Un organismo sindical internacional se ha sumado a una larga lista de defensores de los derechos humanos que cuestionan la conveniencia de que Beijing acoja los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que comienzan en menos de 100 días.
«Los deportes de los Juegos Olímpicos tienen reglas, pero el Partido Comunista chino ha demostrado que respeta poco o nada las leyes y normas internacionales», afirma International Trade Union Confederation (ITUC) en un informe del 9 de noviembre, «China: Una medalla de oro por la represión».
La edición de Beijing 2022 se ha considerado controvertida por el historial de derechos humanos del partido en el poder.
El informe, que se publicó poco menos de tres meses antes de la inauguración de los Juegos, el 4 de febrero, enumeraba cinco políticas represivas del régimen chino que asfixian la libertad y los derechos de millones de personas, tanto en el país como en el resto del mundo, llamándolas los «cinco anillos de la represión».
Los supuestos abusos, según el informe, incluyen los trabajos forzados, el encarcelamiento de sindicalistas y activistas por la democracia en Hong Kong, la represión de las minorías étnicas y religiosas con el pretexto de «la lucha contra el separatismo, el extremismo y el terrorismo», y la difusión de información engañosa sobre la pandemia mundial.
«Las tácticas utilizadas en el Tíbet se han exportado a Xinjiang y Mongolia Interior para atacar a las comunidades locales, incluyendo una fuerte seguridad, vigilancia y ‘educación política'», muestran las conclusiones. Mientras tanto, el mayor sindicato prodemocrático de Hong Kong se disolvió hace un mes después de que sus miembros recibieran amenazas a su seguridad si no se disolvía el grupo. Al menos 29 sindicatos se han disuelto desde principios de 2021.
La ITUC, con sede en Bruselas, exigió a Beijing que pusiera fin a sus políticas de represión y permitiera los derechos y libertades fundamentales según las normas internacionales.
También señaló al Comité Olímpico Internacional (COI) por su consentimiento ante el supuesto genocidio y los crímenes de lesa humanidad que supuestamente se están produciendo en el país anfitrión. La organización dijo que se había enviado una copia del informe al presidente del COI, Thomas Bach.
Se han hecho repetidas peticiones de boicot y se ha pedido al COI que traslade los Juegos fuera de China. Dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en Atenas antes de la ceremonia de encendido de la antorcha el mes pasado. Los patrocinadores y las emisoras también fueron objeto de ataques, entre ellos nombres tan conocidos como Coca-Cola, Airbnb, Visa, Toyota, Alibaba y Proctor & Gamble.
«Queremos que los patrocinadores revisen su asociación con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing», dijo Sharan Burrow, secretario general de ITUC, a Associated Press.
«Hay grandes empresas que apoyan estos Juegos Olímpicos que realmente deberían estar a la altura de los valores que dicen respetar».
Este año, con el pretexto de la contramedidas por el COVID-19, los periodistas que cubran el evento deportivo estarán en un «círculo cerrado» que perjudica la libre circulación.
La semana pasada, el Club de Corresponsales Extranjeros de China, con sede en Beijing, publicó una lista de 31 puntos de preocupación sobre el acceso de los medios de comunicación a los Juegos.
«A lo largo del último año, los medios de comunicación extranjeros se han visto continuamente obstaculizados en su cobertura de los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno, se les ha negado la asistencia a actos rutinarios y se les ha impedido visitar las instalaciones deportivas en China. (…) Este comportamiento no respeta la propia Carta Olímpica del COI», afirmó.
En respuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a Beijing a conceder «libertad de movimiento y acceso» a los periodistas extranjeros, dijo el portavoz Ned Price en una reunión informativa.
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, liderado por el senador republicano Mitt Romney, ha propuesto un boicot diplomático por parte de Estados Unidos que permitiría a los atletas estadounidenses asistir, pero no a los empleados del gobierno de Estados Unidos.
Con información de The Associated Press.
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