Menos de una semana después de que el inspector general (IG) del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, diera a conocer su investigación en la que se detallaba la mala conducta del FBI en la obtención de una orden de espionaje FISA contra un ayudante de la campaña presidencial de Trump de 2016, la juez y presidente de la Corte FISA, Rosemary Collyer, emitió una orden de respuesta de cuatro páginas el 17 de diciembre de 2019.
Esta orden sin precedentes del tribunal de FISA condenó —y verificó— las continuas fechorías del FBI en todo el proceso FISA. La orden de la magistrada Collyer también puso de relieve la gravedad de las infracciones y las posibles consecuencias de las acciones del FBI.
Collyer señaló que las acciones del FBI fueron tan atroces que su comportamiento «pone en duda si la información contenida en otras solicitudes del FBI es confiable».
En la orden, Collyer, que firmó la solicitud original FISA contra Carter Page, dijo que el FBI «proporcionó información falsa» y «retuvo información material» de la División de Seguridad Nacional (NSD) del Departamento de Justicia, y al hacerlo «engañó igualmente» al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC). Cabe señalar que Collyer destaca el hecho de que el FISC recibió dos versiones del informe del inspector general: la versión pública y la versión clasificada.
El informe de diciembre de 2019 del inspector general Horowitz —que condenó las actividades realizadas por el FBI durante su búsqueda de la FISA inicial contra Page y durante las tres renovaciones subsiguientes— señaló el papel de los agentes del FBI al no revelar información material a la Oficina de Inteligencia y a la Corte FISA:
«Creemos que los agentes del caso pueden haber sustituido indebidamente el juicio de la OI [Oficina de Inteligencia] o el juicio de la Corte [FISA] por los suyos propios, para sopesar el valor probatorio de la información», dice el informe del IG.
El informe del IG también señaló que «entre los más graves de los 10 errores adicionales que encontramos en las solicitudes de renovación fue el hecho de que el FBI no avisó a la OI [Oficina de Inteligencia] o a la Corte [FISA] de las inconsistencias (…) entre Steele y su sub-fuente primaria en el informe en el que se basaban las solicitudes FISA».
Los hallazgos de mala conducta material por parte del FBI son numerosos y han sido detallados previamente por The Epoch Times.
La juez Collyer señala en su orden que la División de Seguridad Nacional (NSD) del Departamento de Justicia «informó al FISC de ciertas declaraciones erróneas y omisiones en julio de 2018».
Una de estas omisiones se refería a las declaraciones exculpatorias hechas por el exasesor de la campaña de Trump, George Papadopoulos, y tal y como señaló Collyer, se detallan en las páginas 167-168 del informe del IG:
«Papadopoulos dijo a un CHS [fuente humana confidencial] del FBI que, hasta donde él sabe, nadie asociado con la campaña Trump estaba colaborando con Rusia o con grupos externos como Wikileaks en la publicación de correos electrónicos. La solicitud FISA no incluía las declaraciones que Papadopoulos hizo a esta CHS, que estaban en conflicto con la información incluida en la solicitud FISA».
La carta de la NSD incluía declaraciones exculpatorias de Papadopoulos «al CHS del FBI en septiembre de 2016, así como declaraciones similares que Papadopoulos hizo a un CHS a finales de octubre de 2016, después de que se presentara la primera solicitud». Estas declaraciones exculpatorias no fueron proporcionadas a la Corte FISA.
Cabe señalar que fue la NSD del Departamento de Justicia, y no el FBI, el que notificó estas fallas a la Corte FISA.
También cabe destacar el hecho de que la primera FISA contra Page se emitió el 21 de octubre de 2016 y la tercera y última renovación FISA expiró en septiembre de 2017. En otras palabras, la Corte FISA no fue informada de estos errores materiales por la NSD hasta 10 meses después de que venciera la última orden judicial FISA contra Page, casi un año entero después de que se presentara la última solicitud de renovación FISA contra Page a la Corte FISA.
