Un juez de California dictaminó el lunes que no se puede responsabilizar a cuatro fabricantes de medicamentos por alimentar la epidemia generalizada de opioides en el estado, lo que supone un golpe importante en el caso de 50,000 millones de dólares.
Los abogados que representan a tres condados de California —Orange, Santa Clara y Los Ángeles, además de la ciudad de Oakland— presentaron la demanda en 2014.
Argumentaron que las compañías farmacéuticas Endo International Plc., Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y la unidad Allergan de AbbVie Inc., «participaron en un agresivo esquema de marketing falso y/o engañoso diseñado para aumentar, y que logró aumentar, la prescripción de medicamentos opioides de los demandados, y que el aumento de las prescripciones ha causado o contribuido a esta crisis de opioides que se experimenta en California».
Las empresas negaron cualquier delito.
En la sentencia del lunes, de 41 páginas (pdf), emitida por el juez del Tribunal Superior del Condado de Orange, Peter Wilson, éste dijo que «el Tribunal considera que los demandantes no han demostrado un perjuicio público que se puede enjuiciar por el que los demandados, o cualquiera de ellos, sean legalmente responsables».
«Este tribunal es consciente de los estragos que está causando en la sociedad lo que se ha denominado de forma diversa «crisis de los opioides» o «epidemia de los opioides», dice la decisión provisional.
«El abuso de drogas, incluido el abuso de opioides, no solo afecta a las personas directamente implicadas, sino también a sus familiares y amigos, a los médicos y otros proveedores de atención médica, a las salas de urgencias, a las fuerzas policiales y, de hecho, a todos los afectados en cada etapa del ciclo de abuso de drogas. Las tasas de hospitalización relacionadas con los opioides y las muertes relacionadas con los opioides demuestran claramente la enormidad del problema actual», continúa.
«Los demandados no discuten que exista una crisis de opioides. Lo que los demandados discuten es si los demandantes han demostrado que la crisis de los opioides constituye un perjuicio público que se puede enjuiciar del que los demandados, o alguno de ellos, son legalmente responsables».
La sentencia señalaba que «una persona puede volverse adicta a los opioides incluso si los toma según la prescripción de su médico», aunque decía que «existe una correlación directa entre el aumento de las prescripciones de opioides y la frecuencia del mal uso, el abuso, la sobredosis y las muertes relacionadas con las drogas».
Los demandantes buscaban decenas de miles de millones de dólares en indemnizaciones.
La legislatura de California aprobó en 1990 el artículo 2241.5 del Código de Empresas y Profesiones, que permite a un médico o cirujano prescribir, dispensar o administrar medicamentos peligrosos o sustancias controladas con receta para el tratamiento del dolor o de una afección que lo cause, incluido, entre otros, el dolor incurable.
Años más tarde, en 1997, se aprobó la Carta de Derechos del Paciente con Dolor, que garantizaba que los pacientes tuvieran acceso a medicamentos opiáceos cuando se considerara médicamente apropiado.
Sin embargo, en las últimas dos décadas, la epidemia de opioides en Estados Unidos ha cobrado la vida de casi 500,000 estadounidenses.
Según otros datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), casi 100,000 estadounidenses han muerto por sobredosis en el último año.
Mientras tanto, Johnson & Johnson ha aceptado participar en un acuerdo histórico de 26,000 millones de dólares que incluye a los mayoristas de medicamentos AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson por su presunto papel en la epidemia nacional de opioides.
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