Una ley de Missouri que habría penalizado a la policía que haga cumplir las leyes federales sobre armas fue declarada inconstitucional por un juez federal el martes, dando una victoria al Departamento de Justicia de la administración Biden que presentó una demanda contra la dicha legislatura el año pasado.
El Departamento de Justicia (DOJ) alegó que la ley estaba socavando a los investigadores federales de drogas y armas al imponer fuertes multas de hasta 50,000 dólares a los departamentos de policía si al aplicar alguna ley federal «infringían» los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos de Missouri.
La legislatura, titulada Ley de Preservación de la Segunda Enmienda (SAPA), fue declarada «inválida, nula y sin efecto» por el juez de la Corte de Distrito de EE. UU. , Brian Wimes, magistrado designado por Obama.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, dijo en una declaración en las redes sociales que planea apelar el fallo de la Corte ante la Corte del Octavo Circuito, donde espera un «mejor resultado».
«Como fiscal general, protegeré la Constitución, lo que incluye defender el derecho fundamental de los habitantes de Missouri a portar armas», dijo Bailey en una cadena de Twitter. «Si la legislatura estatal quiere ampliar los derechos fundacionales codificados en la Segunda Enmienda, tienen la autoridad para hacerlo. Pero SAPA también trata de la Décima Enmienda. Se trata del federalismo y la libertad individual, así que apelaremos el fallo de la Corte».
Ley de Preservación de la Segunda Enmienda
Promulgada por el gobernador de Missouri, Mike Parson, en junio de 2021, la ley declara inválidas todas las leyes federales que infrinjan el derecho a portar armas en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y de la Constitución de Missouri.
La ley define como infracciones a «ciertos impuestos, ciertas leyes de registro y rastreo, ciertas prohibiciones de posesión, propiedad, uso o transferencia de un tipo específico de arma de fuego y órdenes de confiscación».
La ley declara «que la supremacía federal no se aplica a las leyes federales que restringen o prohíben la fabricación, propiedad y uso de armas de fuego, accesorios de armas de fuego o munición dentro del estado porque dichas leyes exceden el alcance de la autoridad del gobierno federal».
Además, impone el deber de proteger los derechos de los «ciudadanos respetuosos de la ley a poseer y portar armas», dejándolo a cargo de los tribunales y las fuerzas del orden del estado.
«En virtud de esta ley, ningún funcionario público o empleado estatal o local tiene autoridad para hacer cumplir las leyes sobre armas de fuego declaradas inválidas por la ley. Sin embargo, los empleados estatales pueden aceptar la ayuda de funcionarios federales en un esfuerzo por hacer cumplir las leyes de Missouri. La inmunidad soberana no será una defensa afirmativa en virtud de esta ley».
La multa para un funcionario público o empleado estatal o local que intentara hacer cumplir la ley considerada inválida por la ley queda sujeta a una sanción de «USD 50,000 por empleado contratado por el organismo encargado de hacer cumplir la ley».
La ley no tipifica como infracción ayudar a los funcionarios federales en la persecución de un sospechoso en determinados casos, incluidos los delitos graves de violación de armas y sustancias controladas.
Impugnada por el DOJ
En su demanda contra la ley del estado, el DOJ argumentó que la ley viola la Constitución de Estados Unidos al ignorar la supremacía federal, tal como establece la ley. Además de pedir la nulidad de la ley, el DOJ solicitó que se declare que los funcionarios estatales y locales pueden participar en grupos de trabajo o investigaciones federales sin temor a ser sancionados.
En 2022, el DOJ presentó una demanda argumentando que la ley de Missouri socava las investigaciones federales sobre drogas y armas.
«Las operaciones de aplicación de la ley de Estados Unidos se han visto afectadas a través de retiros y/o limitaciones en la cooperación en grupos de trabajo conjuntos federales-estatales, restricciones en el intercambio de información, confusión sobre la validez de la ley federal a la luz de SAPA y discriminación contra empleados federales y aquellos delegados para la aplicación de la ley federal que aplican legalmente la ley federal», alegan los documentos judiciales.
Un agente federal a cargo de la División de Campo de Kansas City, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), afirmó en una declaración jurada presentada ante la Corte en una demanda separada, que una docena de funcionarios estatales y locales se retiraron de participar en los grupos de trabajo de la ATF al menos en parte debido a la ley, según The Missouri Independent.
El juez Wimes indicó en su sentencia que la ley federal no puede ser anulada por ninguna ley estatal y que los legisladores de Missouri son conscientes de ello.
«Los efectos prácticos de SAPA son contrarios a su propósito declarado», escribió Wimes. «Mientras que pretende proteger a los ciudadanos, SAPA expone a los ciudadanos a un mayor daño al interferir con la capacidad del Gobierno Federal para hacer cumplir las regulaciones de armas de fuego legalmente promulgadas diseñadas por el Congreso con el fin de proteger a los ciudadanos dentro de los límites de la Constitución».
El juez añadió que los funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley en el estado pueden unirse a los grupos de trabajo federales, ayudar en la investigación y aplicación de los delitos federales con armas de fuego, y compartir plenamente la información con el gobierno federal sin temor a sanciones.
«Se prohíbe a los estados de Missouri y a sus funcionarios, agentes y empleados, así como a
“Los estados de Missouri y sus funcionarios, agentes y empleados y cualquier otro en concierto activo con tales individuos tienen prohibido cualquier y toda implementación y aplicación de H.B. 85».
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