Juez federal bloquea nueva norma laboral para trabajadores agrícolas migrantes en 17 estados

La juez consideró que el Departamento de Trabajo se había extralimitado en sus funciones

Por Caden Pearson
27 de agosto de 2024 10:07 AM Actualizado: 27 de agosto de 2024 10:07 AM

Una juez federal de Georgia bloqueó el lunes una nueva norma laboral que otorgaría a los trabajadores agrícolas extranjeros con visados temporales estadounidenses ciertos derechos y protecciones.

Una coalición de 17 estados liderada por Kansas, Georgia y Carolina del Sur, junto con la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Georgia y una granja de Georgia, argumentaron que una reciente regulación del Departamento de Trabajo (DOL) viola la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA), una ley federal de 1935 que les permite a ciertos empleados sindicalizarse.

La NLRA permite a los trabajadores organizarse y negociar colectivamente y considera una “práctica laboral desleal” que los empresarios “dominen o interfieran” en ello. Sin embargo, los jornaleros agrícolas quedaron explícitamente excluidos de la definición de la ley sobre el término “empleado” .

La juez de distrito estadounidense Lisa Godbey Wood falló a favor de los estados y concedió una medida cautelar para bloquear la entrada en vigor de la normativa.

“Al aplicar la norma final, el DOL ha excedido la autoridad general que la Constitución otorga a las agencias”, escribió en su decisión de 38 páginas.

La juez consideró que las dos granjas implicadas en la demanda, Miles Berry Farm y Georgia Fruit and Vegetable Growers Association, sufrirían un daño financiero irreparable si se aplicaba la norma. Las granjas argumentaron que sus costes aumentarían como consecuencia de la norma.

Los estados también argumentaron que la norma otorgaría derechos a los titulares de visados H-2A de los que ni siquiera disfrutan los ciudadanos estadounidenses. El programa de visados H-2A, autorizado en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de casi 40 años de antigüedad, permite a los extranjeros entrar temporalmente en Estados Unidos para trabajar en el sector de la mano de obra agrícola.

Los estados implicados en la demanda son Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.

Además de buscar proteger a los trabajadores sindicalizados, la norma pretendía aclarar el despido “por causa justificada”, mejorar los requisitos de seguridad en el transporte y mejorar el lenguaje que aclara que los empresarios no pueden confiscar los pasaportes de los trabajadores.

Norma definitiva

En abril, el Departamento de Trabajo publicó las condiciones mínimas de empleo que consideraba necesarias para neutralizar los efectos negativos de la contratación de trabajadores extranjeros temporales. La responsabilidad del Departamento es garantizar que la contratación de trabajadores H-2A no afecte negativamente a los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores empleados de forma similar en Estados Unidos.

La norma final creó el derecho de los trabajadores extranjeros con visados H-2A a participar en una “actividad concertada” para garantizar que sus empleadores no infrinjan las normas mínimas establecidas por el DOL.

En concreto, la norma prohibía las represalias contra los titulares de visados H-2A que decidieran sindicarse y participar en actividades conexas.

El DOL argumentó que había violaciones “generalizadas” al programa de visados, señalando los datos de las investigaciones de su División de Salarios y Horas que mostraban violaciones el 88 por ciento de las veces en las granjas que inspeccionaban. El departamento señaló que “no puede investigar todas las granjas”.

El departamento argumentó que los trabajadores H-2A son vulnerables a la explotación debido a la naturaleza del trabajo temporal y a su ubicación geográfica. Según los documentos judiciales, el DOL dijo que los empleadores H-2A a menudo “toman represalias contra los trabajadores H-2A por hacer valer o defender sus derechos”.

La juez consideró que el Congreso no pretendía otorgar a los trabajadores agrícolas el derecho a “participar en actividades concertadas para promover sus intereses”.

“El DOL puede asistir al Congreso, pero no convertirse en el Congreso”, escribió la juez Wood.

Los estados solicitaron una medida cautelar de ámbito nacional, pero la juez denegó esta petición, al considerar que podían recibir una “reparación completa” sin ella.


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