La admisión por parte del DOJ al FISC de que no se había proporcionado cierta información material a la corte se produjo casi un año después de que se presentó la primera solicitud de orden judicial FISA contra Carter Page. La carta de la juez Collyer hacía referencia a la parte del informe del IG donde se encuentran las cuestiones específicas reveladas en la carta de la NSD de julio de 2018:
«El 12 de julio de 2018, aproximadamente 1 año después de que se presentó la última solicitud FISA contra Carter Page ante el FISC, el Asistente del Fiscal General de la NSD presentó una carta a la juez presidente del FISC Rosemary Collyer de acuerdo con la Regla 13{a), en la que le informaba a la corte sobre ciertas omisiones constatadas en las solicitudes FISA contra Carter Page. Estas omisiones incluían
- Declaraciones hechas por George Papadopoulos a los CHS del FBI en septiembre y octubre de 2016 negando que alguien involucrado en la Campaña presidencial de Donald J. Trump estuviera coordinando con Rusia en la piratería informática del DNC [Comité Nacional Demócrata] o en la divulgación de correos electrónicos;
- La información que el abogado del Departamento de Información, Bruce Ohr, proporcionó al FBI en noviembre y diciembre de 2016 en relación con las motivaciones y la fiabilidad de Steele; y
- Admisiones que Steele hizo en abril y mayo de 2017 con respecto a sus interacciones con los medios de comunicación en el verano y otoño de 2016″.
Además de las tres admisiones hechas por la NSD en la carta del 12 de julio de 2018 a la Corte FISA, Horowitz señaló información adicional que no había sido compartida con la Corte FISA, incluyendo el hecho material de que la información de Steele provenía de una sola fuente —a la que se hace referencia en el informe del IG como la «subfuente primaria»— y que la subfuente primaria declaró al FBI en enero de 2017 que la información que le había proporcionado a Steele era inconsistente con la información que Steele había publicado en su expediente, el cual fue presentado a la Corte FISA.
Específicamente, el informe del IG señaló: «El hecho de que el relato de la subfuente principal contradijera afirmaciones clave atribuidas a sus propias subfuentes en los Informes 94, 95 y 102 de Steele debería haber generado discusiones significativas entre el equipo de Crossfire Hurricane y la OI antes de haber presentado la siguiente FISA».
Esta cuestión era lo suficientemente significativa como para que Stuart Evans, el entonces ayudante del fiscal general adjunto de la NSD, con responsabilidad de supervisión sobre la OI, afirmara que «si la OI hubiera tenido conocimiento de la información, tales discusiones podrían haber incluido la posibilidad de renunciar por completo a la solicitud de renovación, al menos hasta que el FBI conciliara las diferencias entre el relato de Steele y el de la sub-fuente primaria».
Evans le dijo al IG que hasta octubre de 2019, la NSD no había recibido una respuesta formal de la Corte FISA a su carta de julio de 2018. Evans le dijo al IG que si bien la Corte FISA no responde en todos los casos, ha habido casos en los que la Corte FISA sí respondió «emitiendo una orden suplementaria, pidiendo al gobierno más información o celebrando una audiencia».
La falta de una respuesta formal de la Corte FISA puede haber ocurrido en parte porque «el 31 de enero de 2019, Evans le dijo a la OIG que la NSD le había informado a la juez presidente del FISC Rosemary Collyer que, a través de la participación en las entrevistas de la OIG, los funcionarios de la Oficina de Inteligencia de la NSD (01) se enteraron de información adicional que posiblemente era pertinente para las solicitudes FISA contra Carter Page, y que la NSD planeaba esperar hasta después de que la OIG terminara su revisión y proporcionara sus conclusiones al Departamento para determinar si presentaría otra carta de la Regla 13 a la Corte [FISA]».
El informe del IG señaló que los funcionarios de la NSD creían que la Corte FISA «podría estar esperando la finalización de la revisión de la OIG, y la presentación de cualquier posible documentación suplementaria por parte de la NSD, antes de tomar medidas de respuesta, si las hubiera».
