Un juez español ha procesado a la mujer y al socio de un directivo fallecido de la empresa pública de petróleo venezolana PDVSA por aflorar presuntamente en España fondos procedentes de dicha compañía mercantil y ocultarlos a la Hacienda Pública española.
Se trata de una pieza separada de la causa que sentará en el banquillo al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y a su hijo Alejo, acusados de la supuesta defraudación de las ganancias de casi 4.5 millones de euros (unos 5.03 millones de dólares) que este último obtuvo de sus negocios con la petrolera estatal entre 2013 y 2014.
En su auto conocido este martes, el magistrado Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional propone juzgar a dos personas vinculadas al directivo de PDVSA Juan Carlos Márquez, que fue encontrado ahorcado en 2019 en las oficinas de una consultoría en el municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid) después de haber declarado ante el juez, donde habría mostrado su disposición de colaborar.
El magistrado ha procesado a su mujer y a su socio por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, otro de falsedad y otro de blanqueo y, respecto a Márquez, incluye en su resolución la petición de la Fiscalía de decomiso contra sus hijos, algo que se resolverá en sentencia.
El auto expone que desde 2007 a 2015 Márquez y su socio, Carlos Adolfo Prada, se dedicaron al asesoramiento legal e intermediación a PDVSA por los que ingresaron en 2014 y 2015 más de 22.66 millones de euros.
De Jorge cree que, con el ánimo de defraudar fondos a Hacienda, Prada utilizó sociedades instrumentales carentes de medios y de actividad comercial para facturar servicios, cuando en realidad se nutrían presuntamente con fondos que procedían de PDVSA y que se transferían al ahora procesado.
El juez calcula que entre 2014 y 2015 este investigado obtuvo unas ganancias no justificadas de casi 250,000 euros que también ocultó a la Hacienda Pública española.
En cuanto a la viuda del directivo de PDVSA, sostiene que habría participado en transferencias a cuentas en el extranjero de fondos de origen ilícito, procedentes presuntamente de dádivas recibidas en 2012 por facilitar un negocio cambiario ilícito en PDVSA.
Para dar apariencia de legalidad a esos fondos y aflorarlos posteriormente se habrían servido de un complejo entramado societario y financiero en San Vicente y las Granadinas, Suiza y Panamá, y habrían otorgado presuntamente contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias, así como otras inversiones.
El juez indica cómo una parte de los fondos recibidos, más de 2.16 millones de dólares, transitaron por distintas cuentas abiertas en Suiza a nombre de personas interpuestas hasta que se transferían «a una cuenta en Suiza abierta a nombre de la fundación panameña Ayacucho, cuyo beneficiario» era Márquez y, «en su defecto, sus hijos».
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