Los jueces y magistrados mexicanos se unirán el miércoles al paro de labores, iniciado por los trabajadores del poder judicial, en contra de la reforma constitucional que plantea que sean elegidos por voto popular.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) anunció el 19 de agosto que entrará en huelga tras una votación en la que participaron 1403 juzgadores, según un comunicado.
Al menos 1202 juzgadores se mostraron a favor de suspender las actividades jurisdiccionales, mientras 201 se posicionaron en contra.
«Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático y por ello hoy, personas trabajadoras y juzgadoras hemos decidido defender en unidad: la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras», argumentaron.
Sin embargo, la jueza Juana Fuentes, titular de la JUFED, aclaró este 20 de agosto en entrevista con Radio Fórmula que solo atenderán casos urgentes.
«Las actividades de cada órgano jurisdiccional se suspenden, se atenderán casos urgentes, eso es importante que lo sepa la ciudadanía, la población, para casos urgentes continuaremos realizando la labor», aseguró Fuentes.
Explicó que los casos urgentes son aquellos asuntos donde están en riesgo la vida y la libertad y prometió a los demandantes que una vez que entren en paro no se afectará a sus casos.
Esto ocurre luego que el 19 de agosto trabajadores del poder judicial de al menos 15 estados mexicanos iniciaron un paro indefinido en protesta de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Campeche, Morelos, Baja California, Michoacán, Guerrero, Chilpancingo y Ciudad de México se unieron al paro indefinido.
“La opción del paro existe como búsqueda de solución para frenar esta reforma; entablar diálogo, entablar negociaciones para lograr un objetivo”, escribió Fuentes en una publicación de X.
«Como actores, nosotros inmersos en este Poder Judicial, no podemos permitir una reforma de esta magnitud”, añadió.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este martes el paro como ilegal y aseguró que le corresponde al Consejo de la Judicatura sancionar a los manifestantes.
“Saben que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial. Pero aún si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga. Nosotros no tenemos ningún problema”, indicó.
Asimismo señaló que los manifestantes están defendiendo un sistema que está entregado a «una minoría rapaz» y que se caracteriza por la «corrupción».
«Lo que se está planteando es renovarlo para que se imparta justicia a todos los mexicanos, que no haya ningún órgano de gobierno faccioso, es decir, sólo para un grupo, para una facción, sino que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de campo y de la ciudad, de todas las creencias, de todas las corrientes de pensamiento, eso es lo que queremos», dijo al defender su reforma.
La reforma del Poder Judicial (pdf) propuesta por López Obrador, plantea realizar elecciones para 1688 cargos judiciales de México, de los cuales 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.
Los cargos incluyen los ministros de la SCJN, los magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Además, en la propuesta del mandatario, está reducir la cantidad de ministros de 9 a 11 y bajar de 15 a 12 años en el cargo. También eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y limitar sus remuneraciones para actuales y futuros ministros, sin excepción.
Los críticos de la reforma aseguran que se afectará a la independencia judicial ya que se utilizarán las influencias políticas para postular a los candidatos a jueces, ministros y magistrados afines al partido político en el poder.
Con información de Yeny Sora
Siga a Eduardo Tzompa en X: @JEduardoTzompa
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