Un juez de Florida aceptó una impugnación legal al programa del gobernador Ron DeSantis para llevar inmigrantes ilegales a otros estados.
El 13 de enero, el juez de circuito del condado de Leon, John Cooper, se negó a desestimar una demanda presentada por el senador estatal demócrata Jason Pizzo contra DeSantis y dos personas del Departamento de Transporte de Florida (FDOT). Pizzo está demandando en su calidad de ciudadano privado.
Cooper fijó la fecha del juicio para el 30 de enero.
“Creo que solo tenemos que escuchar estos problemas”, dijo Cooper luego de los argumentos del 13 de enero, informó Florida Phoenix.
La demanda desafía la constitucionalidad de la decisión del gobernador, de trasladar a inmigrantes ilegales de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts.
Como informó anteriormente The Epoch Times, DeSantis cumplió con su promesa de enviar inmigrantes ilegales a ciudades controladas por los demócratas el 15 de septiembre de 2022, al mandar dos aviones de inmigrantes ilegales desde Texas a Martha’s Vineyard como parte de su “programa de reubicación”.
La directora de comunicaciones de DeSantis, Taryn Fenske, le dijo a los medios de comunicación que “estados como Massachusetts, Nueva York y California facilitarán mejor la atención de estas personas a las que han invitado a nuestro país al incentivar la inmigración ilegal a través de su designación como ‘estados santuario’ y el apoyo a las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden”.
The Epoch Times también informó en diciembre de 2021 que DeSantis asignó USD 8 millones en su presupuesto Freedom First 2022-2023, que se utilizaría para transportar inmigrantes ilegales enviados de Florida a otros estados.
El programa de reubicación del gobernador fue financiado por el presupuesto de Florida 2021-2022, que asignó USD 12 millones para implementar “un programa para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados de este estado de conformidad con la ley federal”. Los fondos no gastados en el año fiscal 2021-2022 se transfirieron al periodo 2022-2023 para ser utilizados con el mismo propósito.
“La Legislatura me dio USD 12 millones”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa el 13 de septiembre de 2022. “Vamos a gastar cada centavo de eso para asegurarnos de proteger a la gente del estado de Florida”.
La impugnación legal
En septiembre, Pizzo presentó una demanda de emergencia para obtener una declaración y medidas cautelares en el 2° Circuito Judicial del estado, en el condado de Leon, Florida (pdf). En la demanda, en la que Pizzo afirma su condición de «ciudadano y contribuyente del estado de Florida», se nombra como demandados al director financiero del FDOT, Jimmy Patronis, al secretario del FDOT, Jared Perdue, y a DeSantis.
Pizzo alega una serie de violaciones legales por parte de DeSantis, incluido que el gobernador implementó su puente aéreo a través del lenguaje en el proyecto de ley de presupuesto estatal anual en lugar de a través de la ley sustantiva, lo que está prohibido en la Constitución de Florida.
La demanda afirma que la Constitución de Florida establece que “no se sacará dinero del tesoro excepto en cumplimiento de la asignación hecha por ley”.
Pizzo sostiene que el uso de fondos estatales para transportar extranjeros ilegales dentro y fuera de Florida viola la ley estatal.
Pizzo también acusó a Patronis de firmar indebidamente USD 1.5 millones en cheques a Vertol Systems, con sede en Florida, que se especializa en soluciones de helicópteros y aeronaves, para llevar en septiembre a casi 50 inmigrantes ilegales de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, con escala en Florida. El juez desestimó esta parte de la denuncia.
Identificar a la “Sra. Perla”
En una carta del 16 de septiembre a Perdue, compartida en las redes sociales, la líder demócrata del Senado de Florida, Lauren Book, afirmó que muchos de los inmigrantes ilegales transportados desde Texas “no eran ‘extranjeros no autorizados’ sino solicitantes de asilo”. Además, afirmó que “es una condición necesaria para el uso de los fondos asignados” que el FDOT primero desarrolle e “implemente un programa para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados de este estado de conformidad con la Ley Federal”.
Book también afirmó que los inmigrantes ilegales fueron transportados desde Texas “con el pretexto de que les proporcionaron permisos de trabajo acelerados, por parte de la Sra. ‘Perla’”.
Book escribió que quería saber la fecha y el lenguaje del programa que se estableció de conformidad con la HB 5001, la autoridad o la opinión legal utilizada para permitir que los fondos estatales se utilizaran en el transporte de extranjeros ilegales desde Texas, para aclarar si la desconocida «Sra. Perla» era una empleada del FDOT, y si el FDOT proporcionó un camarógrafo para los vuelos.
Capítulo 908
Si bien Pizzo sostiene que “el gasto de fondos asignados por la legislatura para transportar extranjeros” desde San Antonio, a través de Florida hasta Martha’s Vineyard “es contrario” a la Sección 908.111, Nick Meros, abogado general adjunto en la oficina ejecutiva del gobernador, argumentó que el Capítulo 908, Aplicación Federal de Inmigración, permitía los vuelos de inmigrantes ilegales.
Si bien la ley establece que «una entidad gubernamental no puede ejecutar, modificar o renovar un contrato con un transportista común o contratado si el transportista está proporcionando deliberadamente cualquier servicio en la promoción del transporte de una persona en el Estado de Florida a sabiendas de que la persona es un extranjero no autorizado», también dice «excepto para facilitar la detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos”.
Allen Zhong contribuyó a este artículo.
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