Un juez de Texas anuló el 28 de marzo una norma de la administración Biden que obliga a los estados a medir y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los vehículos que utilizan el sistema nacional de autopistas.
La norma fue promulgada por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) del Departamento de Transporte de EE. UU. en 2023 como parte de los esfuerzos del presidente Biden para reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2030.
En concreto, la directiva de Biden exigía a los departamentos de transporte estatales y a las organizaciones de planificación metropolitana (MPO) que midan sus emisiones relacionadas con el transporte en el sistema de autopistas estadounidenses y fijen sus propios objetivos de reducción de emisiones.
Además, la medida exigía que los departamentos de Transporte estatales y las MPO informen cada dos años sobre sus progresos en el cumplimiento de los objetivos de reducción. Según la norma, la FHWA también evaluaría el progreso del estado para obtener esos objetivos.
Texas demandó al Departamento de Transporte en diciembre, alegando que la agencia carecía de autoridad legal del Congreso para promulgar la norma, que viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
En su sentencia, el juez James Hendrix, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas, se mostró de acuerdo, afirmando que el gobierno de Biden carece de autoridad legal para imponer la medida de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El reglamento intenta anular el texto legal
«Cuando un reglamento intenta invalidar el texto legal, pierde siempre. Los reglamentos no pueden hacer agujeros en las normas establecidas por el Congreso», escribió el juez, citando un caso anterior, Djie vs. Garland.
«Eso es lo que ocurrió aquí, la Regla 2023 del DOT intenta anular la clara limitación de la Sección 150 (c) (3) de las medidas de rendimiento autorizadas a aquellas que rastrean la condición física y la eficiencia de los sistemas de carreteras interestatales y nacionales», escribió el juez, nombrado bajo el presidente Donald Trump.
«Si el pueblo, a través del Congreso, cree que los estados deben gastar el tiempo y el dinero necesarios para medir e informar las emisiones de GEI [gases de efecto invernadero] y establecer objetivos de emisiones decrecientes, pueden hacerlo modificando la Sección 150 o aprobando una nueva ley. Pero una agencia no puede tomar esta decisión por el pueblo», concluyó el juez.
En diciembre, otros 21 estados presentaron en Kentucky una demanda contra la medida. Esa demanda sigue pendiente.
Extralimitación flagrante de la Administración Biden.
Los republicanos, entre ellos el presidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras, el representante Sam Graves (R-Mo.), y el presidente de la Subcomisión de Carreteras y Tránsito, Rick Crawford (R-Ark.), elogiaron la sentencia en una declaración conjunta el 28 de marzo.
«Este fue un caso claro de extralimitación flagrante por parte de la Administración Biden desde el principio, y elogiamos a la Corte por su decisión de que una ‘agencia administrativa federal no puede actuar sin autorización del Congreso'», dijeron los legisladores.
«El Congreso rechazó la inclusión de un requisito de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se elaboró la ley de infraestructuras, lo que convierte a la normativa de la administración en un intento ilegal de eludir al Congreso y forzar esta carga de talla única a todos los estados y comunidades del país», prosiguieron los legisladores. «Agradecemos la sentencia y seguimos comprometidos a garantizar que la Administración no exceda su autoridad».
Con la norma, en diciembre del año pasado, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que la medida de rendimiento proporcionaría a los estados un «marco claro y coherente para realizar un seguimiento de la contaminación por carbono y la flexibilidad para establecer sus propios objetivos climáticos». Las autoridades también señalaron que el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Tras la sentencia del juez Hendrix, un portavoz de la Administración de Carreteras, que forma parte del Departamento de Transportes, declaró a The Hill que la agencia está revisando la decisión y sopesando sus próximos pasos.
El portavoz añadió que la administración Biden está comprometida con la lucha contra el cambio climático.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Transportes para obtener más información.
Con información de Reuters.
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