A pesar de la advertencia de enero de 2019 de que la NSD tenía la intención de esperar a la finalización del informe del IG, se enviaron dos cartas adicionales en 2019. La primera se envió el 10 de mayo de 2019, e informaba a la Corte FISA de al menos «dos incidentes en los que el FBI no cumplió con los Procedimientos Estándar de Minimización» en relación con la tercera y última renovación de FISA realizada el 29 de junio de 2017.
Además, el 9 de octubre de 2019, la NSD envió otra carta a la Corte FISA «informando al tribunal que el FBI completó el proceso de corrección de la información asociada con las solicitudes FISA contra Page y la información de otros casos impactados por el mismo problema». Cabe señalar que hay algunos detalles adicionales relativos a estas cuestiones que siguen sin conocerse debido a las múltiples redacciones que figuran en la nota 379 de la página 231 del informe del IG.
También hubo dos «presentaciones» más recientes hechas por la NSD a la Corte FISA el 25 de octubre de 2019 y el 27 de noviembre de 2019, con respecto a la conducta del abogado de la OGC [la Oficina del Asesor General del FBI] Kevin Clinesmith.
Parece que la NSD no reveló la lista completa de fallas del FBI, aunque, para ser justos, puede que no todas fueran conocidas por la NSD en el momento en el cual se enviaron las cartas. Como señaló el Inspector General, «Más adelante en el capítulo, discutimos otros casos, no descritos en la Carta de la Regla 13 de julio de 2018, en los cuales las tres solicitudes de renovación de Carter Page eran inexactas, incompletas o no estaban respaldadas por la documentación apropiada, basada en la información que el FBI tenía en su poder en el momento en que se presentaron las solicitudes».
La carta de la juez Collyer del 17 de diciembre declaró que «la evaluación de la causa probable por parte de la FISC puede servir a esos propósitos de manera efectiva solo si la agencia solicitante proporciona de manera completa y precisa la información en su posesión que es pertinente para determinar si existe una causa probable».
Collyer también señaló que el gobierno tiene un elevado deber de franqueza ante la Corte FISA y que «espera que el gobierno cumpla con su elevado deber de franqueza en los procedimientos ex parte en todo momento», ya que «la franqueza es fundamental para el funcionamiento efectivo de esta Corte».
Su carta luego señaló algunos de los hallazgos concretos del informe del IG, señalando que Horowitz documentó «casos preocupantes en los que el personal del FBI proporcionó información a la NSD que no estaba respaldada o contradecía la información en su poder».
También señaló que el informe del IG «describió varios casos en los que el personal del FBI retuvo información en su poder ([y no la compartió] a la NSD) que era perjudicial para su caso por creer que el Sr. Page estaba actuando como agente de una potencia extranjera».
Cambios en la evidencia de la solicitud FISA
Por último, Collyer se refirió a las importantes alteraciones realizadas a un correo electrónico por parte de Kevin Clinesmith, abogado principal de la Oficina del Asesor General del FBI, que se utilizaron en una parte crucial de las renovaciones FISA contra Page. La alteración del correo electrónico de Clinesmith eliminó deliberadamente el hecho de que Page tenía «una relación previa» con otra agencia gubernamental, y se informó que Horowitz ha recomendado que Clinesmith sea procesado penalmente por sus acciones.
Vale la pena señalar que, a pesar de que algunos relatos de los medios de comunicación describen a Clinesmith como un abogado de bajo nivel, en realidad fue «el principal abogado del FBI asignado» a la investigación de contrainteligencia del FBI sobre la supuesta interferencia de las elecciones rusas a partir de principios de 2017. No se sabe a qué abogado del FBI reemplazó Clinesmith a principios de 2017, ya que la investigación original fue abierta formalmente por el FBI el 31 de julio de 2016.
Horowitz abordó este asunto durante su testimonio ante el Congreso en un intercambio con el senador Ted Cruz (R-Texas), y Horowitz afirmó que las acciones de Clinesmith fueron realmente así:
Cruz: «Un abogado del FBI crea evidencia fraudulenta, altera un correo electrónico que a su vez sirve de base para una declaración jurada ante la Corte [FISA] en la que se basa la corte. ¿Estoy afirmando eso con exactitud?»
Horowitz: «Eso es correcto. Eso es lo que ocurrió».
