Juez Alito dice que la mayoría “elude” su deber en un caso de libertad de expresión

El país “puede llegar a lamentar” que la Corte Suprema no haya denunciado actos “descaradamente inconstitucionales”, dijo el juez Alito

Por Sam Dorman
27 de junio de 2024 12:23 PM Actualizado: 27 de junio de 2024 12:23 PM

El juez de la Corte Suprema Samuel Alito dijo que la corte superior eludió su deber al rechazar una impugnación presentada sobre las comunicaciones de la Casa Blanca con las empresas de redes sociales por contenido político, un caso que describió como “uno de los casos de libertad de expresión más importantes que ha llegado a esta Corte en años”.

Los jueces Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas discreparon de la mayoría en la decisión del 26 de junio, mientras que seis jueces sostuvieron que el estado y los demandantes individuales involucrados carecían de legitimación activa para siquiera presentar ante el tribunal reclamaciones relacionadas con el discurso.

Los demandantes habían afirmado, entre otras cosas, que la administración Biden obligó ilegalmente a las plataformas de redes sociales a moderar ciertos contenidos relacionados con las elecciones y publicaciones relacionadas con el COVID-19.

El juez Alito discrepó de los argumentos de la mayoría sobre la legitimación y detalló las comunicaciones entre el Gobierno de Biden y Facebook. Dijo que las acciones de los funcionarios de la administración eran “descaradamente inconstitucionales, y el país puede llegar a lamentar que la Corte no lo haya dicho”.

La mayoría “elude” su deber: Alito

Alito escribió que había pruebas “más que suficientes” de que Jill Hines, una de las demandantes, tenía legitimación activa para demandar “y, en consecuencia, estamos obligados a abordar la cuestión de la libertad de expresión que presenta el caso”.

“La Corte, sin embargo, elude ese deber y, por lo tanto, permite que la exitosa campaña de coerción en este caso se convierta en un modelo atractivo para futuros funcionarios que quieran controlar lo que la gente dice, escucha y piensa”, añadió el juez Alito.

La disidencia advirtió que la mayoría, cuya opinión fue escrita por la jueza Amy Coney Barrett, envió un mensaje a los funcionarios del gobierno de que si una “campaña coercitiva se lleva a cabo con suficiente sofisticación, puede salir adelante”.

Sugirió que el resultado debería haber sido el mismo que en el caso National Rifle Association vs Vullo, que se juzgó el mismo día que Murthy y que en última instancia sostuvo que el gobierno del estado de Nueva York violó plausiblemente la Primera Enmienda al presionar a las empresas para que cortaran sus lazos con el grupo de defensa de los derechos al porte de armas.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó el año pasado que las comunicaciones de la administración constituían el tipo de coerción de las empresas de redes sociales que traicionaron su deber de no violar la Primera Enmienda.

Tres jueces firmaron la opinión de septiembre de 2023 que citaba las comunicaciones en detalle. Por ejemplo, señaló cómo un funcionario de la Casa Blanca “respondió a un informe de moderación marcando la cuenta de un usuario y diciendo que es ‘difícil tomar algo de esto en serio cuando estás promocionando activamente páginas antivacunas’. Posteriormente, la plataforma “eliminó” la cuenta “por completo” de su sitio, detalló nuevos cambios en las políticas de moderación de la empresa y le dijo al funcionario que “claramente todavía tenemos trabajo por hacer”.

“El funcionario respondió que ‘eliminar información errónea’ es ‘una de las cosas fáciles y sencillas que ustedes pueden hacer para que personas como yo piensen que están tomando medidas’. El funcionario enfatizó que otras plataformas lo habían ‘hecho bastante bien’ en degradar información no autorizada y dijo: ‘No sé por qué ustedes no pueden entender esto’”.

Facebook

En su opinión del 26 de junio, el juez Alito describió las plataformas tecnológicas como “críticamente dependientes de la protección proporcionada por el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996… que las protege de la responsabilidad civil por el contenido que difunden”.

Añadió que Facebook se enfrentaba a un entorno regulatorio que incentivaba a la empresa a “complacer a importantes funcionarios federales y el expediente de este caso muestra que funcionarios de alto rango se aprovecharon hábilmente de la vulnerabilidad de Facebook”.

La administración, dijo, “intimidó continua y persistentemente a Facebook”, mientras que las “reacciones de la plataforma a estos esfuerzos no fueron las que uno esperaría de una fuente de noticias independiente o una entidad periodística dedicada a responsabilizar al Gobierno por sus acciones”.

“En cambio”, añadió, “las respuestas de Facebook se parecían a las de una entidad subordinada decidida a agradar a un capataz poderoso”. Más tarde dijo: “Los correos electrónicos internos de Facebook muestran una imagen clara de sumisión”.

Un smartphone y una pantalla de ordenador muestran los logotipos de la red social Facebook y de su empresa matriz, Meta, en Toulouse, suroeste de Francia, el 12 de enero de 2023. (Lionel Bonaventure/AFP vía Getty Images)
Un smartphone y una pantalla de ordenador muestran los logotipos de la red social Facebook y de su empresa matriz, Meta, en Toulouse, suroeste de Francia, el 12 de enero de 2023. (Lionel Bonaventure/AFP vía Getty Images)

La disidencia también consideró una variedad de comunicaciones entre los funcionarios de la Casa Blanca Andy Slavitt y Rob Flaherty. Por ejemplo, señaló cómo Flaherty, quien se desempeñó como Director de Estrategia Digital de la Casa Blanca, acusó a Facebook de “esconder la pelota” y sugirió que estaban “jugando un juego de trincheras”.

El juez Alito también señaló el cambio de política de Facebook en medio de las críticas de la Casa Blanca. Los representantes de Facebook, dijo, “se quejaron diciendo que ‘pensaban que estábamos haciendo un mejor trabajo’ pero prometieron hacer más en el futuro”.

Meta, la empresa matriz de Facebook, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.

Brian Fletcher, principal procurador general adjunto de Estados Unidos, reconoció que el gobierno “no puede utilizar amenazas coercitivas para reprimir la expresión”, pero argumentó que tenía “derecho a hablar por sí mismo informando, persuadiendo o criticando a oradores privados”.

Existe una “distinción fundamental entre persuasión y coerción”, dijo.

El juez Alito no estuvo de acuerdo y argumentó que la administración estaba haciendo más que ejercer su poder desde el púlpito.

“En resumen, los funcionarios ejercían una autoridad poderosa”, dijo. “Sus comunicaciones con Facebook eran demandas virtuales. Y las temblorosas respuestas de Facebook a esas demandas muestran que sentía una fuerte necesidad de ceder”.

Matthew Vadum contribuyó a este artículo


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