El juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Juan Merchan, aplazó un próximo juicio contra el expresidente Donald Trump por 30 días y para el 25 de marzo programó una audiencia sobre la petición de desestimación del caso, después de lo cual, dijo, «fijará una nueva fecha del juicio, si es necesario».
La decisión sigue a una presentación de 104,000 páginas de evidencias a disposición de los abogados del presidente Trump, menos de tres semanas antes de la fecha fijada para que comenzara el juicio.
El juez exigió a ambas partes que proporcionen una «cronología detallada de los acontecimientos que rodearon las solicitudes y la producción final» de dichos documentos antes del 21 de marzo.
En notificaciones y cartas recientes a la corte, la acusación y la defensa presentaron distintos argumentos sobre la inusual producción de pruebas, que se habían presentado en un lote de 73,000 páginas el 4 de marzo y 31,000 páginas más, días después.
La defensa había solicitado el aplazamiento del juicio al recibir el primer lote, tras lo cual la fiscalía ofreció un aplazamiento de 30 días y no se culpó del retraso en la presentación. Los documentos habían sido facilitados por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan dijeron que los fiscales federales se «negaron» a proporcionarlos antes.
La defensa escribió dos cartas a la corte cuestionando esta «caracterización errónea», argumentando que los fiscales no solo retuvieron pruebas a las que la defensa tenía derecho, sino que también obstruyeron activamente sus intentos de solicitar o citar esas pruebas de múltiples fuentes.
El juez ordenó que la audiencia del 25 de marzo se «limite a la cuestión específica de la moción del demandado para desestimar el caso sobre la base de las supuestas violaciones de la presentación de evidencias relacionadas con la producción de registros por parte de USAO-SDNY».
La defensa también presentó mociones para obligar la presentación de las evidencias y otros argumentos sobre la desestimación, que no se argumentarán en la audiencia.
El juez ordenó a las partes a proporcionar la correspondencia entre las partes pertinentes para que pueda determinar «quién, si alguien, es culpable de la producción tardía de los documentos, qué perjuicio, en su caso fue sufrido por cualquiera de las partes y qué sanción (es) en su caso, son apropiadas».
La moción para las sanciones en relación con las evidencias fue presentada el 8 de marzo. Los abogados de la defensa argumentaron que esta violación de las reglas de presentación de evidencias justifica sanciones «incluyendo la dimisión».
Testigo clave
Las 104,000 páginas que el equipo de Trump recibió recientemente están relacionadas con Michael Cohen, el testigo clave en el caso criminal que acusa al presidente Trump de falsificar los documentos comerciales.
Se incluyen las entrevistas con el señor Cohen y lo que la defensa cree que es evidencia exculpatoria.
El Sr. Cohen, exabogado personal del presidente Trump, afirmó que se le pagó para destruir una noticia durante la campaña de 2016 del entonces candidato Trump y para pagar a una actriz adulta que alegaba una aventura. La defensa argumenta que los únicos pagos realizados al Sr. Cohen fueron honorarios de abogados, y el presidente Trump negó cualquier delito.
El Sr. Cohen fue condenado anteriormente por delitos fiscales y se declaró culpable en un acuerdo de culpabilidad, durante el cual más tarde afirmó públicamente y en repetidas ocasiones que había mentido. Los fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York también detallaron que el Sr. Cohen era poco creíble y se resistió repetidamente a dar respuestas completas en un informe oficial.
Los abogados del presidente Trump argumentan que el Sr. Cohen debe ser impugnado como testigo, y que a la defensa se le debe permitir mostrar evidencia con respecto a las propias admisiones del Sr. Cohen de mentir bajo juramento, que se hicieron tan recientemente como en el otoño de 2023 en el juicio por fraude civil contra el presidente Trump. Durante ese juicio, el Sr. Cohen también reconoció que su principal fuente de ingresos estaba relacionada con criticar al presidente Trump.
La defensa también está argumentando que si los fiscales afirman que la única razón por la que estas acusaciones no se presentaron hasta años después de los hechos, es debido a una «campaña de presión» que el presidente Trump sostuvo sobre el Sr. Cohen, ellos deben permitir la evidencia para tratar de refutar eso, incluyendo señalar las declaraciones que muestran que el Sr. Cohen nunca evitó hablar sobre el presidente Trump.
¿Violaciones en la presentación de evidencias?
Los abogados defensores afirman que los fiscales han hecho un esfuerzo activo para evitar que la defensa obtenga tales pruebas.
En cartas fechadas el 14 de marzo y el 15 de marzo, ellos instaron al juez a no tomar el reciente aviso de los fiscales al pie de la letra, alegando que los fiscales habían tratado de culpar a los abogados federales e incluso al presidente Trump por la llegada tardía de las 104,000 páginas.
Ellos argumentaron que pidieron esta información ya en noviembre pasado, pero los fiscales habían anulado los intentos de obtener el material del Sr. Cohen o de sus editores.
La defensa solicitó entonces la información a los abogados federales, y los fiscales se opusieron «enérgicamente» a ello, según la defensa, invocando principios federales «que no tienen ningún interés válido en invocar».
Los abogados federales rechazaron la citación de la defensa, y dijeron que en su lugar la defensa tenía que presentar una solicitud de divulgación discrecional. Finalmente, pusieron el material en primer lugar a disposición de los fiscales, que hasta marzo no lo compartieron con la defensa.
Los abogados de Trump argumentaron que tanto los fiscales de Manhattan como los fiscales federales «trataron la citación como ineficaz» y que la línea de tiempo es evidencia de que los fiscales no trataron «diligentemente» obtener las pruebas exculpatorias que estaban obligados a producir, como han afirmado.
Ellos dijeron al juez que esperaban que la fiscalía impugnara su cronología de los hechos.
La orden del juez requerirá cartas, citaciones, correos electrónicos y otra correspondencia que muestre las fechas de las diversas solicitudes e intercambios de estas pruebas.
La campaña de Trump se tomó como una victoria la orden del juez sobre una audiencia «para que el fiscal Bragg rinda cuentas por mala conducta».
«Seguiremos luchando para acabar con este engaño», declaró el portavoz Steven Chung.
«El presidente Trump y su abogado han sido consistentes y firmes en que este caso no tiene base en la ley o en los hechos, y debe ser desestimado».
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