La carta de Collyer indica que hubo más comunicación entre la NSD y la Corte FISA a fines de 2019, señalando que la información relativa a Clinesmith fue revelada a la Corte FISA a través de «presentaciones aclaradas» que se hicieron a la Corte FISA el 25 de octubre y el 27 de noviembre.
Este asunto parece haber sido evaluado con mayor seriedad por parte de la Corte FISA, como se señala en la carta de Collyer:
«Debido a que la conducta del abogado de la OGC dio lugar a serias preocupaciones sobre la exactitud y la integridad de la información proporcionada al FISC en cualquier asunto en el que el abogado de la OGC estuviera involucrado, la Corte, entre otras cosas, ordenó al gobierno el 5 de diciembre de 2019 que proporcionara cierta información que abordara esas preocupaciones».
La validez de otras solicitudes FISA es puesta en duda
Collyer señaló que, con base en las acciones del FBI en relación con estos repetidos errores y omisiones con respecto a la FISA contra Page, puso en duda «si la información contenida en otras solicitudes del FBI es confiable»:
«La frecuencia con que las declaraciones hechas por el personal del FBI resultaron no estar respaldadas o contradichas por información en su poder, y [la frecuencia] con que retuvieron información perjudicial para su caso, pone en duda si la información contenida en otras solicitudes del FBI es confiable».
La revisión pendiente del gobierno en relación con la orden del 5 de diciembre del FISC
Collyer ordenó que el gobierno «informe a la Corte en una presentación escrita jurada de lo que ha hecho, y planea hacer, para asegurar que la declaración de los hechos en cada solicitud del FBI refleje de manera precisa y completa la información que posee el FBI y que es importante para cualquier asunto presentado por la solicitud».
Adicionalmente, Collyer concluyó refiriéndose a una orden anterior de dos páginas del 5 de diciembre de 2019, con respecto a su demanda de información al gobierno de los Estados Unidos relacionada con cualquier asunto en el que el abogado de la OGC [Clinesmith] estuviera involucrado, recalcando que «a más tardar el 20 de diciembre de 2019», el gobierno «completará una revisión de desclasificación de la orden antes mencionada del 5 de diciembre de 2019, antes que el FISC publique dicha orden».
Esa orden de la Corte FISA del 5 de diciembre de 2019 ha sido emitida por el gobierno en la fecha especificada por la magistrada Collyer.
En la orden del 5 de diciembre, Collyer ordenó al gobierno que proporcionara por escrito «el 20 de diciembre de 2019 o antes» lo siguiente:
(1) Identificar todos los demás asuntos que actualmente o anteriormente se encuentran ante esta Corte y que involucraron la participación del abogado de la OGC del FBI cuya conducta se describió en la Carta Preliminar y la Carta Suplementaria;
(2) Describir las medidas que el Departamento de Justicia o el FBI hayan adoptado o vayan a adoptar para verificar que la entrega [de documentación] por parte de los Estados Unidos en esos asuntos describan completa y cabalmente los hechos y circunstancias pertinentes; e
(3) Informar si la conducta del abogado de la OGC del FBI ha sido remitida al colegio de abogados correspondiente para su investigación o posible acción disciplinaria.
La orden de Collyer del 5 de diciembre (que fue publicada el 20 de diciembre y no debe confundirse con su orden del 17 de diciembre publicada anteriormente) señaló específicamente que el gobierno aún no había proporcionado una relación completa de las conclusiones detalladas del Inspector General en la comunicación suplementaria del 27 de noviembre del NSD con la Corte FISA:
«Los Estados Unidos señalaron, sin embargo, que no todas las conclusiones detalladas de la OIG con respecto a esos temas estaban contenidas en la carta y que el informe completo de la OIG, que aún se estaba finalizando, se proporcionaría a la Corte. Hasta la fecha, la Corte no ha recibido ninguna parte de ese informe en ninguna forma. Los Estados Unidos también señalaron que se estaba preparando una carta diferente con arreglo a la regla 13 en la que se describían otras informaciones de las que habían tenido conocimiento como resultado de la investigación de la Oficina del Inspector General.
