Un juez federal ordenó el martes una medida cautelar que bloquea la norma de «libertad bajo palabra con condiciones» del gobierno de Joe Biden, que habría permitido a las autoridades federales liberar a inmigrantes ilegales en el país sin cita judicial.
El juez T. Kent Wetherell, quien la semana pasada dictó una orden de restricción temporal (TRO) contra la norma, consideró el martes que Florida sufriría un «daño irreparable» sin una medida cautelar.
«Florida tiene derecho a una medida cautelar que prohíba al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) poner ‘con la libertad bajo palabra’ a extranjeros en el país en virtud de la política de libertad bajo palabra con condiciones», escribió el juez en su sentencia (pdf).
Al DHS se le indicó que la corte convirtió la sentencia de restricción temporal ordenada el 11 de mayo en una medida cautelar que permanecerá en vigor mientras se desarrolla el caso, de modo que pudieran solicitar una revisión ante una corte de apelaciones.
Florida argumentó que, sin la medida cautelar, el estado se vería perjudicado por la liberación masiva de inmigrantes ilegales en el país, ya que algunos de ellos viajarían a Florida. El juez, designado por el expresidente Donald Trump, le dio la razón.
Wetherall también estuvo de acuerdo en que Florida había cumplido con su responsabilidad de presentar la evidencia con respecto a que el caso tuviera éxito en cuanto al mérito, que la medida cautelar pesa más que el daño que causaría al DHS y que no sería adversa para el interés público.
La medida cautelar ordenada el martes es de interés público, dijo Wetherall, «porque promovería el respeto por el Estado de Derecho al no permitir que el DHS logre lo que equivale a torcer una tuerca contra la decisión de esta Corte en Florida mediante la adopción de una política funcionalmente idéntica a la de Libertad bajo Palabra + ATD invalidada en ese caso».
A Wetherall no le convencieron los argumentos del gobierno federal de que «el cielo se caerá si no puede poner en libertad a extranjeros bajo la política de Libertad bajo Palabra con Condiciones». El fallo señaló que los datos recientes de la Patrulla Fronteriza Estadounidense (USBP) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) muestran que «los encuentros en la frontera han disminuido significativamente después de la expiración de la Orden del Título 42».
El DHS proporcionó algunos datos con su presentación para ofrecer una visión de la crisis de la frontera sur. En lugar de ayudar a su argumento, el juez consideró que reforzaba la orden que denegaba la suspensión de la orden de restricción temporal.
«De hecho, hace dos días, el número de extranjeros que llegaban a la frontera era aproximadamente un tercio del número previsto en la declaración en la que se basó el DHS para respaldar su argumento de que el cielo se caerá si no puede liberar a los extranjeros bajo la política de libertad condicional con condiciones», escribió Wetherall (pdf).
«Asimismo, contrariamente a la predicción en la declaración de que la USBP preveía que crecería hasta ‘más de 45,000 individuos bajo custodia a finales de [mayo]'», continuó el juez, «los datos de la USBP muestran que el número de individuos bajo custodia ha disminuido cada día desde que expiró la Orden del Título 42, y a 14 de mayo, solo 22,259 extranjeros estaban bajo custodia».
Wetherall concedió la medida cautelar y ordenó a ambas partes que presentaran un informe de situación en dos semanas, explicando cómo piensan proceder con el caso, a la espera de la resolución de la esperada apelación del DHS.
?BREAKING NEWS ?
Attorney General Moody obtains preliminary injunction in Florida’s case challenging @JoeBiden’s unlawful mass-release immigration policy.
In the order, a federal judge writes, “The Court finds that a preliminary injunction is necessary to prevent irreparable…
— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) May 16, 2023
Curso de la demanda
La sentencia del martes es la tercera en este asunto en rápida evolución, Florida contra Estados Unidos (Caso número: 23-cv-9962).
El miércoles 10 de mayo, Florida presentó un recurso legal contra la legalidad de la política de libertad bajo palabra con condiciones. Justo antes de la medianoche del 11 de mayo, en vísperas del final del Título 42, Wetherall dictó una medida de restricción temporal contra la norma.
A la mañana siguiente, el viernes, el DHS pidió a la corte que se reanudara la puesta en libertad acelerada de los inmigrantes ilegales. Esa noche, la corte dictó una orden de restricción temporal (TRO) que prohibía al DHS «aplicar o hacer cumplir» la norma de libertad bajo palabra con condiciones.
Durante el fin de semana, el DHS presentó una moción para suspender la TRO, y Florida pidió a la corte que la rechazara. El lunes 15 de mayo por la noche, la corte denegó la solicitud del DHS de suspender la orden.
En marzo, el mismo juez invalidó otra política de libertad condicional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, conocida como «Libertad Condicional + Alternativas a la Detención (ATD)» en un caso legal distinto, Florida contra Estados Unidos (Caso número: 21-cv-01066).
Florida argumentó, y el juez estuvo de acuerdo, que la política ilegal de «Libertad condicional + ATD» es idéntica al nuevo programa del DHS, titulado «Política sobre libertad bajo palabra con condiciones en circunstancias limitadas antes de la emisión de un documento de imputación de cargos».
El invalidado programa de libertad condicional habría puesto en libertad a inmigrantes ilegales en Estados Unidos tras una evaluación de seguridad nacional y pública y sin una cita con la corte.
En lugar de una cita judicial, los inmigrantes ilegales concertarían una cita para comparecer a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por Internet en un plazo de 60 días o recibirían un aviso de comparecencia (NTA) por correo tras ser puestos en libertad.
Los inmigrantes ilegales que se inscribirían en el programa ATD estarían sujetos a una supervisión, según el memorando de política del CBP.
El DHS pidió al juez que suspendiera ambas órdenes y dijo que apelará los dos fallos de la corte antes del 15 de mayo ante la Corte del 11º Circuito de Estados Unidos.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, se opuso a la moción, afirmando que la administración Biden está tratando de continuar con la «política ilegal», que, según argumentó en una presentación ante la corte, supuestamente la intentaron de implantar «aparentemente contando con que nadie se enteraría de lo que estaban tramando».
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