el portal Fierce Pharma. También el año pasado, la empresa dejó de vender polvos de talco en Estados Unidos.
Ese tribunal consideró que los demandantes «probaron con claridad convincente» que Johnson & Johnson «incurrió en una conducta escandalosa debido a un motivo maligno o a una indiferencia imprudente».
Los funcionarios de la empresa, según el tribunal, «discutieron la presencia de amianto en su talco en memorandos internos durante varias décadas; evitaron adoptar medidas más precisas para detectar el amianto e influyeron en la industria para que hiciera lo mismo; intentaron desacreditar a los científicos que publicaban estudios desfavorables a sus productos; y no eliminaron el talco de los productos usando almidón de maíz en su lugar porque sería más costoso hacerlo».
Johnson & Johnson argumenta que el juicio se basó en datos científicos erróneos y que a la empresa se le negaron las debidas garantías procesales.
El juicio fue «fundamentalmente defectuoso» y «numerosos errores legales permitieron una presentación defectuosa de los hechos, lo que dio lugar a un veredicto incorrecto y a una indemnización arbitraria y desproporcionada», dijo la empresa en un comunicado facilitado por sus abogados.
El veredicto está «en desacuerdo con décadas de evaluaciones científicas independientes que confirman que el polvo para bebés de Johnson’s es seguro, no está contaminado por amianto y no causa cáncer».
La indemnización de 2100 millones de dólares en el caso «está tan desvinculada de cualquier noción de proporcionalidad o malicia que se justifica la revocación basándose únicamente en el tamaño arbitrario de la indemnización del jurado», dijo en un comunicado Cory L. Andrews, consejero general y vicepresidente de litigios de la Washington Legal Foundation.
«Las incoherencias jurídicas de este caso ponen de manifiesto algunos de los peores abusos de nuestro sistema de justicia civil actual», dijo en un comunicado Tiger Joyce, presidente de la American Tort Reform Association.
«La ciudad de San Luis es citada regularmente como uno de los peores ‘agujeros judiciales’ del país y no es de extrañar. El tribunal permitió que casi dos docenas de demandantes de diferentes estados, todos ellos con circunstancias diversas, se reunieran en una sede amistosa elegida por sus abogados. Los abogados del juicio presentaron entonces pruebas científicas cuestionables como si fueran hechos, perjudicando injustamente al jurado en el proceso».
Johnson & Johnson argumenta en su petición que ha sido víctima de los abogados de los demandantes, que han abusado del sistema legal.
«Hoy en día, reina la confusión en los tribunales inferiores sobre los límites de las garantías procesales en los juicios masivos, y sobre si las instrucciones del jurado son por sí mismas un antídoto suficiente para la confusión del jurado y el perjuicio que causan los juicios masivos. El Tribunal debe intervenir aquí para frenar los abusos a las garantías procesales en los juicios masivos y garantizar que los tribunales estatales otorguen a los acusados de juicios masivos los mismos derechos que a los demás».
La empresa reitera que sus productos de talco son seguros para el consumo.
Los reguladores federales y las organizaciones sanitarias respetadas rechazan las peticiones de advertencias sobre el talco, y «los estudios epidemiológicos exhaustivos de seguimiento de decenas de miles de usuarias de talco no han encontrado ninguna asociación significativa entre el uso de talco cosmético y el cáncer de ovario».
La Administración de Alimentos y Medicamentos, el Instituto Nacional del Cáncer y la Sociedad Estadounidense del Cáncer han llegado a la misma conclusión, afirma la empresa.
«Sin embargo, algunos abogados demandantes han dado con una fórmula ganadora: primero rastrean el país en busca de mujeres a las que se les haya diagnosticado cáncer de ovario y que se encuentren entre los millones de personas que utilizaron los productos de talco de los demandantes. A continuación, seleccionan una jurisdicción en la que las demandantes de fuera del estado puedan consolidarse con las demandantes del estado para un único juicio masivo. Ponen a docenas de demandantes en el estrado para que hablen de sus experiencias con el cáncer, y el jurado concede miles de millones de dólares en daños punitivos para castigar supuestamente a los [demandados]».
«Los abogados pueden entonces seguir este guión y presentar las mismas demandas con nuevos demandantes y buscar nuevas indemnizaciones exageradas, una y otra vez».
No está claro cuándo se pronunciará la Corte Suprema sobre la admisión del recurso de la empresa.
Thomas C. Goldstein, abogado de los consumidores que demandan a Johnson & Johnson, declinó hacer declaraciones a The Epoch Times sobre el litigio pendiente.
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