A la luz de la obligación de los Estados Unidos de informar a la Corte de los hechos y circunstancias pertinentes a cualquier inexactitud u omisión de hechos cruciales contenidos en una comunicación a la Corte inmediatamente después de su descubrimiento, Por la presente se ORDENA que cualquier notificación subsiguiente a la Corte sobre hechos y circunstancias adicionales reportables bajo la Regla 13(a) que fueron descubiertos como resultado de la investigación de la OIG (ya sea en forma de un informe completo de la OIG o una carta de la Regla 13(a) a la Corte) sea acompañada por una explicación de cualquier retraso [que se haya producido] entre la conclusión de la investigación de la OIG y el recibo por parte de la Corte del informe requerido».
Aunque la orden original de la juez Collyer del 5 de diciembre de 2019 exigía que el gobierno cumpliera con su solicitud antes del 20 de diciembre de 2019, según su posterior Orden de Respuesta del 17 de diciembre de 2019, parece que la juez Collyer extendió la fecha de respuesta requerida por el gobierno hasta el 10 de enero de 2020:
«La Corte ORDENA que el gobierno, a más tardar el 10 de enero de 2020, informe a la Corte en una presentación escrita jurada de lo que ha hecho, y planea hacer, para asegurar que la declaración de los hechos en cada solicitud del FBI refleje de manera precisa y completa la información que posee el FBI y que es pertinente para cualquier asunto presentado en la solicitud».
«En caso de que el FBI, en el momento de esa presentación, no pueda todavía llevar a cabo ninguna de las medidas previstas descritas en la presentación, incluirá también: a) un calendario propuesto para la aplicación de dichas medidas y b) una explicación de por qué, en opinión del gobierno, la información de las solicitudes del FBI presentadas en el ínterin debe considerarse fiable».
Memorando de abril de 2017 en el que se detallan los problemas importantes del sistema FISA
Cabe destacar que Collyer firmó (p. 83 en el navegador) la solicitud original de la FISA contra Page basándose en la información incorrecta proporcionada por el FBI. Otros firmantes fueron un Agente Especial Supervisor del FBI desconocido (página 54), el director del FBI James Comey (página 63), la vicefiscal general Sally Yates (página 65) y un representante del DOJ cuyo nombre se ha omitido completamente (página 66).
También fue Collyer quien emitió un memorando de opinión y orden de 99 páginas el 26 de abril de 2017 sobre las conclusiones anteriores del director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el almirante Mike Rogers.
Este fallo de la Corte FISA de abril de 2017, que fue desclasificado por el Director de Inteligencia Nacional (DNI) Dan Coates, reveló algunos graves abusos que se tratan con mucho más detalle aquí:
Entre la letanía de temas enumerados en el fallo de Collyer del 26 de abril de 2017:
«La Notificación del 26 de octubre de 2016 informó a la Corte que los analistas de la NSA habían estado llevando a cabo tales consultas en violación de esa prohibición, con mucha más frecuencia de lo que se había revelado anteriormente a la Corte.
La Corte atribuyó el hecho de que el gobierno no divulgara las revisiones del IG y del OCO en la audiencia del 4 de octubre de 2016 [el director de la NSD de Obama, John Carlin – NO Rogers] a una «falta de franqueza» institucional y subrayó que «se trata de un asunto muy grave de la Cuarta Enmienda».
Un índice de incumplimiento del 85% plantea preguntas sustanciales sobre la conveniencia de usar los datos [palabras omitidas – probablemente «Acerca de»] la consulta de FISA.
No hay ninguna razón aparente para creer que el período de noviembre de 2015 a abril de 2016 coincidió con una tasa inusualmente alta.
El FBI había divulgado información cruda de FISA, incluyendo pero no limitándose a la información adquirida en virtud de la Sección 702, a una [palabras omitidas].
Los contratistas de la [palabras omitidas] tuvieron acceso a la información cruda de FISA que fue mucho más allá de lo necesario para responder a las solicitudes del FBI.
