El martes, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecieron dispuestos a permitir que el presidente Donald Trump ponga fin al programa de inmigración de Acción Diferida por Llegadas de Niños de la era de Obama, conocido como DACA, que protege a cientos de miles de inmigrantes de la deportación y también les permite obtener permisos de trabajo.
Los jueces escucharon los argumentos el martes y al menos cinco de los conservadores de la corte apoyaron a la administración Trump, según informes. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre el caso.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, indicó que veía a DACA como ilegal cuando fue implementada por el presidente Obama, diciendo que cubre a más personas que los programas de deportación diferida anteriores, según Bloomberg News. Los otros jueces conservadores sugirieron que no cuestionarían el razonamiento de la administración Trump y pensaron que sus explicaciones eran suficientes, reportó el New York Times.
El Procurador General de Trump, Noel Francisco, pidió a los jueces que desecharan los fallos de los tribunales inferiores para permitir que la Casa Blanca suspenda el programa DACA, de acuerdo con la transcripción.
También afirmó que el programa excedió el poder del presidente y que, por lo tanto, es ilegal.
El «Departamento de Seguridad Nacional determinó razonablemente que ya no deseaba mantener la política de DACA basada en su creencia que la política era ilegal, sus serias dudas sobre su ilegalidad y su oposición general a políticas amplias de no aplicación», dijo.
En 2017, el presidente Donald Trump dijo que se debía anular DACA, y repitió sus críticas al programa el martes.
«Muchas de las personas en DACA, que ya no son tan jóvenes, están lejos de ser ‘ángeles’. Algunos son criminales muy duros y endurecidos. El presidente Obama dijo que no tenía derecho legal a firmar la orden, pero que lo haría de todos modos. Si la Corte Suprema interpone un recurso de anulación, se hará un trato con los Demócratas para que se queden», escribió en Twitter.
La sentencia afectará a los llamados «DREAMers» o «soñadores» que dependen del programa, que fue creado a través de la acción ejecutiva del expresidente Barack Obama. Los DREAMers fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños.
El cambio afectará a unos 700.000 inmigrantes, principalmente de México y América Central.
Ken Cuccinelli, director interino de la administración Trump de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo a Reuters que DACA es «un programa de amnistía de facto para cientos de miles de extranjeros ilegales».
«Si el Congreso quiere proteger a estos extranjeros de la deportación y darles un estatus legal, esa es su prerrogativa», explicó Cuccinelli. «Mientras tanto, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.) es una agencia de aplicación de la ley y nada debería impedir que haga cumplir la ley».
Trump intentó anteriormente revocar el programa apenas unos meses después de asumir el cargo, pero los tribunales inferiores bloquearon su acción, lo que llevó a la actual batalla en la Corte Suprema. Esos tribunales dijeron que la decisión de Trump de rescindir DACA era posiblemente «arbitraria y caprichosa» y violaba una ley estadounidense conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo.
En 2017, el exfiscal general Jeff Sessions dijo que la administración Trump daría por terminado el programa, diciendo que el presidente no tenía la autoridad para suspender las deportaciones.
En ese momento, la Casa Blanca preguntó por qué tan pocos políticos tenían «compasión por los millones de estadounidenses victimizados» por el sistema de inmigración. «Antes de preguntar qué es justo para los inmigrantes ilegales, también debemos preguntar qué es justo para las familias, estudiantes, contribuyentes y solicitantes de empleo estadounidenses», dijo Trump en una declaración.
Luego hizo un llamado al Congreso para que «promueva una reforma migratoria responsable».
El programa permite a los inmigrantes elegibles obtener permisos de trabajo de dos años renovables y sigue en vigor para aquellos que ya están inscritos. La administración de Trump se ha negado a entregar nuevas solicitudes.
El apodo de «DREAMers» se basaba en el nombre de un proyecto de ley bipartidista que nunca fue aprobado, llamado Development, Relief and Education of Alien Minors «DREAM» (Desarrollo, ayuda y educación de menores extranjeros), que les habría otorgado un estatus legal.
Los casos de la Corte Suprema son: Departamento de Seguridad Nacional contra Regentes de la Universidad de California, No. 18-587; Donald Trump contra la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, No. 18-588; y Kevin McAleenan contra Martin Jonathan Batalla Vidal, No. 18-589.
Reuters contribuyó con este informe.
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