Los fabricantes y mayoristas de armas de fuego estadounidenses no pueden ser responsabilizados por el tráfico criminal de armas hacia México, dictaminó un juez federal de Massachusetts, dando un gran golpe a los esfuerzos de control de las armas fabricadas en Estados Unidos.
México demandó hace un año a Smith & Wesson, Sturm Ruger & Co., Glock, Barrett Firearms, Beretta, Colt, Century Arms e Interstate Arms, alegando que las empresas estadounidenses socavaban las estrictas leyes de armas de ese país al fabricar, promover y vender «armas de asalto de estilo militar» de forma que las armas fueran atractivas para los cárteles de la droga y los criminales.
Los grupos de control de armas de Estados Unidos se pusieron del lado de México, instando a la corte a ignorar la ley federal de Estados Unidos y a permitir que la demanda mexicana contra las empresas estadounidenses siguiera adelante.
Jonathan Lowy, vicepresidente de la rama de litigios de la Campaña Brady, se unió como coasesor al equipo legal de México. Everytown for Gun Safety, un grupo de control de armas financiado por el multimillonario de izquierda, Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, presentó un escrito amicus curiae a favor de México.
También los estados de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregón, así como el Distrito de Columbia, presentaron un escrito amicus curiae a favor de la posición de México.
México alegó que hasta el 90 por ciento de las armas encontradas en las escenas del crimen en ese país provienen de Estados Unidos y que las empresas demandadas suministraron más del 68 por ciento de las armas. México alegó que las empresas no impidieron el tráfico ilegal de armas y exigió 10,000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según The Reload, una publicación que se centra en las políticas y normativas que rodean a las armas de fuego.
Pero el juez F. Dennis Saylor IV, de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, a última hora del 30 de septiembre dictaminó (pdf) para el caso de México contra Smith & Wesson Brands Inc. expediente judicial 21-11269, que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 protegía a las empresas de la responsabilidad por los daños alegados por México. Saylor fue nombrado por el expresidente George W. Bush.
La ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) se promulgó para evitar que los activistas y las jurisdicciones contrarias a la Segunda Enmienda se dediquen a controlar las armas por la puerta de atrás, llevando a la quiebra a las empresas de armas por participar en el comercio legal. Los fabricantes y distribuidores pueden seguir siendo demandados por productos defectuosos, incumplimiento de contrato, mala conducta criminal y otras acciones de las que son directamente responsables, pero no por el mero uso ilegal de sus productos por parte de delincuentes.
«Desgraciadamente para el gobierno de México, todas sus reclamaciones están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones», escribió el juez Saylor. «La PLCAA prohíbe inequívocamente las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas por los actos de los individuos que utilizan las armas para su propósito. Aunque el estatuto contiene varias excepciones estrechas, ninguna es aplicable aquí.
«Esta Corte no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso. Tampoco es su función diseñar estratagemas para evitar los mandatos estatutarios, incluso cuando las alegaciones de la demanda puedan evocar una respuesta comprensiva», escribió el juez. «Aunque la Corte siente una considerable simpatía por el pueblo de México y ninguna por quienes trafican con armas a las organizaciones criminales mexicanas, está obligada a cumplir la ley».
De acuerdo con The Reload, el fallo del juez Saylor «asesta un golpe importante a los esfuerzos en curso de los defensores del control de armas para socavar la PLCAA. El estatuto ha sido durante mucho tiempo un blanco para los grupos (…) [que] afirman que protege injustamente a los fabricantes de armas de Estados Unidos de la responsabilidad por los daños causados por la violencia armada. Los activistas del control de armas en Estados Unidos esperaban que la demanda de México sirviera como un potente vehículo para romper las protecciones del estatuto».
La Embajada de México en Estados Unidos y la Campaña Brady no respondieron al cierre de esta edición a una solicitud de comentario de The Epoch Times.
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