El acceso [del contratista del FBI] no se limitaba a la información sin procesar para la cual el FBI buscaba ayuda, y el acceso continuó incluso después de que habían completado el trabajo en respuesta a un pedido del FBI.
El FBI le había dado la información a la entidad privada [palabras omitidas] no a una agencia federal de asistencia».
En abril de 2017, Collyer centró gran parte de sus críticas en el FBI, y señaló que parecía tener reservas importantes con respecto al cumplimiento del FBI y con las acciones en curso, a pesar de su fallo (p. 87):
«No obstante, la Corte está preocupada por el aparente incumplimiento de las reglas de minimización por parte del FBI y por si el FBI puede estar realizando revelaciones similares de información cruda del artículo 702 que no han sido reportadas».
El fallo de Collyer de abril de 2017 se precipitó por una serie de acontecimientos que comenzaron el 9 de marzo de 2016, cuando se descubrió que contratistas externos del FBI habían estado accediendo a datos brutos de la FISA desde al menos 2015. Esto condujo a una acción inmediata por parte del Director de la NSA, Rogers, quien ordenó a la Oficina de Cumplimiento de la NSA que llevara a cabo una «revisión básica fundamental del cumplimiento asociado con la 702» en algún momento a principios de abril de 2016 (testimonio del Senado y páginas 83-84 de la resolución judicial).
El 18 de abril de 2016, Rogers actuó agresivamente en respuesta a las revelaciones. Cerró abruptamente todo el acceso de los contratistas externos del FBI. En este momento, tanto el FBI como la División de Servicios Sociales del Departamento de Justicia se enteraron de la revisión de cumplimiento de Rogers. Puede que lo supieran antes, pero ciertamente lo supieron después de que se detuvo el acceso de los contratistas externos.
La NSD del DOJ mantiene la supervisión del uso de la autoridad de la Sección 702 por parte de las agencias de inteligencia. La NSD y la Oficina del DNI realizan conjuntamente revisiones de las actividades de las agencias de inteligencia relacionadas con la Sección 702 cada 60 días. La NSD —con notificación a la Oficina del DNI— está obligada a reportar cualquier incidente de incumplimiento o mala conducta de la agencia a la Corte FISA.
En lugar de emitir órdenes judiciales individuales, el fiscal general y el DNI están obligados por la Sección 702 a proporcionar al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) certificaciones anuales que especifiquen las categorías de información de inteligencia extranjera que el gobierno está autorizado a adquirir, de conformidad con la Sección 702.
El fiscal general y el DNI también deben certificar que las agencias de la Comunidad de Inteligencia seguirán los procedimientos de selección y minimización aprobados por el FISC como parte de la certificación.
El entonces jefe de la División de Seguridad Nacional (NSD) del Departamento de Justicia, John Carlin, presentó las certificaciones de la Sección 702 propuestas por el gobierno para el año 2016 el 26 de septiembre de 2016. Carlin conocía el estado general de la revisión de cumplimiento por parte de Rogers. La NSD fue parte de la revisión. Carlin no reveló un informe crucial del 7 de enero de 2016 del inspector general de la NSA y el abuso asociado de la FISA a la Corte FISA en su certificación de 2016. Carlin tampoco reveló la revisión de cumplimiento de la Sección 702 en curso de Rogers.
El 27 de septiembre de 2016, el día después de haber presentado las certificaciones anuales, Carlin anunció su renuncia, que entraría en vigencia el 15 de octubre de 2016.
El 4 de octubre de 2016, se llevó a cabo una audiencia estándar de seguimiento en la corte (página 19) con la presencia de Carlin. Nuevamente, no reveló el abuso de la FISA ni otros asuntos relacionados. Esta falta de divulgación fue señalada por la Corte FISA más adelante en la resolución de abril de 2017:
«El hecho de que el gobierno no divulgara las revisiones del IG y el OCO en la audiencia del 4 de octubre de 2016 [se atribuyó] a una ‘falta de franqueza’ institucional».
El 15 de octubre de 2016, Carlin dejó formalmente la NSD.
