Un juez federal anuló el martes una audiencia programada sobre el teléfono celular incautado a un abogado de Trump, a pesar de que este último argumentó que es posible que en realidad no exista una orden de registro.
John Eastman, uno de los abogados que había asesorado al expresidente Donald Trump sobre supuestos asuntos electorales durante la campaña presidencial de 2020 y, por lo tanto, fue blanco del comité del 6 de enero, dijo en junio que el FBI incautó su teléfono celular usando lo que afirmó ser una orden de registro “ilegal”. Más tarde presentó una moción en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nuevo México solicitando la devolución de las pertenencias incautadas. Se fijó una audiencia para la próxima semana.
El abogado conservador ahora cuestiona «la oferta» sobre la existencia de otra orden de registro federal, que autoriza a los investigadores federales a revisar el contenido del teléfono, incluida la realización de «captura[s] de pantalla manual[es] a ciertos contenidos del dispositivo», dijo el juez federal de distrito Robert Brack en una nueva presentación (pdf) emitida el 30 de agosto.
“Eastman no acepta la oferta sobre la existencia de la orden y cree que esto crea una cuestión de hecho controvertida”, dijo el tribunal de distrito federal. Si bien el Departamento de Justicia reafirmó que había obtenido la segunda orden el 12 de julio, según el documento, el tribunal determina que Eastman “no puede argumentar de buena fe que sigue existiendo una cuestión probatoria sobre la existencia de una orden”.
“Con esto en mente, el Tribunal anulará la audiencia actualmente fijada para el 6 de septiembre de 2022”, escribió Brack, y agregó que el tribunal decidirá sobre la moción de Eastman con base en las presentaciones escritas de ambas partes.
Los agentes federales entregaron una orden de registro inicial a Eastman el 22 de junio mientras salía de un restaurante, lo que les permitió incautar cualquier dispositivo electrónico o digital suyo, incluidos teléfonos celulares, iPads, USB y computadoras. Al abogado solo se le entregó una copia de esa orden de allanamiento sin la declaración jurada de respaldo.
Eastman argumenta que la orden inicial «no describe con particularidad los artículos que se van a incautar, está sobrecargada y no proporciona ningún vínculo de causa probable con ninguna actividad criminal», lo que viola sus derechos de la Cuarta Enmienda.
Los vínculos con Trump han llevado al abogado, que también intervino en la manifestación «Stop the Steal» en Washington el 6 de enero del año pasado, a entregar hasta unos 19,000 correos electrónicos enviados desde su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Chapman al Comité del 6 de enero, tal y como ordenó un juez.
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