El juez del Tribunal Supremo Samuel Alito presentó un informe financiero anual detallado que ofrece información sobre su situación financiera.
El nuevo documento de 12 páginas presentado por Alito para el año 2023 ante la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE.UU. se produce en un momento en que los magistrados del Tribunal afrontan un creciente escrutinio de sus finanzas personales por parte de los legisladores federales. La ética del Tribunal Supremo también adquirió relevancia política en el actual ciclo electoral.
El documento, con fecha del 13 de agosto, se hizo público el 6 de septiembre, meses después de que otros miembros del tribunal presentaran sus formularios de divulgación. Alito, quien fue nombrado por el ex presidente George W. Bush, había recibido una prórroga.
En la declaración, Alito dijo que recibió entradas para un concierto por valor de 900 dólares de la princesa viuda Gloria von Thurn y Taxis, una mujer de negocios que también es noble alemana. No se dieron más detalles sobre el regalo.
El juez también dijo que pidió un préstamo de 15.000 dólares o menos que estaba garantizado por los activos de su cuenta en Edward Jones, una empresa de servicios financieros. Alito dijo que el préstamo había sido «omitido inadvertidamente» en informes anteriores.
Alito declaró una amplia cartera de inversiones compuesta por 110 activos individuales. En muchas categorías, la persona que rellena el formulario puede proporcionar un rango —en lugar de una cantidad específica— para el valor del activo.
El mayor dividendo que declaró fue de entre 15,001 y 50,000 dólares del fondo de inversión Vanguard Wellington, en el que ha invertido entre 250,001 y 500,000 dólares.
Declaró que ha recibido dividendos por 1000 dólares o menos de acciones de Anheuser-Busch InBev; Abbott Laboratories, una empresa de dispositivos médicos; y Johnson & Johnson, una empresa farmacéutica. Los bonos de obligación general de Virginia Beach pagaban 1000 dólares o menos en intereses.
Alito fue criticado por algunos legisladores el año pasado por no revelar previamente un viaje de pesca a Alaska en 2008 financiado por Paul Singer, multimillonario de fondos de cobertura y donante del Partido Republicano. También fue criticado por no abstenerse de participar en un caso de 2014 relacionado con el fondo, República Argentina contra NML Capital. Alito votó con la mayoría del tribunal, poniéndose del lado de una filial del fondo de Singer que quería acceder a los registros de ese país para encontrar activos relacionados con un impago de bonos de 2500 millones de dólares.
En noviembre de 2023, los jueces aprobaron un código de conducta que regulará su proceder, pero los críticos dicen que el código es ineficaz porque se basa en el cumplimiento voluntario.
Este año, los jueces Ketanji Brown Jackson y Clarence Thomas revelaron cuantiosos regalos que recibieron mientras formaban parte del tribunal. Thomas dijo en su declaración de 2023 que «inadvertidamente omitió» viajes pagados por el multimillonario Harlan Crow en su informe de 2019. También dijo que recibió dos álbumes de fotos por valor de unos 2000 dólares. Jackson declaró regalos de obras de arte para su despacho y entradas para un concierto de Beyonce.
El hecho de que Alito y Thomas no reportaran inicialmente regalos de personas adineradas relacionadas con el Partido Republicano llevó a los legisladores demócratas en el Congreso a presionar para que se impusiera un código de conducta obligatorio a los jueces.
El Comité Judicial del Senado aprobó el año pasado la Ley de Ética, Recusación y Transparencia del Tribunal Supremo propuesta por el senador demócrata Sheldon Whitehouse, pero la medida está estancada en el Senado.
El proyecto de ley permitiría a los miembros del público presentar quejas contra los jueces por violar el código de conducta o por participar «en conductas que socavan la integridad» del tribunal. El proyecto de ley también permitiría a los jueces de tribunales inferiores juzgar a los jueces del Tribunal Supremo en disputas éticas.
Alito dijo el año pasado que la legislación que impone un código de conducta a los jueces es inconstitucional.
«Ninguna disposición de la Constitución otorga [al Congreso] autoridad para regular el Tribunal Supremo, y punto», dijo.
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