PUNTA GORDA, Florida— El juez jefe de distrito de Estados Unidos de una corte de distrito de Florida, Mark Walker, dictaminó el 27 de junio que el estado puede aplicar la «Ley Stop Woke», pero no se pronunció sobre su constitucionalidad, ni de la parte que afecta a los colegios y universidades.
El juez, que fue nombrado por el presidente Barack Obama en 2012 y se convirtió en juez jefe en 2018, dictaminó que la propuesta HB 7 —o lo que el gobernador Ron DeSantis calificó como «Ley Stop Woke»— puede avanzar y regular cómo se puede enseñar la raza en el aula y en el lugar de trabajo.
La nueva ley es parte de la agenda educativa de DeSantis que apunta a los vínculos de la Teoría Crítica de la Raza (CRT) con el sistema escolar estatal, así como con la capacitación corporativa en las empresas en torno al «privilegio blanco».
La secretaria de prensa del gobernador, Christina Pushaw, dijo que DeSantis no está «planeando comentar sobre el fallo», pero dijo que, «en general (…) nosotros estamos seguros de que esta ley finalmente sobrevivirá a todos los desafíos legales y protegerá a los habitantes de Florida de los efectos nocivos de la ideología discriminatoria woke».
En pasadas conferencias de prensa, DeSantis dijo que no quiere que se enseñe a los niños ahora a «odiarse unos a otros».
Al permitir que la ley siga adelante, el fallo de Walker le da una victoria a DeSantis, ya que el juez ha fallado frecuentemente en su contra —pero dejó en claro que no estaba fallando sobre la constitucionalidad de la ley ni su decisión era un respaldo a la misma.
«Este tribunal no está determinando si las normas impugnadas son constitucionales, moralmente correctas o una buena política», escribió Walker en su dictamen. «Así que esta orden no debe interpretarse como un respaldo a la [legislación] o a la regulación del Consejo de Educación relacionada».
En marzo, los legisladores aprobaron la HB 7 tras un intenso debate en ambas cámaras.
El 22 de abril , después de que el gobernador promulgó la ley, un grupo de demandantes presentó una demanda, alegando que violaba los derechos de la Primera Enmienda. También impugnaron las normas del Consejo Estatal de Educación que prohibían el uso de la Teoría Crítica de la Raza.
El juez dijo que cuatro de los demandantes «carecían de capacidad legal» para obtener una medida de revocación cautelar.
Esos cuatro fueron identificados como un profesor de gobierno y economía de una escuela secundaria en el condado de Manatee, un profesor sustituto del condado de Leon, un niño del condado de Nassau que va a entrar en el jardín de infancia y una empresa de consultoría que ofrece formación sobre diversidad e inclusión.
Los profesores, el estudiante y la consultora no habían demostrado ninguna prueba «relacionada con el perjuicio» necesaria para establecer la legitimación.
El juez dijo en su opinión de 23 páginas que el Consejo de Educación de Florida, un acusado en el caso, puede retener la financiación de los distritos escolares que no cumplan con la medida. Sin embargo, Walker dijo que los maestros no demostraron cómo eso los perjudicaría directamente.
«La lógica de los demandantes es la siguiente: en virtud de su autoridad estatutaria, el Consejo de Educación retendrá la financiación de los distritos escolares de los profesores si violan las disposiciones impugnadas», escribió el juez.
«A su vez, los miembros del consejo escolar retendrán el dinero de las escuelas individuales de los profesores —o, tal vez, presionarán a los funcionarios de esas escuelas para que disciplinen a los profesores».
«En otras palabras, la teoría de los maestros de la trazabilidad y la reparación fluye de la junta al distrito escolar, del distrito escolar a la escuela de los maestros, y solo entonces a los maestros».
«Así, el argumento de los demandantes requiere que el tribunal junte múltiples capas de inferencias».
En el caso de la consultora, dijo que esta no estableció lesiones por la ley.
«[Estaa] no alega que haya perdido clientes, que los clientes le hayan dicho que ya no la contratarán, o que los clientes hayan expresado siquiera su inquietud por contratarla», escribió Walker.
El juez dejó sin resolver el requerimiento preliminar solicitado por Robert Cassanello, profesor asociado de historia de la Universidad de Florida Central (UCF).
La solicitud de Cassanello —presentada la semana del 20 de junio— va dirigida a una norma propuesta que está prevista que se presente ante la Junta de Gobernadores del sistema universitario estatal el 30 de junio.
La norma propuesta por las universidades dirige la forma de aplicar la ley.
En otras palabras, la preocupación es que plantea la posibilidad de que los miembros del profesorado puedan ser sancionados por el incumplimiento de las normas universitarias sobre el tema.
El juez ordenó a los abogados de ambas partes que presenten informes antes del mediodía del 28 de junio sobre si la norma propuesta podría afectar a la situación legal de Cassanello en el caso.
La semana del 20 de junio, dos empresas de Florida y un consultor que imparte formación en el lugar de trabajo presentaron otra demanda contra la ley. La demanda se presentó en el tribunal federal de Tallahassee.
El caso sigue actualizándose.
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