Un juez federal emitió una sentencia que bloquea parcialmente una ley de Texas destinada a proteger a los menores de contenidos nocivos en Internet, alegando problemas de libertad de expresión.
El juez de distrito Robert Pitman dictó el 30 de agosto una sentencia que bloquea las disposiciones de «vigilancia y filtrado» de la Ley de Seguridad de los Menores en Internet a través de la Capacitación de los Padres (SCOPE, por sus siglas en inglés). Su decisión llegó justo antes de que la ley entrara en vigor el 1 de septiembre.
La Ley SCOPE, promulgada el año pasado, pretendía imponer requisitos estrictos a las plataformas digitales, en particular a las grandes redes sociales. Específicamente, exigía que las plataformas en línea implementaran métodos de verificación de edad, restringieran la recopilación e intercambio de datos personales de menores, impidieran las transacciones financieras por parte de menores, filtraran los contenidos considerados nocivos u obscenos y ofrecieran controles parentales para supervisar las actividades en Internet de los menores.
La sentencia de Pitman bloquea las disposiciones de vigilancia y filtrado de la ley, apoyando a los grupos de la industria tecnológica que argumentaban que estos requisitos representaban una amenaza significativa para la libertad de expresión. Sin embargo, el juez permitió que el resto de la ley entrara en vigor según lo previsto, incluida la prohibición de recopilar datos de geolocalización y de mostrar publicidad dirigida a menores.
«En su intento de impedir que los niños accedan a contenidos nocivos, Texas también prohíbe a los menores participar en el intercambio democrático de opiniones en Internet», escribió el juez en el dictamen. «Incluso aceptando que Texas solo desea prohibir las piezas de contenido más dañinas, un estado no puede escoger y elegir qué categorías de discurso protegido desea impedir que los adolescentes discutan en Internet».
La sentencia es el resultado de una demanda presentada por grupos de la industria tecnológica, entre ellos NetChoice y la Computer & Communications Industry Association. Los grupos argumentaron que las disposiciones de la Ley SCOPE sobre vigilancia y filtrado eran inconstitucionalmente vagas, no cumplían la norma de escrutinio estricto para las leyes basadas en el contenido y estaban sujetas a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas en Internet de la responsabilidad por los contenidos generados por los usuarios.
Los grupos tecnológicos también alegaron que las restantes disposiciones de la Ley SCOPE regulan inconstitucionalmente una parte significativa de la expresión protegida por la Constitución o no cumplen el escrutinio estricto. Sin embargo, el juez solo se puso de parte de los grupos tecnológicos en lo que respecta a las disposiciones sobre supervisión y filtrado, bloqueando su aplicación en Texas y permitiendo que entraran en vigor las demás partes de la ley, incluida la obligación de las plataformas de revelar cómo clasifican y filtran sus algoritmos los contenidos para menores.
Al acceder parcialmente a la petición de los grupos tecnológicos de una medida cautelar, el juez ordenó a Texas que no aplique las disposiciones de vigilancia y filtrado de la ley mientras se resuelve el recurso legal.
NetChoice y la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, no respondieron a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición.
Chris Marchese, director del Centro de Litigios de NetChoice, dijo en un comunicado cuando se presentó por primera vez la demanda del grupo contra Paxton en julio que los padres, y no el gobierno, deberían estar a cargo de la seguridad en Internet de los niños.
«La ley restringe la capacidad de todos los texanos para acceder a Internet y participar en expresiones protegidas al exigirles que entreguen primero sus datos personales confidenciales. Esto no solo es inconstitucional, sino una mala política», dijo. «Los padres y tutores -no los políticos- deben estar al cargo de sus familias».
La sentencia de Pitman convierte a la Ley SCOPE en la última normativa estatal sobre Internet bloqueada parcialmente por una corte. Recientemente, una corte de apelaciones dictó una sentencia similar, confirmando las disposiciones relativas a la privacidad de los datos de la ley de seguridad infantil en Internet de California, pero anulando las que obligaban a las plataformas a evaluar y mitigar los riesgos de los contenidos nocivos para los niños.
A nivel federal, el Congreso sigue trabajando en la Ley de Seguridad Infantil en Internet, una medida que pretende establecer normas legales para proteger a los menores y exigir a las plataformas que mitiguen los daños en Internet de forma más estricta. Aunque la medida ha sido elogiada por los defensores de la ciberseguridad, también ha sido criticada porque aumentaría la vigilancia y restringiría el acceso a la información.
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