Juez bloquea orden de Biden de vacuna COVID-19 para contratistas federales

La sentencia se aplica a tres estados

Por Zachary Stieber
30 de noviembre de 2021 8:39 PM Actualizado: 30 de noviembre de 2021 8:40 PM

El martes, un juez bloqueó la orden de la vacuna contra el COVID-19 del presidente Joe Biden para los contratistas federales, al considerar que Biden probablemente carece de autoridad para obligarlos a vacunarse.

«Este no es un caso sobre si las vacunas son eficaces. Lo son. Tampoco es un caso sobre si el gobierno, en algún nivel y en algunas circunstancias, puede exigir a los ciudadanos que se vacunen. Sí puede», escribió el juez de distrito Gregory Van Tatenhove, designado por George W. Bush, en la orden de 29 páginas.

«La cuestión que se presenta aquí es estrecha. ¿Puede el presidente utilizar la autoridad delegada por el Congreso para gestionar la adquisición federal de bienes y servicios para imponer vacunas a los empleados de los contratistas y subcontratistas federales? Con toda probabilidad, la respuesta a esa pregunta es no», dijo.

El juez concedió una solicitud de orden preliminar presentada por los fiscales generales de Kentucky, Ohio y Tennessee.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

«No se trata de las vacunas, sino de las órdenes», dijo el fiscal general de Ohio, el republicano Dave Yost, en un comunicado. «El veredicto del juez lo dice claramente y ha sido nuestra posición todo el tiempo que el presidente no puede imponer estas órdenes a la gente».

Biden firmó una orden ejecutiva el 9 de septiembre por la que, varias semanas después, la Casa Blanca exigió a los contratistas que obligaran a todos sus trabajadores a vacunarse contra el COVID-19, a menos que el trabajador tuviera derecho a una excepción.

Los contratistas que no cumplieran la orden, originalmente fijada con un plazo del 8 de diciembre, podían perder el trato con el gobierno.

Los estados alegaron que la orden de vacunación era ilegal e inconstitucional, en parte porque se impuso sin tener en cuenta «aspectos importantes que rodean la orden, incluyendo, entre otros, las repercusiones económicas, el coste para los Estados, el coste para los ciudadanos, las alteraciones para los trabajadores y de la cadena de suministro, los riesgos actuales del COVID-19 y las distinciones básicas entre los trabajadores, como los que tienen inmunidad natural al COVID-19 y los que trabajan a distancia o con contactos limitados en persona».

El gobierno no estuvo de acuerdo, argumentando que el presidente tiene autoridad para regular a los contratistas en virtud de la Ley Federal de Bienes y Servicios Administrativos porque los tribunales han dictaminado que el presidente puede procurar una contratación «eficiente y económica», lo que hizo en la orden, afirmaron los abogados.

Van Tatenhove se puso del lado de los estados.

Los demandados, dijo, no señalaron ni un solo caso en el que la ley de servicios se utilizara «para promulgar una normativa de salud pública tan amplia y extensa como la vacunación obligatoria para todos los contratistas y subcontratistas federales». También expresó su preocupación por el hecho de que la orden «se inmiscuya en un ámbito tradicionalmente reservado a los Estados», citando la Décima Enmienda de la Constitución.

Una orden judicial preliminar significa que la orden está bloqueada por ahora en los tres estados, con la posibilidad de convertirse en un bloqueo permanente o de que finalmente se le permita entrar en vigor.

Ya se ha dictado una orden judicial preliminar contra la orden de la Administración Biden de vacunación para los trabajadores sanitarios y una orden similar para las empresas privadas.


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