BEAUMONT, Texas. Los abogados de un denunciante, que alega irregularidades durante el ensayo clínico de la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech, argumentaron en la corte federal el 1 de marzo que su caso debería avanzar a la fase de presentación de pruebas.
Los abogados de los demandados -Pfizer y dos subcontratistas, Ventavia Research Group e ICON- intentaron convencer al juez de que desestimara el caso. De tener éxito, sus clientes evitarían las declaraciones bajo juramento.
Los abogados de la defensa le dijeron al juez el miércoles que el hecho de que se produjeran violaciones al protocolo era irrelevante en última instancia porque el gobierno federal tenía conocimiento de ellas, pero aun así concedió la autorización de emergencia a la vacuna de Pfizer.
Señalaron que el gobierno federal respaldó las mociones del acusado, afirmando que incluso si se violaron las normas, los problemas sólo afectaron a un pequeño número de centros de ensayo.
Los abogados de Brook Jackson, la denunciante, respondieron afirmando que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) autorizó la vacuna antes de revisar la información facilitada por Jackson.
El juez de distrito Michael Truncale, designado por Trump para supervisar el caso, dijo que no emitiría un fallo desde el banquillo, y hasta el 2 de marzo no se había emitido una decisión.
Truncale dijo que generalmente no permitía argumentos orales sobre mociones para hacer desestimaciones, pero sintió que era necesario para el debido proceso en un caso que había captado la atención del público.
Infracciones
Ventavia dirigió algunos de los sitios para el ensayo clínico de Fase 3 de la vacuna anti-COVID de Pfizer. La compañía no informó adecuadamente los eventos adversos y no mantuvo a todos los participantes bajo las reglas doble ciego de la prueba, según comunicaciones internas reveladas por Jackson.
Ventavia y otras empresas fueron contratadas por la empresa de investigación clínica ICON, que Pfizer contrató para supervisar los sitios de ensayo.
Jackson fue contratada por Ventavia en septiembre de 2020. Trabajó en ensayos clínicos durante 18 años y ha sido descrita como una experta. Fue despedida el mismo día en que alertó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) de irregularidades en los ensayos, 18 días después de comenzar el nuevo trabajo.
Jackson demandó a Ventavia, Pfizer e ICON en 2021 por violar la Ley de Reclamaciones Falsas, una ley que prohíbe realizar a sabiendas una reclamación falsa o fraudulenta de pago o aprobación del gobierno. También acusó a Ventavia de represalias ilegales.
Antes de la audiencia, Jackson le dijo a The Epoch Times que apelaría el caso si el juez lo desestimaba porque el público merece la verdad: Que las vacunas no son seguras ni efectivas porque los datos fueron manipulados.
“Hice esto en nombre del pueblo estadounidense”, dijo.
Las empresas han dicho que Jackson no ha probado que se hayan producido violaciones, en parte, debido a cómo se estructuró el contrato entre Pfizer y el gobierno.
Decisión de la FDA
Truncale cuestionó a los abogados de ambas partes durante las presentaciones orales.
El juez preguntó si la decisión de la FDA de no continuar con el problema afectó la validez del reclamo.
Dijo que podría haber muchas razones por las que la FDA podría haber decidido no involucrarse, incluidas las «políticas».
“Entonces, si la FDA se equivoca, ¿simplemente se equivocan y vivimos con eso?”, preguntó Truncale.
«Exactamente», dijo el abogado de Pfizer Carlton Wessel, añadiendo que, si el gobierno no cree que haya sido defraudado, eso debería poner fin al caso.
El juez planteó una situación hipotética sobre si el tribunal podría actuar en los casos en que el gobierno pueda ocultar cosas o encubrirlas.
“No hay una gran conspiración aquí”, dijo Wessel. “La vacuna no es una cosa política”.
Wessel dijo que el gobierno continuó comprando la vacuna y expresó “plena confianza en los datos”. Dijo que los expertos del gobierno deberían tomar las decisiones sobre la vacuna, no Jackson.
