Los jueces federales de dos de los procesos judiciales en curso del expresidente Donald Trump han emitido órdenes que regulan su acceso a material clasificado utilizado por el equipo del abogado especial Jack Smith.
Ambas órdenes se refieren a litigios en torno a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), que establece parámetros para el manejo de pruebas clasificadas en casos judiciales.
La jueza Tanya Chutkan, del Tribunal de Distrito de Washington, dictaminó el 1 de noviembre que la revisión por parte del presidente Trump de las pruebas clasificadas se limitaría a un resumen proporcionado por el equipo del abogado especial. Su fallo se produjo después de una audiencia ex parte o de una sola parte.
«Como cuestión inicial, el tribunal considera que la información clasificada a la que se hace referencia en la moción implica la seguridad nacional del gobierno y el privilegio de información clasificada», escribió en su orden del 1 de noviembre. «En consecuencia, la información sólo se puede descubrir en la medida en que sea ‘relevante y útil’ para la defensa».
Añadió que «basándose en su revisión de los materiales retenidos y en su discusión con el abogado de la defensa durante una reciente audiencia ex parte, el tribunal considera que el resumen de la información clasificada propuesto por el gobierno para su sustitución describe adecuadamente cualquier contenido de los materiales retenidos que pudiera considerarse relevante y útil para la defensa».
También rechazó el intento de la defensa de recibir un mayor acceso al material y rechazó uno de sus argumentos en torno a la validez de una de las mociones del abogado especial.
Mientras tanto, la jueza Aileen Cannon del Distrito Sur de Florida rechazó la solicitud del abogado especial de bloquear a los acusados en el caso Mar-a-Lago del presidente Trump de ver material clasificado en el descubrimiento, mientras que permitió que sus abogados lo hicieran. Ella ya había impuesto órdenes de protección para pruebas clasificadas y estaba respondiendo al intento del abogado especial de aplicar una interpretación específica de CIPA a las restricciones.
La jueza Cannon también indicó que la oficina del abogado especial podría restringir aún más el acceso a material clasificado, pero intentó hacerlo bajo la sección equivocada de CIPA.
«Nada en este documento autoriza la divulgación de cualquier información clasificada a cualquier acusado más allá de los términos de las órdenes de protección existentes», dijo.
La jueza Cannon rechazó previamente la solicitud del abogado especial para establecer una instalación privada en Washington, DC, para mantener los documentos clasificados que está obligado a entregar a los acusados en el descubrimiento.
«Se advierte a las partes que la producción de descubrimiento clasificado a los abogados defensores se considera oportuna tras la colocación en una instalación acreditada en el Distrito Sur de Florida, no en otro distrito federal», dice la breve orden. «Es responsabilidad de la Oficina del Asesor Especial hacer y llevar a cabo los arreglos para depositar dicho descubrimiento al abogado defensor en este Distrito».
El caso involucra una gran cantidad de documentos, más allá de los que el presidente Trump está acusado de retener ilegalmente en su residencia de Mar-a-Lago.
El equipo legal del presidente Trump había señalado previamente que ya habían recibido 1.28 millones de páginas y que no tenían tiempo suficiente para examinarlas adecuadamente, por lo que solicitaron una ampliación del plazo. Los 1.28 millones de páginas son documentos no clasificados, y no necesitarían ser revisados en un lugar especial.
La información clasificada ha desempeñado un papel intrigante tanto en el caso del presidente Trump en Florida como en el de Washington.
Los abogados del presidente Trump han dicho que tiene la intención de usar material clasificado para refutar la narrativa del abogado especial en su juicio electoral de Washington DC.
«La imputación en este caso adopta evaluaciones clasificadas de la Comunidad de Inteligencia y otros que minimizaron, y a veces ignoraron, los esfuerzos de actores extranjeros para influir e interferir en las elecciones de 2020», dice una presentación del 26 de octubre del equipo legal del presidente Trump.
«El presidente Trump ofrecerá información clasificada en el juicio relacionada con las actividades de influencia extranjera que tuvieron un impacto en las elecciones de 2016 y 2020, así como los esfuerzos de su administración para combatir esas actividades. El presidente Trump también presentará información clasificada relacionada con la naturaleza sesgada y politizada de las evaluaciones de inteligencia que él y otros rechazaron durante los eventos en cuestión».
Con información de Catherine Yang.
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