En septiembre de 2021, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, había emitido un memorando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pidiendo a sus oficiales que redujeran su atención en el arresto de inmigrantes que representaran una amenaza para la seguridad pública o nacional, así como a los inmigrantes que hubieran cruzado ilegalmente la frontera estadounidense recientemente. Esto contradecía las políticas bajo la administración Trump que permitían a los oficiales del ICE una latitud más amplia a la hora de arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales.
En su fallo, el juez Michael Newman se puso del lado de los tres estados que argumentaron que tales instrucciones deberían provenir solamente del Congreso y no del ejecutivo.
Al emitir una orden judicial a nivel nacional, Newman prohibió que los agentes federales tomaran «decisiones de custodia» con base en el memorando del DHS de septiembre de 2021. También prohibió utilizar el memorando para liberar o retrasar la deportación de los inmigrantes que hayan recibido órdenes finales de deportación.
«Los estados demandan porque creen que el DHS eludió los mandatos del cumplimiento de la ley de inmigración del Congreso cuando emitió una política que da prioridad a la detención y expulsión de ciertos no ciudadanos de alto riesgo. El DHS sostiene que los estatutos aparentemente obligatorios deben leerse de manera flexible para permitir aplicación de la ley eficiente», indicó el fallo.
«En el fondo, de eso se trata esta disputa: ¿El Ejecutivo puede desplazar una orden clara del Congreso en nombre de la asignación de recursos y de los objetivos de aplicación de la ley? En este caso, la respuesta es no».
Al emitir el memorando en septiembre, Mayorkas había argumentado que el solo hecho de que alguien sea un no ciudadano removible no debe ser el único fundamento de una imputación de aplicación de la ley en su contra.
Sin embargo, el juez Newman señaló que ciertas leyes imponen al DHS un «deber obligatorio» de detener a «ciertos no ciudadanos» y deportarlos. El memorando «ignora estos mandatos y desprecia arbitrariamente los perjuicios de la no aplicación de la ley», dice el fallo.
Los funcionarios republicanos celebraron la decisión de la corte. El fallo es una victoria para quienes quieren que sea el poder ejecutivo el que haga cumplir las leyes, dijo el fiscal general de Ohio, Dave Yost, en una entrevista con The Washington Post, al tiempo que agregó que la decisión judicial deja en claro que ICE no tiene la autoridad para poner en libertad a los inmigrantes que el Congreso ya decidió que deben ser deportados.
“VICTORIA: Un juez federal acaba de bloquear la política ilegal de la Administración Biden que detuvo casi todas las deportaciones luego de que nuestra oficina impugnó esta directriz. Nuestra oficina ha estado a la vanguardia de las batallas por el estado de derecho este último año. Arizona no merece menos”, dijo Mark Brnovich, el fiscal General de Arizona, en un tuit el 22 de marzo.
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