Un juez federal dictaminó que Florida no violó ninguna medida cautelar existente al recopilar una lista de programas de teoría crítica de la raza (CRT) y de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
“Aunque este tribunal no dudaría en exigir el cumplimiento de su medida cautelar preliminar, este tribunal determina que no ha habido violación de la medida cautelar en este momento”, escribió en su decisión del 12 de enero el juez de distrito de EE. UU., Mark E. Walker.
El 28 de diciembre, el director de política y presupuesto de Florida para el gobernador Ron DeSantis emitió un memorando a las universidades del estado pidiéndoles “proporcionar una lista completa de todo el personal, los programas y las actividades del campus relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión y de la teoría crítica de la raza».
En una “moción para obligar” (pdf) presentada el 11 de enero en nombre de los demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo de Defensa Legal (LDF) argumentaron que el memorando violaba una medida cautelar preliminar que suspendía la ejecución de la Ley de 2022, la «Ley Stop Wrongs to Our Kids and Employees» (Ley Paren el mal de nuestros hijos y empleados) conocida como Ley Stop WOKE. La Ley prohíbe que las escuelas y los lugares de trabajo incluyan la teoría crítica de la raza (CRT), un marco casi marxista que ve a Estados Unidos como institucionalmente racista, en sus enseñanzas y capacitación.
Después de que en abril DeSantis promulgó la legislación, con fecha de entrada en vigencia el 1 de julio, el juez de distrito de EE. UU., Mark E. Walker, otorgó en agosto una medida cautelar preliminar que bloquea la restricción de la capacitación de la CRT en las empresas. Luego, en noviembre, dio otro amparo y suspendió la parte de la legislación en las universidades.
“A pesar del fallo de la corte, la administración del gobernador DeSantis emitió un memorando en diciembre que requiere que las universidades de Florida brinden información sobre la posible teoría crítica de la raza y la actividad de diversidad, equidad e inclusión en un intento de hacer cumplir la ley impuesta y restringir que los educadores y estudiantes de Florida aprendan y discutan temas relacionados con la raza y el género», dijo el Fondo de Defensa Legal (LDF) en una declaración el 11 de enero.
“La orden del gobernador de recopilar información sobre los cursos de los profesores es un intento de eludir la medida cautelar emitida por la corte y hacer cumplir las disposiciones inconstitucionales de la ley”.
En una respuesta presentada el jueves, los abogados de Florida dijeron que la recopilación de información era parte del proceso presupuestario anual del gobernador y que «recopilar y transmitir información no es ‘ejecutar'».
“La Constitución de Florida autoriza expresamente al gobernador a solicitar información de este tipo, y gran parte de la información en cuestión ya ha sido puesta a disposición de forma gratuita por las universidades, ya sea en sus sitios web o en sus propuestas presupuestarias anuales”, continuaron los abogados estatales en la presentación.
El estado de Florida apeló la medida cautelar preliminar del juez Walker y solicitó que la Ley Stop WOKE permanezca en vigencia mientras continúan los procedimientos legales. El recurso sigue pendiente.
La nueva Ley Stop WOKE sigue vigente en las escuelas K-12 de Florida. El juez Walker no bloqueó esa parte de la ley en las medidas cautelares.
Programas DEI en la Educación Superior
Los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) han provocado fuertes opiniones de ambos lados opuestos.
Al presentar la demanda para bloquear la Ley Stop WOKE en agosto pasado, la ACLU declaró que la legislación es “un proyecto de ley de censura en el aula que restringe severamente a los educadores y estudiantes de Florida de aprender y hablar sobre temas relacionados con la raza y el género en las aulas de educación superior”.
“El proyecto de ley apunta específicamente y establece restricciones vagas sobre la capacidad de los educadores para enseñar y discutir conceptos sobre el legado de la esclavitud en Estados Unidos, el privilegio de los blancos y el antirracismo”, continuó la declaración de ACLU.
Después de la primera medida cautelar en agosto pasado, que levantó la restricción de los programas de capacitación de la teoría crítica de la raza a nivel corporativo, Taryn Fenske, directora de comunicaciones de la oficina de DeSantis, envió una declaración por correo electrónico a The Epoch Times. “El juez Walker ha dictaminado efectivamente que las empresas tienen el derecho de la primera enmienda a instruir a sus empleados en la supremacía blanca. No estamos de acuerdo y apelaremos su decisión”, dijo Taryn Fenske.
En un documento de orientación de 2021 (pdf), la Asociación Nacional de Oficiales de Diversidad en Educación Superior (NADOHE) dijo que la organización era «una voz líder en la lucha por la justicia social y la excelencia inclusiva». En el mismo documento, el presidente de NADOHE escribió sobre el compromiso de la organización de “examinar sistemáticamente las políticas y prácticas institucionales para lograr la equidad racial en la educación superior”.
Las personas que no creen que Estados Unidos sea sistemáticamente racista cuestionan el uso de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Un informe de 2021 del grupo de expertos conservador, Heritage Foundation, recomendó a los estados que examinen los esfuerzos del DEI para garantizar el uso efectivo de los recursos de las universidades públicas. La encuesta estudió 65 universidades «Power Five», instituciones públicas con las cinco conferencias atléticas más prominentes, que representan a más de 2,2 millones de estudiantes y alrededor del 16 por ciento de todas las inscripciones universitarias de cuatro años.
Por cada 100 puestos docentes titulares, el personal de DEI ascendió, en promedio, a 3,4 en esas 65 universidades, según el informe, que también mostró poca relación entre el tamaño del personal de DEI y la satisfacción de los estudiantes con sus escuelas en las encuestas existentes en esas universidades sobre el clima en el campus.
“Si el personal de DEI se considera innecesario o sus esfuerzos improductivos, una respuesta legislativa es totalmente apropiada”, dijo el autor del informe, Jay Greene, miembro principal del Centro de Políticas Educativas del grupo de expertos, en otro artículo el año pasado.
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