Un juez federal emitió el jueves una orden judicial permanente que bloquea el ambiguo mandato fiscal del paquete de ayuda COVID-19 de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden.
El juez de distrito, Douglas R. Cole, del Tribunal del Distrito Sur de Ohio dictaminó que el mandato fiscal de la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos (ARPA) —que parece vincular el fondo de ayuda al nivel de autoridad de los estados para reducir los impuestos— excede la autoridad del Congreso en virtud de la Cláusula de Gastos, debido a su ambigüedad.
La Regla Final Provisional (IFR) emitida por el Departamento del Tesoro con la intención de aclarar el mandato fiscal «no subsana esa violación constitucional», declaró el juez.
«En consecuencia, este Tribunal CONCEDE la Moción de Ohio para una Orden Judicial Permanente (Doc. 38), y prohíbe al secretario [del Tesoro] tratar de hacer cumplir el Mandato Fiscal, 42 U.S.C. § 802(c)(2)(A), contra Ohio», dice el fallo (pdf).
El juez también expresó su preocupación por el hecho de que el mandato fiscal haya violado los principios de separación de poderes establecidos por los fundadores.
El fiscal general de Ohio, Dave Yost, aplaudió la sentencia y criticó a la administración Biden por extralimitarse.
«La administración Biden fue demasiado lejos. Se apoderó de demasiado y recibió una bofetada», dijo Yost. «Esta es una victoria monumental para la preservación de la Constitución de Estados Unidos: la separación de poderes es real y existe por una razón».
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro para obtener comentarios.
Una estipulación del amplio paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares provocó considerables disputas entre los estados republicanos y la administración Biden.
«Un Estado o territorio no utilizará los fondos proporcionados en virtud de esta sección (…) para compensar directa o indirectamente una reducción de los ingresos fiscales netos de dicho Estado o territorio resultante por un cambio en la ley, la regulación o la interpretación administrativa durante el período cubierto, que haya reducido cualquier impuesto (mediante la provisión de una reducción en una tasa, un reembolso, una deducción, un crédito, o de otra manera) o retrase la imposición de cualquier impuesto o aumento de impuestos», dice el proyecto de ley.
Varios estados republicanos argumentaron que este párrafo puede privar a sus autoridades de reducir los impuestos tras recibir la ayuda.
Ohio se convirtió en el primer estado en demandar a la administración Biden por su plan de rescate para la pandemia, argumentando el 17 de marzo que la disposición pone una «pistola en la frente de los estados» al impedirles reducir los impuestos y además excede la autoridad del Congreso.
Trece estados siguieron la demanda de Ohio y emprendieron acciones legales contra la disposición del mandato fiscal.
La demanda (pdf) de los 13 estados afirma que la disposición es «una de las más atroces tomas de poder por parte del gobierno federal» en la historia de la nación. Esta sostiene que la disposición, al estipular la forma en que los estados utilizan los fondos federales con respecto a los recortes de impuestos, es similar a obligar a los estados a renunciar al control de su autoridad fiscal, lo que no está permitido por la Décima Enmienda.
La demanda también acusa al gobierno federal de violar la doctrina del gasto condicionado y la doctrina anti decomisación.
El mandato fiscal «inhabilita a los estados para disminuir los impuestos a sus ciudadanos durante un periodo de más de tres años» y, al hacerlo, «usurpa» la capacidad de los estados para reducir sus cargas fiscales, alegaron los estados en la demanda.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó en marzo que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense no impide a los estados promulgar una amplia variedad de recortes fiscales.
«Es decir, la Ley no ‘niega a los Estados la capacidad de recortar impuestos de ninguna manera’. Simplemente establece que la financiación recibida en virtud de la Ley no puede utilizarse para compensar una reducción de los ingresos fiscales netos resultante de ciertos cambios en la legislación estatal», escribió Yellen en una carta en la que respondía a 21 fiscales generales. «Si los Estados bajan ciertos impuestos pero no utilizan los fondos de la Ley para compensar esos recortes —por ejemplo, sustituyendo los ingresos perdidos por otros medios— la limitación de la Ley no se implica».
El Departamento del Tesoro emitió una Regla Final Provisional, IFR (pdf), en este sentido el 7 de mayo de 2021.
Con información de Isabel Van Brugen y Mimi Nguyen Ly.
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