Un juez federal calificó de «estúpida» una reciente ley de Illinois dirigida contra los centros de salud para madres y los asesores en las calles por expresar su mensaje provida, después de que bloqueara la aplicación de la ley.
El juez Iain D. Johnston, de la División Oeste del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, hizo esta caracterización en una orden formal de interdicto preliminar (pdf) fechada el 4 de agosto, al día siguiente de emitir oralmente su fallo desde el estrado, en el que consideraba que la ley era inconstitucional.
La demanda, presentada el 27 de julio, es Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida (NILFA) contra Raoul. El fiscal general de Illinois, el demócrata Kwame Raoul, es el demandado en el procedimiento judicial, al que se demanda a título oficial. La demanda sigue pendiente en los tribunales.
El juez Johnston fue nombrado en septiembre de 2020 por el presidente Donald Trump.
La orden judicial ha detenido la aplicación de la SB1909, la Ley de Illinois sobre Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas, al menos de momento.
La ley, que el gobernador de Illinois, el también demócrata J.B. Pritzker, firmó el 27 de julio, horas antes de que se iniciara la demanda, «prohíbe a los llamados ‘centros de crisis del embarazo’ utilizar información errónea, prácticas engañosas o tergiversaciones para interferir en el acceso a los servicios de aborto o anticoncepción de urgencia», dijo su oficina en un comunicado de prensa.
El Sr. Raoul dijo entonces que «fue testigo directo de las tácticas engañosas de los centros de embarazos no deseados en una visita a un centro de salud de Planned Parenthood en Illinois».
Había «personas que parecían trabajar allí… fuera intentando desviar a los pacientes del centro de salud», dijo.
«Las pacientes informan que acuden a los centros de embarazos no deseados -a veces incluso para someterse a exámenes y ecografías- pensando que estaban visitando una clínica que ofrece toda la gama de atención reproductiva».
«Como resultado, las pacientes pueden revelar información médica personal, sin saber que el centro puede no mantener esa información privada y confidencial», dijo. Al firmar la ley, el gobernador «está ayudando a proteger a los pacientes que buscan atención en Illinois de estas violaciones extremas de la confianza y la privacidad».
El Sr. Pritzker apareció en la CNN el 4 de agosto para defender la ley después de que el juez Johnston la bloqueara. La ley es constitucional, argumentó el gobernador.
«Es como el caso contra el presidente Trump», dijo.
«Tienes derecho a la libertad de expresión, pero no tienes derecho a mentir. No tienes derecho a utilizar esas mentiras para empujar a la gente a situaciones en las que, francamente, están infringiendo la ley, o en las que desconocen cuáles son sus plenos derechos. Así que tenemos que asegurarnos de que la gente sepa cuáles son sus derechos».
Los demandantes que interpusieron una demanda para detener la ley se opusieron a ella porque declaraba que el discurso provida de los ministerios de ayuda al embarazo es una «práctica comercial engañosa». Litigaron para proteger el derecho de los centros provida y de los asesores en las calles de todo el estado a continuar su labor de ayuda a las mujeres de todo Illinois que se enfrentan a embarazos no deseados.
En la nueva orden judicial, el juez Johnston ridiculizó la ley estatal.
El difunto juez de la Corte Suprema Antonin Scalia «dijo una vez que ojalá todos los jueces federales tuvieran un sello que dijera ‘estúpido pero constitucional'», escribió.
«La SB 1909 es estúpida y muy probablemente inconstitucional», dijo el juez.
«Es estúpida porque su propio partidario admitió que no era necesaria y que no estaba respaldada por pruebas cuando fue cuestionada».
«Es probablemente inconstitucional porque es un ejemplo flagrante de cómo el gobierno toma partido por el discurso de quién es sancionable y por el discurso de quién está inmunizado… Es probable que la SB 1909 sea un clásico de la discriminación de contenidos y puntos de vista prohibida por la Primera Enmienda».
El tipo de discurso regulado por la ley «es extremadamente controvertido», y la ley en sí «no es una regulación constitucional del discurso profesional».
«Los demandantes han demostrado mediante pruebas indiscutibles que sufrirán daños irreparables en ausencia de un requerimiento judicial preliminar. Es más que probable que se violen sus derechos de la Primera Enmienda, lo que constituye un daño irreparable», escribió el juez.
Aplauden la valoración del juez
Peter Breen, vicepresidente ejecutivo y responsable de litigios de la Sociedad Thomas More, bufete nacional de abogados de interés público con sede en Chicago que representa a la NILFA, acogió con satisfacción la contundente evaluación de la ley por parte del juez.
«Agradecemos que el tribunal cortara la retórica y llegara directamente al meollo de lo que esta ley estaba haciendo a los pequeños ministerios de salud provida para embarazadas», declaró a The Epoch Times en una entrevista.
«El juez comprendió claramente el daño que la Ley 1909 del Senado de Illinois estaba causando a los ministerios de salud para embarazadas, ya fueran centros de embarazos o asesores en las calles, y actuó con rapidez para garantizar que nuestros clientes estuvieran protegidos, al menos durante la pendencia del caso».
El Sr. Breen dijo que esperaba que el trato dado por el juez Johnston a la SB 1909 disuadiera a las legislaturas de otros estados de aprobar leyes similares.
«Hay otros estados que están estudiando o promulgando leyes similares, y tenemos muchas esperanzas de que esta sentencia sea realmente considerada, especialmente por las legislaturas de los estados azules, como una advertencia de que si intentan restringir el discurso provida como ha hecho Illinois, van a tener una recepción hostil en un tribunal federal de distrito».
«Ya sea en el ámbito del aborto o en cualquier otro, el gobierno no debería decir a la gente qué es verdad y qué es mentira cuando se trata de cuestiones sustanciales de controversia pública como ésta».
El Sr. Breen también compartió sus reflexiones sobre la estrategia jurídica.
«Una de las razones, sobre todo en un caso de la Primera Enmienda, por las que conviene solicitar pronto una orden preliminar, es para tener una idea de la valoración jurídica que hace el tribunal de una nueva ley», dijo.
«Y esta decisión fue una condena tan firme de la ley como inconstitucional que el estado puede sentir que tiene que apelar esta sentencia porque esas conclusiones de la ley, las conclusiones de la ley, probablemente no cambiarán entre la fase preliminar y la sentencia final al final del caso», dijo el abogado.
«Si se mantienen, perderás el caso de todos modos. Así que ese puede ser otro factor que entraría en el cálculo del fiscal general a la hora de decidir si apela o no».
Si el Sr. Raoul desea presentar una apelación contra la orden judicial ante el Tribunal de Apelación del 7º Circuito, dispone de 30 días a partir de la fecha de la decisión, el 3 de agosto, para hacerlo.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del Sr. Raoul para pedirle comentarios, pero al momento de la publicación de este artículo no había recibido respuesta.
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