El 20 de octubre de 2016, Rogers fue informado por el oficial de cumplimiento de la NSA sobre los resultados de la auditoría de cumplimiento de la NSA 702. La auditoría había descubierto un gran número de problemas, incluyendo numerosas violaciones «sobre la consulta» (testimonio del Senado).
Mientras todo esto estaba sucediendo, el entonces DNI James Clapper y el entonces secretario de Defensa Ash Carter presentaron una recomendación para que Rogers fuera destituido de su posición como jefe de la NSA. La medida de despedir a Rogers, que fracasó, se originó a mediados o finales de octubre de 2016, cuando Rogers se preparaba para presentar sus conclusiones a la Corte FISA.
Rogers cerró toda actividad de «consulta» el 21 de octubre de 2016. Las «consultas» son particularmente preocupantes, ya que ocurren cuando el objetivo no es ni el remitente ni el destinatario de la comunicación recogida; más bien, la «consulta» del objetivo, como una dirección de correo electrónico, se pasa entre otros dos comunicantes.
El mismo día, el Departamento de Justicia y el FBI buscaron y recibieron una orden de detención de Título I FISA contra el asesor de la Campaña Trump Carter Page, declarando que Page era «un agente de una potencia extranjera». En este momento, la Corte FISA aún no tenía conocimiento de las violaciones del Artículo 702.
El 24 de octubre de 2016, Rogers informó verbalmente a la Corte FISA sobre sus conclusiones:
«El 24 de octubre de 2016, el gobierno [almirante Rogers] informó verbalmente a la Corte sobre el incumplimiento significativo de los procedimientos de minimización de la NSA que implicaban consultas de datos adquiridos en virtud del Artículo 702 utilizando identificadores de personas estadounidenses. El alcance total de las prácticas de consulta no conformes no había sido revelado previamente a la Corte».
Rogers compareció formalmente ante la Corte FISA el 26 de octubre de 2016 y presentó por escrito las conclusiones de su auditoría:
«Dos días más tarde, el día en que la Corte, de otro modo, habría tenido que completar su revisión de las certificaciones y procedimientos, el gobierno hizo una presentación por escrito con respecto a esos problemas de cumplimiento (…) y la Corte celebró una audiencia para abordarlos».
«El gobierno informó que el IG de la NSA y el OCO estaban llevando a cabo otras revisiones que cubrían diferentes períodos de tiempo, con resultados preliminares que sugieren que el problema se generalizó durante todos los períodos de revisión».
La Corte FISA no tenía conocimiento de las violaciones de «consulta» FISA hasta que fueron presentadas a la corte por el entonces director de la NSA Rogers.
Parece como si Carlin hubiese ocultado aparentemente su conocimiento del abuso de la FISA en las certificaciones anuales de la Sección 702 para evitar levantar sospechas en la Corte FISA antes de recibir la orden FISA contra Carter Page.
La secuencia de eventos hace parecer como si el FBI y la NSD estuvieran literalmente apresurándose por contrarrestar la investigación de Rogers para obtener una orden FISA contra Carter Page.
Rogers presentó sus conclusiones directamente a la presidente de la Corte FISA, Rosemary Collyer, informándole de los continuos abusos relacionados con la FISA por parte del FBI y la NSD apenas tres días después de que Collyer firmara personalmente la orden FISA contra Carter Page. Collyer y Rogers trabajarían juntos durante los próximos seis meses, abordando los problemas que Rogers había descubierto. Estos esfuerzos se revelan en el fallo de Collyer de abril de 2017.
Después de la emisión del informe del IG el 9 de diciembre de 2019, Horowitz también anunció una auditoría continua de las acciones del FBI en relación con el proceso de solicitud FISA:
«Además, a la luz de las importantes preocupaciones que identificamos, la OIG anunció esta semana que estábamos iniciando una auditoría que examinará más a fondo el cumplimiento por parte del FBI de los procedimientos de Wood en las solicitudes FISA contra personas estadounidenses, no solo en investigaciones de contrainteligencia, sino también de manera importante en investigaciones de antiterrorismo», dijo Horowitz en su testimonio.
Descubre
El impeachment no ayudará a encubrir el mayor escándalo político de EE.UU. | #Spygate
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
