Un juez federal bloqueó las órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, que limitaban las reuniones religiosas en persona a no más de 10 feligreses debido a la pandemia del virus del PCCh.
Un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Kansas emitió una orden de restricción temporal el sábado para permitir los servicios religiosos en persona siempre y cuando cumplan con las pautas de distanciamiento social.
El caso fue presentado por dos iglesias bautistas que desafiaron la orden, argumentando que las órdenes de Kelly violarían los derechos de los feligreses, incluyendo su derecho de la Primera Enmienda del libre ejercicio de la religión.
Alliance Defending Freedom, la organización legal de derechos religiosos que representa a las iglesias, dijo que las órdenes de Kelly determinan que las iglesias no pueden realizar reuniones de 10 o más personas mientras que aún permite numerosas reuniones no religiosas que exceden ese número.
La organización dijo que las iglesias tienen menos de 100 personas cada una en condados rurales de Kansas donde la tasa de infección es de menos de una décima parte de una persona. Además, las dos iglesias también han implementado estrictas medidas de distanciamiento social que incluyen controles de temperatura, separaciones de seis pies entre personas y reducciones en el límite de ocupación.
El juez John Broomes, designado por el presidente Trump, dijo el sábado (pdf) que las dos iglesias «probablemente sufrirán un daño irreparable por la forma en que se les ha negado su derecho constitucional al libre ejercicio de su religión, debido a las restricciones impuestas por el Estado a los ejercicios religiosos que no están diseñadas para fomentar el interés gubernamental de detener la propagación del COVID19, y que son más severas que las restricciones a algunas actividades no religiosas comparables».
Broomes añadió que las iglesias también pueden tener éxito en su demanda alegando una violación en su derecho a la Primera Enmienda. La orden permanecerá en vigor hasta el 2 de mayo.
Las dos iglesias también están obligadas a adherirse a una serie de protocolos de distanciamiento social y de salud pública destinados a mitigar el riesgo de la propagación de la pandemia.
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Esto sucede después de que el Departamento de Justicia sopesara la actual disputa entre los líderes religiosos y los funcionarios estatales y locales que tratan de contener la propagación del virus del PCCh.
El departamento argumentó en una declaración de interés en una disputa similar que involucraba a una iglesia de Misisipí que, aunque es importante que los funcionarios locales y estatales impongan restricciones para hacer cumplir el distanciamiento social, no se les permite separar a la iglesia y a las entidades religiosas para pedirles un tratamiento distintivo.
Cualquier restricción gubernamental debe ser neutral, en el sentido de que cualquier restricción aplicada a la actividad religiosa debería ser de la misma manera que a una actividad no religiosa, dijo el Fiscal General William Barr en un comunciado.
«Por ejemplo, si un gobierno permite que los cines, restaurantes, salas de conciertos y otros lugares de reunión comparables permanezcan abiertos y sin restricciones, no puede ordenar que las iglesias cierren, limiten el tamaño de sus congregaciones o impidan de alguna otra manera las reuniones religiosas», dijo. «Las instituciones religiosas no deben ser señaladas para cumplir con cargas especiales».
Ryan Tucker, consejero principal de la Alianza Defensora de la Libertad, acogió con satisfacción la decisión del sábado.
«Seleccionar iglesias para aplicar un castigo especial mientras se permite a otros tener mayor libertad es tanto ilógico como inconstitucional», dijo Tucker en una declaración. «Estamos complacidos de que la corte haya detenido a la gobernadora de someter a nuestros clientes a ese tipo de señalamiento y acordamos que es probable que las iglesias prevalezcan en su reclamo de que hacerlo viola la Primera Enmienda».
El Fiscal General de Kansas, Derek Schmidt, también apoyó la decisión del tribunal, diciendo en un comunicado que «el fallo es un recordatorio muy necesario de que la Constitución no está bajo una orden de permanecer en casa y la Declaración de Derechos no puede ser puesta en cuarentena».
«La Constitución protege nuestras libertades especialmente en tiempos de crisis, cuando la historia revela que los gobiernos se apresuran a sacrificar los derechos de unos pocos para calmar los temores de muchos. Como siempre he aconsejado, la gobernadora de Kansas no debe discriminar las reuniones religiosas amenazando a los fieles con arrestarlos o encarcelarlos mientras permite que se lleven a cabo reuniones seculares comparables», dijo Schmidt.
Añadió que aunque el gobierno no puede imponer restricciones de manera selectiva a los habitantes de Kansas, pero no a otros, sigue instando firmemente a los líderes religiosos del estado a que cancelen todos los servicios en persona y el culto a distancia durante la pandemia.
Kelly continuó defendiendo su orden a pesar del fallo. «Esto no se trata de religión. Se trata de una crisis de salud pública», dijo en una declaración a Associated Press.
La orden ejecutiva de Kelly (pdf) restringe las reuniones religiosas de más de 10 feligreses, pero prevé exenciones para 26 tipos de actividades seculares como en los aeropuertos o en algunos establecimientos comerciales esenciales.
La semana pasada, el Consejo de Coordinación Legislativa de Kansas intentó deshacer la orden de Kelly sobre las reuniones de las iglesias pero su intento fue anulado después de que la gobernadora llevara el asunto a la corte suprema del estado.
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