Un juez federal ha dictado una sentencia histórica al conceder parcialmente una orden judicial que impide a varios funcionarios de la Administración Biden y a organismos gubernamentales como el Departamento de Justicia y el FBI trabajar con las grandes empresas tecnológicas para censurar posteos en las redes sociales.
La orden judicial se dictó en respuesta a una demanda de censura por poderes presentada por los fiscales generales de Luisiana y Misuri, que han acusado a funcionarios de la Administración Biden y a diversos organismos gubernamentales de presionar a las empresas de redes sociales para que suspendan cuentas o retiren posteos.
El juez, Terry A. Doughty, escribió en la sentencia del 4 de julio (pdf) que varias agencias gubernamentales, entre ellas la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tienen prohibido tomar una serie de medidas con respecto a las empresas de redes sociales.
En concreto, se prohíbe a las agencias y a su personal reunirse o ponerse en contacto por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o «entablar cualquier tipo de comunicación con empresas de redes sociales para instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a la retirada, eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida», según el requerimiento judicial.
También se prohíbe a las agencias marcar el contenido de los posteos de las plataformas de redes sociales y remitirlas a las empresas con peticiones de que tomen medidas, como retirarlas o suprimir de otro modo su alcance.
Tampoco está permitido alentar o incitar de cualquier otro modo a las empresas de redes sociales a que cambien sus directrices para la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida por el gobierno.
El juez, nombrado por Trump, escribió en la sentencia que los fiscales generales republicanos que demandaron al gobierno de Biden «han aportado pruebas de un esfuerzo masivo por parte de los demandados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir la expresión basada en su contenido».
El juez escribió en un memorándum adjunto que es «probable que los demandantes tengan éxito en cuanto al fondo al establecer que el gobierno ha utilizado su poder para silenciar a la oposición».
«Oposición a las vacunas contra el COVID-19; oposición al uso de mascarillas y los cierres de COVID-19; oposición a la teoría de la fuga de COVID-19 del laboratorio; oposición a la validez de las elecciones de 2020; oposición a las políticas del presidente Biden; declaraciones de que la historia de la laptop de Hunter Biden era cierta; y oposición a las políticas de los funcionarios del gobierno en el poder. Todas fueron suprimidas», escribió Doughty.
Aunque la decisión del juez no es definitiva, el mandato judicial preliminar es una victoria para los fiscales generales republicanos que han acusado al gobierno de Biden de presionar a las grandes empresas tecnológicas para que participen en un plan de censura por poderes.
«Aún no hemos terminado»
Tras la orden judicial, el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, aplaudió la decisión en una serie de posteos en las redes sociales.
«La corte ha accedido a nuestra petición de IMPEDIR que altos funcionarios del gobierno federal violen los derechos de la Primera Enmienda de millones de estadounidenses. Qué manera de celebrar el Día de la Independencia», dijo Bailey en una declaración en Twitter.
«El mandato judicial preliminar prohíbe a casi todo el gobierno federal, incluidos el DHS, el DOJ y el HHS, coaccionar a las empresas de redes sociales y confabularse con ellas para censurar la libertad de expresión», añadió Bailey.
Sin embargo, el juez hizo algunas excepciones en su orden, permitiendo a los funcionarios del gobierno ponerse en contacto con las empresas de redes sociales para alertarles de actividades delictivas o amenazas a la seguridad nacional.
También se permiten los contactos para notificar a las empresas de redes sociales los posteos que pretendan inducir a error a los votantes sobre los requisitos o procedimientos de votación, así como la comunicación con las empresas sobre la supresión de posteos que no estén protegidos por la libertad de expresión.
La orden judicial afecta a varias agencias mencionadas, así como a sus agentes, funcionarios, empleados y contratistas.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y los diversos organismos mencionados en la orden judicial para solicitarles comentarios.
«Aún no hemos terminado», escribió Bailey en un posteo. «No hemos hecho más que empezar».
«Hoy hemos conseguido un mandato judicial histórico contra el gobierno de Biden, que le impide censurar el discurso político fundamental de los estadounidenses comunes en las redes sociales», declaró el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry.
«Las pruebas de nuestro caso son escandalosas y ofensivas, ya que altos funcionarios federales decidieron que podían dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre el COVID-19, las elecciones, las críticas al gobierno y mucho más».
Más detalles
Hay varias demandas judiciales que acusan al gobierno de Biden de censura por poderes al apoyarse en las empresas de redes sociales para suspender cuentas o retirar publicaciones, el caso presentado por Luisiana y Misuri ha avanzado más que ningún otro.
El juez que supervisa la demanda se negó a desestimar el caso, considerando en una sentencia de marzo (pdf) que las alegaciones de Luisiana y Misuri sobre la libertad de expresión eran plausibles y merecían seguir litigando.
«Esta demanda tiene su origen en la presunta coacción ejercida por la Administración Biden y varios organismos y funcionarios gubernamentales sobre las empresas de medios sociales, instándolas a ‘censurar puntos de vista y oradores desfavorecidos por la izquierda'», escribió Doughty en la sentencia de marzo.
El juez también permitió a los demandantes reunir pruebas, como comunicaciones por correo electrónico entre la Casa Blanca y las empresas de redes sociales.
Doughty escribió en la sentencia de marzo que los demandantes alegan que «esta censura fue alentada —quizá incluso ordenada— por la Administración Biden y varios departamentos gubernamentales clave».
Landry escribió en un reciente artículo de opinión para The Epoch Times: «Como un cáncer, esta violación de la Primera Enmienda se ha sembrado profundamente en nuestras instituciones federales, y estos actores gubernamentales ni creen que lo que hicieron estuvo mal ni tienen reparos en volver a hacerlo».
Más de 50 funcionarios del gobierno de Biden de una docena de agencias participaron en los esfuerzos para presionar a las grandes empresas tecnológicas para que censuraran la presunta desinformación, según documentos publicados el año pasado.
Los correos electrónicos revelados en causas judiciales y a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información han demostrado que funcionarios estadounidenses presionaron a Facebook e Instagram para que tomaran medidas en relación con los posteos en las redes sociales.
Un correo electrónico mostraba que el ex director digital de la Casa Blanca, Rob Flaherty, presionó a Facebook para que tomara medidas contra la «desinformación y la información errónea», así como contra el «contenido que induce a la indecisión».
«Lo que descubrimos en nuestra demanda Luisiana y Misuri contra Biden y otros fue que la decisión de vaporizarte llegó hasta lo más alto —o, como subrayó el director de medios digitales de Biden, Rob Flaherty, en un correo electrónico enviado a una importante plataforma de redes sociales, llegó hasta ‘los niveles más altos (y quiero decir más altos) de la Casa Blanca'», escribió Landry.
Flaherty, figura central en los esfuerzos de la Administración Biden por moldear las narrativas de las redes sociales como parte de un esfuerzo de censura por delegación, abandonó la Casa Blanca a finales de junio.
El mismo día en que se presentó la demanda ante el tribunal, el presidente Joe Biden también anunció que Flaherty dejaría la Casa Blanca, pero sin dar detalles sobre el momento y dejando entrever que ambos volverían a trabajar juntos de alguna manera en el futuro.
«Su equipo ha sido pionero en nuevos métodos de comunicación, y ha funcionado con una creatividad sin parangón, un espíritu innovador y una predisposición a la acción», declaró el presidente.
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