Pero Robert Barnes, uno de los abogados de Jackson, dijo que el hecho de que el gobierno siguiera pagando la vacuna no significaba que no hubiera ningún problema.
“El gobierno bajo ese contrato no tiene derecho a retener el pago”, agregó Warner Mendenhall, otro abogado de Jackson.
La FDA dice que la vacuna es segura y efectiva, dijo Barnes al juez, pero ahora todo el mundo “conoce las consecuencias”.
Mendenhall argumentó que el caso merece una mayor investigación mediante la presentación de pruebas.
Refutó que la FDA conociera lo esencial de la queja de Jackson antes de emitir la autorización de la vacuna. Las pruebas indican que la FDA autorizó la vacuna antes de revisar la información que ella proporcionó, dijo.
Mendenhall afirma que hubo preocupaciones de algunos dentro de la FDA sobre datos fraudulentos.
“Interés del pueblo”
El caso se abrió en 2022, después de que el gobierno de EE.UU. se negara a respaldar a Jackson. En su lugar, se ha presentado en apoyo a las mociones de desestimación.
Mendenhall dijo que Jackson informó que las firmas en los formularios de consentimiento no se obtuvieron hasta después de que se administró el placebo o la vacuna de prueba, no se mantuvieron los controles de temperatura y no se controló a los pacientes.
Dijo que el público merece saber qué sucedió con los ensayos de vacunas.
“Ese es el interés que importa aquí, el interés de la gente”, dijo Mendenhall.
Después de la audiencia, Jackson dijo que cree que su caso es importante para aquellos que han resultado afectados por la vacuna y espera que los fondos recuperados a través del litigio se destinen a un fondo para ayudarlos. Agregó que sentía que el juez estaba al tanto de la importancia del caso.
“Sentí que fue muy minucioso y entendió que este es un caso importante”, le dijo Jackson a The Epoch Times.
Descubrimiento
Jackson espera que el caso siga adelante y que sus abogados puedan interrogar a los investigadores principales de cada centro de ensayos clínicos e incluso al Dr. Anthony Fauci, si es posible. Fauci, antiguo director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, promocionó ampliamente las vacunas anti-COVID como seguras y eficaces.
Aunque los críticos la han llamado una antivacunas, Jackson señaló que había trabajado en ensayos clínicos durante casi dos décadas.
«Amo a mi país. Soy anticorrupción”, dijo. “Para mí, todo se trata de los afectados por la vacuna y de derrotar a la industria farmacéutica”.
Mendenhall dijo antes de la audiencia que el equipo de Jackson esperaba obtener materiales a través del descubrimiento si se permitía que el caso avanzara.
“Obtenemos los documentos internos de Pfizer y realmente podemos profundizar en lo que les sucedió a estos 44,000 participantes del ensayo”, le dijo Mendenhall a NTD.
Mendenhall cree que los materiales mostrarían que «muchos otros sitios de prueba en realidad se estaban ejecutando de una manera que no es apropiada para obtener buenos datos».
“Y si no tienen buenos datos, entonces la FDA retirará esa autorización de uso de emergencia”, dijo Mendenhall. “No tienen suficientes datos para respaldarlo, y si eso sucede, todo esto terminará. Se acabaron los mandatos; se acabó la inyección”, agregó.
Ventavia acusó a Jackson de ingresar a la empresa con “una agenda”. Señaló que grabó conversaciones con los empleados y entró en ciertas áreas sobre las que no debió haber ingresado.
Jackson dijo que se vio obligada a documentar lo que encontró, incluida la información del paciente que se dejó a la vista, el material peligroso que se almacenó incorrectamente y otras violaciones.
“Fui la primera en llegar y la última en marcharme, prácticamente desde el primer día”, dijo Jackson. “Simplemente tratar de controlar el caos es la única forma en que puedo describirlo”.
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