Un juez de EE. UU. aprobó el 19 de diciembre un acuerdo multimillonario para los trabajadores que fueron despedidos por un sistema de atención médica de Illinois por negarse a recibir una vacuna contra el COVID-19.
Alrededor de 500 trabajadores que fueron despedidos o, tras ver denegadas sus solicitudes de exención, recibieron una vacuna contra COVID-19, recibirán una indemnización como parte del acuerdo de USD 10.3 millones, cuya versión preliminar se anunció por primera vez en julio.
El juez federal de distrito John Kness, designado por Trump para supervisar la demanda presentada por los trabajadores, emitió su aprobación verbal para el acuerdo durante una audiencia, dijeron los abogados de Liberty Counsel y NorthShore University Healthsystem. Kness planea dar a conocer una sentencia por escrito en la próxima semana.
En una breve declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times tras la aprobación de Kness, NorthShore escribió: «Nos complace que la Corte haya aprobado una resolución favorable a este asunto y seguimos dando prioridad a la salud y la seguridad de nuestros pacientes y miembros del equipo».
Harry Mihet, vicepresidente de asuntos legales de Liberty Counsel, dijo en un comunicado que el grupo estaba “complacido de obtener finalmente la aprobación final de la corte de este acuerdo colectivo para estos trabajadores de la salud que fueron ilegalmente discriminados y se les negó exenciones religiosas del mandato de vacunas contra COVID».
“Este caso debería sentar un precedente para otros empleadores que han violado la ley al negarles exenciones religiosas a sus empleados”, dijo.
Liberty Counsel, un grupo legal que presenta casos de presunta discriminación religiosa, representaba a los 13 demandantes nombrados en el caso. El grupo obtuvo con éxito la certificación de colectivo para todos los trabajadores a los que se les negaron las exenciones religiosas, un grupo que inicialmente se creyó que estaba formado por 499 extrabajadores y trabajadores actuales, pero que aumentó tras el acuerdo de conciliación preliminar hasta al menos 519.
Hasta el 12 de diciembre, 493 miembros del grupo habían presentado solicitudes para recibir una parte del acuerdo.
Cada trabajador que fue despedido recibirá USD 24,225. Cada trabajador que permaneció en la empresa recibirá USD 3725.
Los demandantes nombrados están en la fila para recibir USD 20,000 adicionales. Esos pagos, descritos como indemnizaciones por servicios prestados, compensarán a los demandantes por ayudar a asesorar en la presentación ante la corte, recopilar documentos y actuar como demandantes principales «en un caso delicado relacionado con decisiones personales de salud y creencias religiosas sobre un asunto de intenso debate público, incluso cuando no se sabía con certeza si tendrían que revelar sus identidades al público», según una reciente declaración.
Tres trabajadores se opusieron al acuerdo, pero ambas partes instaron al juez a hacer caso omiso de las objeciones, que se basaban en gran medida en el pago que la terna consideraba que se les debía tras su despido.
Marzena Novak, una de las objetoras, dijo que sus pérdidas reales por el despido y la pérdida de salario se acercaban a los USD 140,000.
“Aunque los USD 25,000 estimados son útiles y serán bienvenidos, no se acercan a las pérdidas reales sufridas por aquellos a quienes trataron tan mal”, escribió Novak.
Mandato
Al igual que muchos sistemas de atención médica, NorthShore impuso un mandato de vacunación a los empleados en 2021.
NorthShore dijo a los trabajadores que podían presentar una solicitud de exención religiosa utilizando un formulario que decía que el trabajador en cuestión necesitaba proporcionar «una descripción de mi principio o práctica religiosa genuina que guía mi objeción a recibir la vacunación requerida”. Northshore dio instrucciones explícitas a los solicitantes para que no completaran respuestas extensas.
NorthShore inicialmente aprobó algunas de las solicitudes de exención, pero luego revirtió las decisiones y denegó «todas o prácticamente todas», según los escritos de los demandantes. Los funcionarios afirmaron que los empleados no cumplían los requisitos de las exenciones religiosas.
A los empleados que querían una segunda opinión se les dijo que presentaran una apelación que incluyera su historial de vacunación desde que tenían 18 años. NorthShore dijo entonces que cualquier objeción religiosa basada en «líneas celulares de fetos abortados, células madre, tejidos o materiales derivados» daría lugar a denegaciones porque esos productos «no estaban en las vacunas administradas por NorthShore.» Todas las vacunas contra COVID-19 disponibles en Estados Unidos tienen vínculos con líneas celulares de fetos abortados.
En un momento dado, dijo una de las demandantes, su gerente le dijo que «no estamos aprobando a nadie» para exenciones, aunque sí se aprobaron al menos varias.
«En lugar de comprometerse con los demandantes de buena fe, NorthShore denegó en masa las solicitudes de exención religiosa de los demandantes, proporcionándoles nada más que respuestas de copiar y pegar, informándoles de que carecían de ‘criterios basados en pruebas’, sea lo que eso signifique», se lee en una de las demandas. «Al no comprometerse de buena fe con ninguno de los demandantes y sus numerosos empleados con objeciones religiosas, NorthShore no tenía forma de saber si una adaptación aceptable podría haber sido apropiada. Las únicas respuestas que recibieron los demandantes y los empleados de NorthShore fueron denegaciones genéricas».
Los demandantes dijeron que el trato violaba la Ley de Derechos Civiles, que exige que los empleadores traten a los trabajadores de manera similar, y la Ley de Derecho de Conciencia de Atención Médica de Illinois, que prohíbe la discriminación sobre la base del «derecho de conciencia».
NorthShore negó repetidamente haber infringido la ley.
También declaró que era «una dificultad excesiva» dejar que el personal no vacunado trabajara en NorthShore y que «inicialmente negó muchas solicitudes de exención y que en la apelación reconsideró algunas decisiones y optó por no cuestionar que las solicitudes se hicieron con base en creencias religiosas».
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