Un juez de California detuvo el miércoles la llamada ley de información errónea y desinformación de COVID-19, una legislatura estatal que fue desafiada por los médicos en dos demandas, alegando que viola sus derechos constitucionales.
En el caso Hoeg vs. Newsom, cinco médicos alegaron que la ley estatal AB 2098 es inconstitucional en virtud de Primera y Decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Otra demanda relacionada, Hoang vs. Bonta, hace alegaciones similares.
En ambas demandas se solicitó una medida cautelar para impedir que California aplique la ley.
Los cinco médicos, Tracy Hoeg, Ram Duriseti, Aaron Kheriaty, Pete Mazolewski y Azadeh Khatibi, presentaron su demanda contra el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios, incluidos el presidente y los miembros de la Junta Médica de California.
Ellos alegaron que la ley les impide proporcionar información a sus pacientes que pueda contradecir lo que la ley permite o prohíbe. También alegaron que la ley se utilizó para intimidar y castigar a los médicos que no estaban de acuerdo con las opiniones dominantes sobre COVID-19.
En su sentencia (pdf), el juez William Shubb, designado por George W. Bush, escribió que era verosímil que la junta médica determinaría que sus conductas violan la ley AB 2098, y, por lo tanto, los temores de los médicos son razonables «dada la ambigüedad del término ‘consenso científico’ y de la definición de ‘Desinformación’ en su conjunto».
El juez Shubb señaló que esto pesaba a favor de la legitimación de los demandantes.
Dado que la definición de información errónea «no proporciona a una persona de inteligencia ordinaria un aviso justo de lo que está prohibido, [y] es tan imprecisa que autoriza o fomenta una aplicación gravemente discriminatoria», la disposición es inconstitucionalmente vaga», escribió Shubb. «En consecuencia, la corte concluye que los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito en el fondo de sus desafíos de vaguedad».
La ley
Newsom promulgó la ley en septiembre de 2022 y esta entró en vigor el 1 de enero de 2023.
La ley define la información errónea como «información falsa que se contradice con el consenso científico contemporáneo» y prohíbe a los médicos difundir «información errónea o desinformación relacionada con COVID-19, incluida la información falsa o engañosa sobre la naturaleza y los riesgos del virus, su prevención y tratamiento, y el desarrollo, la seguridad y la eficacia de las vacunas contra COVID-19».
Los médicos que se desvíen de las directrices establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos al tratar de evaluar y asesorar a sus pacientes como individuos pueden incurrir en infracción de la nueva ley.
La junta médica estatal está obligada por ley a actuar contra cualquier médico colegiado acusado de conducta no profesional.
La decisión de la corte detuvo la ley mientras se resuelve el recurso.
La organización jurídica que representa a los médicos afirma que sus clientes se vieron en una situación difícil, temiendo repercusiones por actuar en interés de sus pacientes al darles información honesta, privándoles de su derecho a recibir asesoramiento y escuchar opciones de tratamiento sin temor a la disciplina profesional.
Según la American Civil Liberties Alliance (ACLA), la Primera Enmienda, que protege el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión, se aplica tanto a las opiniones minoritarias como a las mayoritarias.
Los médicos alegaron que han sido amenazados en las redes sociales por otros médicos y particulares de usar la ley AB 2098 para que se les retire la licencia, según la ACLA.
«A ellos se les está poniendo entre la espada y la pared, temiendo repercusiones por actuar en el mejor interés de sus pacientes, dándoles honestamente la información que creen que sus pacientes necesitan para tomar decisiones de un tratamiento informado», dijo la ACLA en un resumen del caso en su sitio web.
Uno de los médicos del caso Hoeg vs. Newsom celebró la sentencia del juez.
«La sentencia es un buen augurio para nuestro caso: esta indica que nuestros argumentos de que esta ley es inconstitucional tienen una fuerte plausibilidad formal previa al juicio», escribió el Dr. Kheriaty en Twitter. «No es por adelantarnos, por supuesto, ni intentar predecir el resultado final del caso, pero es un avance muy positivo».
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