El intento del gobierno federal de ampliar las normas sobre préstamos justos ha sido bloqueado para muchas instituciones.
Las nuevas normas, que debían entrar en vigor el 1 de abril, se basan en interpretaciones incorrectas de la legislación federal, según dictaminó el 29 de marzo el juez de distrito estadounidense Matthew Kacsmaryk.
Las normas actuales, por ejemplo, basadas en la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA), exigen que los bancos y otros prestamistas presten servicios a personas con ingresos bajos y moderados de la comunidad local. Las normas ampliadas expanden la definición de comunidad a cualquier persona con la que los prestamistas hagan negocios.
Los funcionarios del gobierno alegaron que la palabra «toda» antes de comunidad en la ley exigía un nuevo examen del estatuto e impulsó las nuevas normas.
«Es cierto que ‘la palabra ‘toda’… no debe leerse fuera de [la ley]», escribió el juez Kacsmaryk en su sentencia. «Pero no tiene el efecto que le atribuyen los demandados. Al modificar ‘comunidad’, la palabra ‘toda’ simplemente aclara que debe atenderse a toda la comunidad, no cambia lo que es una ‘comunidad’. Si se crea una «comunidad» estatutaria en torno a cada cliente individual con el que un banco hace negocios —independientemente de si ese cliente se encuentra dentro de la geografía de la presencia física del banco— el término carece de sentido y la ley resulta ineficaz».
El juez, designado por el expresidente Donald Trump, también dijo que la sección de las nuevas normas que autoriza a las agencias bancarias federales (FBA) a evaluar los depósitos, en lugar de solo las actividades crediticias, se basaba en una lectura incorrecta de la ley.
Señaló que la ley dice que las agencias «evaluarán el historial de la entidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades crediticias de toda su comunidad, incluidos los barrios de ingresos bajos y moderados», teniendo en cuenta «la inversión de capital, la participación en préstamos y otras empresas emprendidas por la entidad», siempre que estas actividades «ayuden a satisfacer las necesidades crediticias de las comunidades locales».
«Ni una sola de las disposiciones anteriores —ni ninguna otra disposición de la CRA— autoriza a las FBA a evaluar los productos de depósito», añadió.
La orden preliminar bloquea las normas para muchos grupos, incluida la Cámara de Comercio de EE. UU., que las demandó. Los grupos dijeron que las normas deberían bloquearse por ser ilegales.
«Acogemos con satisfacción la decisión del Distrito Norte de Texas de suspender la aplicación de las normas definitivas de la Ley de Reinversión en la Comunidad hasta que se resuelva el litigio que interpusimos contra dichas normas», manifestaron los grupos en una declaración conjunta. «Aunque apoyamos firmemente los objetivos de la CRA, las normas definitivas excedían la autoridad reguladora de las agencias bancarias y desincentivaban a los bancos a conceder préstamos en las comunidades de ingresos bajos y moderados que más necesitan acceder al crédito. Esperamos litigar este asunto hasta una sentencia firme».
La Oficina del Interventor de la Moneda, dirigida por un director nombrado por el presidente, junto con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Reserva Federal, anunciaron las nuevas normas en 2023 y publicaron las versiones definitivas a principios de este año.
Las agencias no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la orden.
El caso se presentó en Amarillo, donde el juez Kacsmaryk es el único en activo, y uno de los demandantes, la Cámara de Comercio de Amarillo, tiene su sede. Otros cuatro demandantes tienen su sede en Washington, y el resto está situado en otras partes de Texas.
El juez Kacsmaryk ha llamado la atención en los últimos años por dictar mandamientos judiciales a escala nacional contra políticas gubernamentales, incluida la aprobación de una píldora abortiva. Ese caso está siendo examinado actualmente por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Actualización de la «elección de jueces»
La Conferencia Judicial de EE. UU. anunció recientemente una nueva política para reprimir a los litigantes que presentan demandas en distritos no relacionados con el fin de que se les asigne un juez preferente, que creen que fallará a su favor.
Según la Conferencia, esta práctica, conocida como «elección de jueces», se frenará mediante la asignación aleatoria de casos, incluso en zonas en las que los casos presentados a nivel local hayan sido vistos previamente por un único juez.
«La política de asignación aleatoria de casos disuade de la elección de jueces y de la asignación de casos basada en los méritos o capacidades percibidos de un juez concreto», dijo el juez Robert Conrad, secretario de la Conferencia Judicial. «Promueve la imparcialidad de los procedimientos y refuerza la confianza pública en el Poder Judicial federal».
Pero el juez superior de la Corte de Distrito del Distrito Norte, del que forma parte el juez Kacsmaryk, dijo el viernes que el distrito no se adheriría a la política.
«El consenso fue no hacer ningún cambio en nuestro proceso de asignación de casos en este momento», dijo en una carta al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), el juez jefe del distrito, David Godbey, nombrado por el ex presidente George W. Bush.
Schumer y otros demócratas habían instado al juez Godbey a adoptar la nueva política, calificando la compra de jueces de «práctica antidemocrática».
Los portavoces de Schumer no respondieron a la solicitud de comentarios.
La Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas tiene 11 jueces en activo y está dividido en siete divisiones. La mayoría de los jueces están en Dallas, pero algunas divisiones más pequeñas, como Amarillo, Fort Worth y Lubbock, solo tienen uno o dos jueces en activo.
El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), había dicho que estaba en contra de la nueva política judicial y que los distritos podían optar por no aplicarla, señalando que la política no es legislación. Los tribunales deben «sopesar qué es lo mejor para sus jurisdicciones, no ‘orientaciones’ a medias que solo cumplen las órdenes de los demócratas de Washington», dijo en el pleno del Senado.
Varios jueces en activo también expresaron su descontento con la medida de la Conferencia. «Se supone que los jueces deben cumplir las leyes promulgadas por el Congreso, no saltarse las normas en respuesta a presiones políticas», declaró en un comunicado el juez de circuito James Ho, nombrado por el presidente Donald Trump.
El juez de circuito Jeffrey Sutton, nombrado por el presidente W. Bush, se encontraba entre los partidarios, y describió el cambio como una «buena idea».
Con información de Reuters.
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