Una joven hispana entabló una demanda contra la Policía de Los Ángeles tras ser rociada en una cárcel local con insecticida como medida para combatir la sarna que, afirmó este jueves, contrajo mientras estuvo detenida.
«Estaba enferma y me negaron la asistencia médica. Fue degradante y cruel», dijo Valerie Arismendez, de 26 años, en una conferencia de prensa ofrecida hoy para dar a conocer la demanda contra el Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) y el condado.
La joven estuvo detenida unos meses en el Centro de Detención Regional Century, en Lynwood, en el Condado de Los Ángeles, donde asegura que contrajo sarna, enfermedad que afecta la piel, y fue rociada con insecticida por todo su cuerpo para combatir la enfermedad.
«Porque estaba pidiendo asistencia médica, fui atacada por el personal, me rociaron con productos químicos e intentaron intimidarme», añadió.
La demanda argumenta que la hispana contrajo sarna mientras estaba bajo custodia de las autoridades del condado y como resultado de condiciones sanitarias deficientes en la cárcel, que están bajo supervisión del LASD y del condado de Los Ángeles.
También acusan a las autoridades a negarse a proporcionarle atención médica adecuada para tratar la sarna y otros medicamentos necesarios para otras condiciones médicas
La querella resalta que el personal de la cárcel, a propósito y de manera inapropiada, roció insecticida tóxico sobre el cuerpo de Arismendez, causándole problemas respiratorios.
La joven perdió la conciencia después de que le aplicaran insecticida, según la demanda, que agrega que el personal del centro de detención intento intimidar a la mujer y a los testigos del hecho cuando se quejaron.
Shawn F. Matian, abogado de la firma de abogados Windsor Troy y quién representa a Arismendez, dijo que «no se puede aceptar este estándar de comportamiento de la Policía».
Por su parte, el abogado Daniel C. Sharpe, advirtió que creen que hubo más de un brote de sarna en el centro de detención y que también hubo una falla intencional de no informar a las agencias gubernamentales apropiadas, lo que puso a otros detenidos en riesgo.
«Cuando esto se descubrió, el personal decidió usar la intimidación y el miedo para encubrir su mala conducta en lugar de mejorar las condiciones sanitarias de la instalación», insistió Sharpe.
Arismendez fue arrestada en octubre de 2018 por un delito no violento, dijeron los abogados.
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