Un juez federal ha dictado una orden preliminar que paraliza parte de la prohibición de Indiana de los procedimientos de transición de género para menores, a la espera del resultado de un recurso judicial.
El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. James Patrick Hanlon, nombrado por el expresidente Donald Trump, bloqueó la aplicación de las disposiciones de la ley que prohibían los bloqueadores de la pubertad y la terapia de hormonas del sexo opuesto para menores.
Hanlon también bloqueó la parte de la ley que impedía a los médicos hablar de estos tratamientos con médicos de otros estados.
Los demandantes carecían de legitimación
Sin embargo, Hanlon permitió que se mantuviera la prohibición de la cirugía de reasignación de sexo, escribiendo en su sentencia que los demandantes carecían de legitimación «para impugnar esa prohibición porque en Indiana no se practican cirugías de reasignación de sexo a menores».
En su sentencia, Hanlon reconoció el gran interés de Indiana en hacer cumplir las leyes promulgadas democráticamente y reconoció las razones del estado para regular los procedimientos de transición de género de los menores. No obstante, determinó que los demandantes habían demostrado una probabilidad de éxito al demostrar que la ley violaría sus derechos a la igualdad de protección y a la libertad de expresión.
«Aun así, los demandantes han cumplido su carga de demostrar cierta probabilidad de éxito en sus alegaciones de que [la ley] violaría sus derechos de igualdad de protección en virtud de la Decimocuarta Enmienda y sus derechos de libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda», escribió Hanlon en su sentencia (pdf).
Derecho a una medida cautelar
Hanlon concluyó que la amplia prohibición de los procedimientos de transición de género no se ajustaba suficientemente a los intereses del Estado, lo que daba derecho a los demandantes a una medida cautelar.
«Según las pruebas disponibles en esta fase preliminar, no existe un ‘aproximación medios-fin’ entre las importantes razones del Estado para regular la prestación de procedimientos de transición de género a menores y la amplia prohibición [de la ley] de esos procedimientos», continuó la sentencia. «Así pues, cuando se sopesan los intereses del Estado frente a la probabilidad de que los demandantes puedan demostrar que [la ley] violaría sus derechos constitucionales y el riesgo de daños irreparables, los demandantes tienen derecho a una medida cautela».
El portavoz del fiscal general de Indiana, Todd Rokita, dijo en comentarios a The Hill que el estado defendería sus leyes y «lucharía por los niños».
«La Corte reconoce abiertamente que las pruebas que demuestran la seguridad y eficacia de los bloqueadores de la pubertad y de la terapia hormonal son inciertas e inestables», dijo el portavoz. «También reconoce que el Estado ha demostrado que hay buenas razones para regular los procedimientos de transición de género de los menores».
Proyecto de ley de transición de género
La legislación en cuestión prohíbe a los médicos o profesionales proporcionar «procedimientos de transición de género» a personas menores de 18 años, incluso con el consentimiento paterno. También les prohíbe ayudar o facilitar a otros la reasignación de sexo de menores.
El proyecto de ley define los procedimientos de transición de género como «cualquier servicio médico o quirúrgico que pretenda alterar o extirpar quirúrgicamente características o rasgos físicos o anatómicos saludables propios del sexo del individuo», incluida la extirpación de pechos o genitales.
Los legisladores republicanos de Indiana intentaron promulgar este proyecto de ley en medio de un impulso nacional de las legislaturas dirigidas por el Partido Republicano para proteger a los menores de los daños potencialmente irreparables que, según ellos, pueden causar estos procedimientos de transición de género. Sin embargo, quienes se oponen a estas prohibiciones las consideran un freno a los derechos LGBT.
La aprobación de la prohibición se produjo tras acaloradas audiencias en las que los opositores argumentaron que tales procedimientos reducen el riesgo de depresión y suicidio entre los jóvenes transexuales.
Los defensores de estas prohibiciones, entre los que se encuentran personas que se han arrepentido de someterse a estos procedimientos de transición de género cuando eran menores, afirman que ellos y sus padres fueron presionados para dar su consentimiento.
Un reportaje reciente de The Daily Wire ha planteado la cuestión de si algunos profesionales sanitarios están «aprobando automáticamente» los diagnósticos de disforia de género. Este diagnóstico, que representa que una persona se siente angustiada porque su cuerpo no coincide con su identidad de género, es necesario para que el seguro cubra los procedimientos de transición.
Estaba previsto que la ley de Indiana, promulgada por el gobernador republicano Eric Holcomb el 5 de abril, entrara en vigor el 1 de julio, pero el mandato judicial preliminar impide ahora su aplicación hasta que se resuelva el recurso judicial.
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